Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.- Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Anticorrupción, confirmó que investigan la red de prestanombres de Jorge Castillo Díaz, ex operador político y económico del exgobernador, Gabino Cué Monteagudo, para detectar la presunta malversación y desvíos millonarios de recursos públicos en que habría incurrido ese actor cercano al ex mandatario.
Además de las investigaciones iniciadas contra diversas dependencias y funcionarios de la administración de Cué Monteagudo, entre ellas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); de las Infraestructuras (Sinfra); Turismo y Economía; Sevitra, Finanzas y otras más contra los Servicio de Salud, confirmó las indagatorias contra Castillo Díaz.
“Previo a mi llegada ya habías dos carpetas de investigación, respecto a las cuales, al día de hoy, por disposición constitucional y del código penal nacional, al estar en fase de investigación no tiene acceso (al expediente) quien se sienta como imputado (Castillo Díaz)”, asentó, Iruegas Álvarez.
Aclaró que aún no han determinado acudir al Juez de Control o determinar un ejercicio porque se ésta en un proceso de investigación.
No obstante, luego de una publicación en la que se imputaba a Castillo Díaz, se realizó una audiencia ante un Juez de Control, debido a que la defensa del también apodado “Coco Castillo”, peticionaba o cuestionaba la determinación de no acceso del expediente ante un Juez.
-Mucho se especulaba sobre prestanombres y personas ligadas a él (Jorge Castillo Díaz) los que operaban los recursos. Hay una investigación a esta red-, se le inquirió.
“Si. A ver. Más allá de cualquier situación y casos en concreto y por la relevancia mediática que en su momento generó, un órgano encargado de perseguir delitos ésta obligado a ello. A establecer redes de vinculo que puedan conectar por un lado posibles prestanombres”, declaró.
Por otro lado, explicó, como cualquier delito en el que se involucren fondos públicos, seguir la ruta del dinero, lo relativo al sistema financiero y fiscal. “En eso estamos trabajando”, asentó.
En medio de las indagatorias, el Fiscal Anticorrupción, evitó ventilar los nombres y los ejercicios fiscales, en los que se ha detectado más anomalías en la gestión de Cué Monteagudo, sin embargo, confirmó que son diversos los ex funcionarios, los involucrados en presuntos actos de corrupción.
Actualmente, son cerca de 50 las denuncias nuevas contra los funcionarios de Cué Monteagudo, las cuales se suman a las 1 mil 500 heredadas contras administraciones pasadas y ex autoridades municipales.
De su lado, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, confirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública, detectaron irregularidades financieras a la administración de Cué Monteagudo, por el orden de 15 mil 324 millones de pesos, por lo cual se sigue un proceso de deslinde de responsabilidades ante los órganos jurisdiccionales.
En su comparecencia ante la comisión de presupuesto de la LXIII Leghisltura, como parte del análisis del Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022, detalló que las observaciones y montos de los órganos fiscalizadores, por parte dela Secretaría de la Función Pública, 279 observaciones del ejercicio 2009 al 2015, es de 5 mil 800 millones de pesos.
De la Auditoría Superior de la federación (ASF), 104 observaciones del 2012 al 2015, con un monto observado de 9 mil 30 millones, mientras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de 42 observaciones, 2013-2016, con un monto de 488 millones de pesos. En total se realizaron 425 observaciones a la administración de Cué Monteagudo, por un monto de 15 mil 324 millones de pesos.
Iruegas Álvarez, explicó que de acuerdo a los procedimientos, una vez que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la propia Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, concluya que de las auditorías generadas, existe la posibilidad de responsabilidad penal de los funcionarios se da vista a la Fiscalía Anticorrupción para iniciar la investigación correspondiente.
En el caso de Castillo Díaz, se le da otro tratamiento, debido a que en la mayor parte de la administración de Cué Monteagudo, no fungió legalmente como funcionario, solo como operador económico y político del ex Gobernador, al ser quien pedía porcentajes a cambio de obras y contratos de servicios con el Gobierno del Estado, además de definir por encima de las dirigencias de partidos políticos, las candidaturas a diputados federales, locales y autoridades municipales del PAN y PRD.
