* En los primeros cuatro años del Gobierno de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 31 mil 357 personas de entre 15 y 29 años –35.7 por ciento de las 87 mil 788 víctimas de homicidio doloso en ese lapso–. Las víctimas son jóvenes estudiantes, mujeres, trabajadores…
Grupo civiles organizados reclaman que el Estado le ha dado la espalda a este sector de la población, lo que provocado que en muchas entidades de la República su única opción para sobrevivir sea integrarse a los ejércitos del crimen organizado.
Ciudad de México, (SinEmbargo).- La violencia en México tiene rostro de juventud. Organizaciones civiles acusan a las autoridades federales y estatales de dar la espalda a la escalada de homicidios que golpea directamente a quienes son el futuro de México.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) usa el término joven para las personas de entre los 15 y 29 años. En los primeros cuatro años del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2016) fueron asesinadas 31 mil 357 personas en ese rango de edad –35.7 por ciento de las 87 mil 788 víctimas de homicidio doloso en ese lapso–.
De ese total 27 mil 647 de esas víctimas fueron varones -88 por ciento- y 3 mil 704 víctimas -12 por ciento-.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los jóvenes son las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Según el INEGI, el número de personas de este rango asesinadas en los primeros tres años de la actual administración federal fue de 18 mil 833 -21 por ciento del total de los homicidios totales-.
“Ahora mismo también el feminicidio ha crecido entre adolescentes. En el caso de los varones, son 30 por ciento más de probabilidad de ser víctimas de homicidio si tienes entre 15 a los 17, pasando la franja se reduce de manera drástica”, explica el director de la Juan Martín Pérez García, director de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
El líder del grupo civil criticó que el gobierno no ha aprovechado el bono demográfico que representan los jóvenes, quienes hoy sufren la falta de acceso a la educación de calidad, a empleos y espacios de participación ciudadana.
“Se calcula que hay 7 millones de personas jóvenes que no estudian ni trabajan. De esos, 5 millones son menores de 18 años, y 8 de cada 10 son mujeres”, puntualizó.
Estas condiciones, señaló, ha llevado a que “en lugares como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa si los adolescentes no se involucran con los grupos criminales pueden ser asesinados, de tal manera que no hay alternativa”.
SINALOA, MUJERES EN RIESGO
Si bien la percepción de inseguridad pareciera no discriminar edades, las mujeres jóvenes se han tornado un blanco vulnerable en varias entidades.
La estudiante de bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa Sarahí M., de 16 años, fue reportada desaparecida el pasado 3 de octubre. Y 13 días más tarde sería encontrada sin vida en la colonia Michoacana, en Navolato. Un caso similar sucedió con Melany N, quien fue atracada y asesinada en su casa el 16 de octubre.
El jueves 13 de octubre, dos hermanas fueron atacadas a balazos en el estacionamiento de un bar de Culiacán. Una de ellas murió en el lugar.
Los casos fueron condenados por familias y organizaciones como el Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, quienes encuentran que las víctimas oscilan entre 18 a 29 años.
El agrupación promovió la solicitud de la alerta de género en marzo de 2016 y señaló que pese a que se cuenta desde el 2007 con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hay un aumento en las agresiones y ataques a mujeres.
La organización apuntó que hasta marzo del 2016 los asesinatos de mujeres aumentaron 33 por ciento y la violencia en el hogar subió 90 por ciento, entre el Gobierno de Mario López Valdez del Partido Acción Nacional (PAN) y el de su antecesor Jesús Aguilar Padilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En enero pasado se venció el primer plazo para que el nuevo Gobernador Quirino Ordaz Coppel resolviera si aceptaba la Alerta de Género.
“La declaratoria de Alerta se dio el 31 de marzo del 2017. Se supone que el Gobernador que llegó estaba comprometido en atender el tema de la violencia de las mujeres con mayor urgencia. Hemos observado que no lo han dado la importancia debida”, lamentó la presidente del Colectivo Teresa Ochoa Guerra.
A pesar de que las víctimas son estudiantes, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del estado de Sinaloa han evadido participar de los programas de prevención social de la violencia.
“Te puedo decir con datos en la mano que la Secretaría de Educación Pública tenía un departamento de género, y ahora, de forma contradictoria, que se decreta la Alerta de Género desaparecieron el departamento”, dijo Ochoa.
El asunto, señalo, merma el papel de los maestros para alertar de posibles riesgos de violencia a los estudiantes, ya sea dentro de las instituciones o en sus propias casas.
La organización civil sostuvo que la disposición de recursos para combatir diferentes delitos ha sido discrecional. “En su momento se creó una unidad especializada para el combate al secuestro, no decimos que esté mal, sino que para eso sí hubo recursos”, señaló Ochoa.
EDOMEX, FENICIDIOS SIN FRENO
Según un recuento de la activista Frida Guerrera, de enero al 19 de octubre han sido víctimas de feminicidio 161 mujeres en el Estado de México y otras 42 sufrieron un asesinato violento, y a nivel nacional ya se acumularon mil 430 feminicidios en ese mismo lapso.
La activista explicó que la regularidad de estos asesinatos ha invisibilizado su gravedad de estos casos. El 2 de julio el cuerpo de Diana Velázquez Florencio, de 26 años, en Chimalhuacán.
“Fue totalmente invisibilizada desde que encuentran el cuerpo, porque la identificaron como masculino, la familia le es negada la alerta de desaparición desde que desaparece, y la encuentran en el Semefo por casualidad”, informó Guerrera.
El cuerpo de la joven, dijo, denotaba la falta de cuidados periciales, y sin que existiera el correcto embalaje de pruebas ni la cadena de custodia en el primer sitio donde fue encontrada.
Frida Guerrera agregó que este tipo de omisiones son comunes por parte de los servicios periciales en la entidad, por lo que “es muy evidente que lo que están pretendiendo es minimizar el grave problema que hay”.
El 4 de agosto a doctora Jessica Sevilla Pedraza fue desaparecida por hombres desconocidos. Dos días más tarde su cuerpo apareció sin vida, con muestras de tiros y sin piel en la cabeza. Guerrera apuntó que la familia de Jessica aún espera a que la Fiscalía termine diversas diligencias para hacer nuevos comentarios sobre el proceso.
“Hay un parte de no hablen, o no se acerquen a los medios, cuando ha sido evidente con los casos visibilizados que si no grita la familia, no hay interés mínimo de la Fiscalía para atender el tema”, explicó la activista.
En el Edomex, el 22 por ciento de los asesinatos del año pasado se ensañaron con personas jóvenes, 606 personas entre los 15 y los 24 años fueron asesinados en la entidad. La posibilidad de ser atacado aumenta cuando se viene de un estrato bajo, se es mujer o se participa en una causa social, indicó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
El 12 de octubre estudiantes del plantel Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicado en Atizapán, realizaron un paro para poder participar en la elección del próximo director de su centro de estudios.
“Ellos desafortunadamente no han visto respetado ese derecho constitucional, y que está en sus estatutos. Consecuentemente, hubo acciones de protesta en la UAEM, a lo que fue respondido con amenazas de agresión y hostigamiento, tanto del Rector, como los directivos del plantel Valle de México”, expuso José Antonio Lara Duque, director del CDHZL.