México.- En una decisión histórica, un juzgado de distrito ratificó una sentencia dictada hace casi cinco años que obligaba al Ejército, el gobierno de Oaxaca y otras instancias gubernamentales a explicar su actuación en la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como a integrar una comisión especial de búsqueda, con facultades incluso para ordenar la apertura de cuarteles militares.
Nadín Reyes, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, explicó en entrevista con La Jornada que el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, ratificó hace unos días la sentencia que ya había emitido el 19 de junio de 2014 un tribunal colegiado.
En dicho fallo –como informó este diario en su momento–, se le ordenaba a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y el gobierno del estado de Oaxaca, entre otras dependencias, que explicaran el papel que habían jugado en el caso de la desaparición forzada de ambos hombres, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en aquel estado del sur del país, gobernado entonces por Ulises Ruiz.
De acuerdo con la activista, hija de Edmundo Reyes, las autoridades mencionadas en el fallo se han resistido a cumplirlo durante todos estos años, con el pretexto de que no se trataba de una sentencia definitiva, por lo que la ratificación hecha por el juzgado cuarto de distrito deja sin bases ese argumento y obliga a las autoridades a acatar la disposición, en particular el reconocimiento jurídico de un mecanismo de búsqueda especial para este caso, ya ordenado desde 2014.
La pieza clave
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia, indicó la coordinadora de Hasta Encontrarlos, es que reafirma la obligación de abrir todas las instalaciones militares que hagan falta para buscar indicios de los dos hombres desaparecidos y que comparezcan a declarar todos los servidores públicos que hayan estado presuntamente involucrados en el caso.
Tras su desaparición, Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario como sus militantes que exigió su aparición con vida. Sin embargo, desde el momento en que fueron detenidos por soldados y elementos policiacos, no se ha vuelto a saber de su paradero.
El caso, señalado como paradigmático por diversos analistas y expertos que lo han seguido, incluso motivó la formación de una comisión de mediación, constituida en su momento por diversos personajes de la vida cultural y social del país, entre ellos Carlos Montemayor y el obispo Samuel Ruiz García.
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