Jaime GUERRERO
Organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades electas de Oaxaca responsabilizaron a los Partidos Políticos, a la Secretaría General de Gobierno y al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEPCO) de ser los responsables de la violencia política que padecen las mujeres en Oaxaca.
Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres, aseguró que son las propias autoridades quienes han permitido este delito, favoreciendo a que se violen el derecho de las mujeres.
En contra parte, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, afirmó que no han incurrido en violencia política y que la administración del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, respalda a las mujeres que fueron electas para desempeñar cargos de elección popular.
Refirió que se han acreditado a las autoridades, como el caso de San Pedro Atoyac y brindado medias de seguridad, por parte de las autoridades federales.
No obstante, López Sánchez, consideró que la violencia política contra las mujeres en Oaxaca es una realidad cotidiana, no un supuesto, derivado de la reforma constitucional en materia de paridad.
Por ello, lanzó un llamado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a vigilar lo que hace el encargado de la Política Interna y quien dijo, pretende engañar y retrasar las acreditaciones de las presidentas municipales electas.
De paso, urgió a los partidos políticos, no jugar con el tema de las cuotas, porque utilizan a las mujeres para cubrir requisitos legales, sin embargo cuando ganan y llegan al cargo las quitan, simulando pretextos.
Pese a ello, admitió que el número de mujeres que participaron en el proceso electoral 2016 incrementó de manera considerable, pues de 8 mujeres presidentas municipales en 2014, hoy se tienen 38 mujeres presidentas por el sistema de partidos políticos.
Junto a Yesica Sánchez Maya, Ana María Hernández, Blanca Castañón, entre otras, reportó que de 40 síndicas, hoy se tienen115 y de 9 mujeres presidentas municipales por Sistemas Normativos Internos, hoy hay 21 presidentas.
López Sánchez, dijo que la violencia política por razón de género y las agresiones, no son exclusivas de un solo partido, dado que como defensoras de los derechos de las mujeres y como organizaciones no gubernamentales, han conocido diversas agresiones contra mujeres que decidieron ejercer sus derechos político electorales.
De paso, acusó que el IEEPCO, ha actuado en contubernio porque no ha respaldado a las autoridades mujeres electas y vigilar que su espacio se respete como marca la ley.
López Sánchez, acusó que ese mismo escenario ocurre con los partidos políticos, quienes han permitido que se configure este delito, incluso por personaje del mismo partido o por cuotas políticas.
De acuerdo a la ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, actualmente suman cinco casos que tienen documentado, la de Samantha Caballero Melo, presidenta municipal de San Juan Bautista lo de Soto, del PRI; Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac por el PRD; Elisa Zepeda Lagunas, presidenta municipal de Eloxochitlán de Flores Magón por Sistemas Normativos Internos.
Los casos de violencia
Asimismo Yareli Cariño López, Sindica Municipal de Pinotepa Nacional por el PRD y Erika Molina de Santo Domingo Zanatepec del Partido Nueva Alianza.
De acuerdo a la activista, la violencia política de la que han sido víctimas, además de no respetarse su espacio, son las agresiones físicas y verbales, campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machistas, además de amenazas de muerte.
En su oportunidad, Yareli Cariño, Sindica municipal de Santiago Pinotepa Nacional, aseguró que las mujeres políticas sólo son designadas de mero trámite en Oaxaca.
Reprochó, aun cuando aceptó un acuerdo interno con el PRD, que en la entidad se sigue utilizando a la mujer para llenar los espacios, y el IEEPCO se ha encargado de permitir estas ilegalidades.
Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista lo de Soto, exigió a las autoridades a respetar el puesto ganado.
Y es que dijo un regidor quien busca tirarla del cargo, lo que demuestra la irregularidad existente.
Erika Molina, Sindica electa de Santo Domingo Zanatepec, refirió que en su caso fue el presidente municipal quien impidió que asumiera el cargo.
“A mí me dijeron que sería mi suplente quien tomaría posesión, luego me señalaron que yo ahí estaba por dinero, por lo que no descarte en renunciar, sin embargo, lo único que estaba exigiendo es que me respetaran mis derechos”.
