Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.– De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, a la fecha hay más de 35 conflictos activos en México, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hay 635 lugares contaminados por actividades mineras y la mayoría no han sido resueltos.
El reciente conflicto en Oaxaca, esta ubicado en la región de Ocotlán, donde la empresa canadiense Fortuna Silver Mines pretende expandir su operación en los municipios de Magdalena Ocotlán, San José del Progreso y San Martín de los Cansecos, pese a que la comunidad de estas localidades ha mostrado su rechazo a que continúe operando dicha empresa por los daños que ha ocasionado al medio ambiente y a la economía local.
El diputado federal del PRD, Sergio López Sánchez, destacó que es necesario reforma la Ley Minera para incorporar el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad como un requisito indispensable para otorgar concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas.
Es necesario, indicó, generar justicia social y redistribución de la riqueza en un sector importante para el crecimiento económico como lo podría ser el de la minería, sin embargo, en los últimos años sólo ha contribuido al deterioro del medio ambiente y de la paz social.
Con las reformas, destacó, se estaría generando un cambio de política en la que el modelo de desarrollo económico sea decidido de manera democrática por los propios mexicanos, y no por un puñado de potentados y poderes fácticos.
Frente a la conflictividad, indicó que es fundamental, incorporar consentimiento previo, libre e informado como requisito para minas que pretendan operar en territorios indígenas.
Explicó que a pesar de que nuestro país firmó y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier acción del Ejecutivo o Legislativo que les pueda afectar, actualmente las concesiones mineras se otorgan sin ningún tipo de consulta o control social, lo que ha generado una gran cantidad de conflictos derivados de abusos cometidos por parte de las empresas mineras.
El diputado federal del PRD señaló que en todos los Estados de la República Mexicana donde se cuenta con actividad minera se han registrado denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos relacionadas con la destrucción del entorno físico, el agotamiento de los mantos acuíferos, despojo de tierras y desplazamiento forzado de los habitantes.
“De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, a la fecha hay más de 35 conflictos activos en nuestro país, y con información de la SEMARNAT hay 635 lugares contaminados por actividades mineras y advirtió que la mayoría no han sido resueltos” advirtió el legislador.
Indicó que los daños provocados por la actividad minera tienen un especial agravante en las comunidades indígenas, ya que además de perder recursos naturales y económicos de su entorno también ven perjudicado su tejido social, el cual está íntimamente relacionado con la naturaleza.
López Sánchez, citó como ejemplo que en países desarrollados como Canadá, “las leyes se encuentran a la vanguardia del desarrollo económico con principios sustentables y que sin embargo son precisamente las empresas canadienses las que en nuestro país se destacan por su operación depredadora del medio ambiente y que han ocasionado los mayores conflictos sociales”.
Aclaró que el PRD no se opone a la inversión productiva que se realice en el país, en especial en las zonas con mayores índices de rezago; no obstante, advirtió, es necesario que ésta se haga en consenso con el pueblo, no afecte al medio ambiente, genere empleos dignos y se desarrolle bajo principios de sustentabilidad.
Las reformas a la Ley Minera, pretenden incorporar como obligación del Estado el desarrollar una consulta previa libre e informada siempre que se pretenda instalar una mina en territorios de pueblos y comunidades indígenas.
También propone eliminar el estatus de actividad preferente que actualmente otorga la ley a esta actividad económica, y en cambio especificar que se considerará de utilidad pública cuando ésta sea ejecutada por el Estado para beneficio de la sociedad mexicana, siempre y cuando no vulnere los derechos humanos y el medio ambiente.
Además de establecer que los pueblos indígenas y sus comunidades tengan el derecho preferente de aprovechar los recursos naturales de sus tierras, la iniciativa del diputado Sergio López propone incorporar como obligación del gobierno el brindar el apoyo necesario a los pueblos indígenas para el ejercicio efectivo de este derecho, como el ofrecerles asesoría técnica, créditos y beneficios fiscales.
“Con la aprobación de esta reforma estaríamos sentando un importante precedente para generar justicia social y redistribución de la riqueza en un sector importante para el crecimiento económico como lo podría ser el de la minería, pero que en los últimos años sólo ha contribuido al deterioro del medio ambiente y de la paz social. Pero sobre todo, estaríamos generando un cambio de política en la que el modelo de desarrollo económico sea decidido de manera democrática por los propios mexicanos, y no por un puñado de potentados y poderes fácticos” destacó.
