La ASF también investigó a varios Gobernadores estatales incluyendo a los antiguos Gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León
EU.- El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó ayer las acusaciones por corrupción contra diversos ex Gobernadores mexicanos -incluido el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte- en el texto de su reporte anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo.
Dedicando a México un capítulo de 36 páginas, la edición 2016 de reporte del Departamento de Estado en el rubro sobre corrupción destaca el caso de los ex Gobernadores.
“En octubre, la PGR (Procuraduría General de la República) acusó y emitió una orden de arresto contra el Gobernador de Veracruz quien decidió ocultarse”, afirma el Departamento de Estado.
En su reporte, la dependencia encabezada por Rex Tillerson, destaca también las denuncias penales presentadas en agosto de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación en contra de 14 Gobiernos estatales por simular reintegros por más de 8 mil millones de pesos.
“A mitad del año la ASF presentó cargos criminales ante la oficina de la Procuraduría General contra 14 Gobiernos estatales por malversación de miles de millones de dólares de fondos federales”, apunta.
“La ASF también investigó a varios Gobernadores estatales incluyendo a los antiguos Gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. Las investigaciones continuaban a final de año”.
La sección sobre corrupción abarca 2 páginas del total de 36 que cubre el reporte para México. En ella también hace notar el aval a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción en junio de 2016 y registró las críticas por permitir a los funcionarios ocultar datos de su declaración patrimonial.
“Durante el año, el Gobierno adoptó el nuevo Sistema Nacional Anti Corrupción que le otorga autonomía a las cortes administrativas federales para investigar y sancionar actos administrativos de corrupción, que establece penas más duras para funcionarios de Gobierno corruptos, que provee a la oficina de la Auditoria Superior (ASF) con autoridad para auditar en tiempo real y establece un Comité de supervisión con participación de la sociedad civil”, destaca el Departamento de Estado.
“Los observadores aplaudieron la legislación como un logro importante en la lucha contra la corrupción aun cuando algunas ONGs (organizaciones no gubernamentales) criticaron la provisión de permitir a los servidores públicos rechazar el declarar activos”, añade el reporte estadounidense.
Además del rubro sobre corrupción, el Departamento hace un recuento del estado que guardan las investigaciones en torno a casos emblemáticos en el marco de los derechos humanos de años previos como en Iguala, Guerrero; en Tanhuato, Michoacán y en Tlatlaya, Estado de México.
Con información de noreste.net