Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jaime González Aguadé, quien presidió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, renunció hoy a su cargo de miembro del consejo de administración de Libertad, Servicios Financieros, la financiadora acusada de lavar decenas de millones de pesos para los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.
En su carta de renuncia, publicada por el diario Reforma, González Aguadé aseguró que nunca tuvo conocimiento de que se perpetraron delitos en la financiera –de la que era miembro del consejo desde abril pasado–, y planteó la necesidad de “hacer el mayor de los esfuerzos para que las indagatorias referidas sigan su cauce ante las autoridades correspondientes con el menor daño reputacional posible a esta sociedad”.
Al frente de la CNBV, González Aguadé tomó una serie de decisiones que beneficiaron a Libertad y sus operadores: en 2015, por ejemplo, aprobó que la empresa se fusionara con las tiendas de empeño Prenda Oro, del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, lo que impulsó a dicho personaje a la presidencia del consejo de administración de la financiadora.
El año anterior, en marzo de 2014, el mismo González eximió a Libertad de una serie de acusaciones por lavado de dinero, derivadas de las operaciones que tenía la financiadora con la empresa Oceanografía, de los empresarios Amado Yáñez, Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez; en aquel entonces, ése último –sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz– era presidente del consejo de administración de Libertad.
“Libertad Servicios Financieros no está contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se mencionó en algunos medios de comunicación”, aseguró González en aquel momento.
Sin embargo, en la denuncia que interpuso el empresario queretano Sergio Hugo Bustamante el pasado 7 de junio, los tres socios de Oceanografía aparecen con actores centrales del entramado de lavado de dinero que, según el denunciante, es Libertad.
De acuerdo con la denuncia, la financiadora lavó dinero para Díaz Álvarez –quien fue presidente de su consejo de administración–, a través de la empresa Dixie Bienes Raíces, S.A. de C.V.; Díaz Álvarez, a su vez, reunió a José Antonio Rico Rico –entonces presidente de Libertad– con Amado Yáñez.
En 2013, el primero vendió al segundo el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, por 8 millones de dólares. Según el denunciante, Rico había defraudado a Libertad para comprar este equipo en 2002 a Tirso Martínez Sánchez –actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico, donde fue testigo en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera–: desvió los ahorros de los socios de Libertad con facturas apócrifas.
Dicha denuncia derivó en la detención del abogado Collado el pasado martes 9 de julio y su imputación, junto con otras cuatro personas, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Si bien la denuncia de Bustamante se originó en un pleito entre privados, terminó desnudando un complejo entramado en Libertad, el cual involucra a dos expresidentes, gobernadores, integrantes de la cúpula del PAN, empresarios y notarios corruptos, contratistas y prestanombres involucrados en fraudes multimillonarios, así como dueños de medios de comunicación, abogados y contadores públicos.
En la versión que el empresario relató a la Fiscalía General de la República (FGR) durante una serie de comparecencias que se llevaron a cabo en el mes de junio, dichos personajes aparecen como actores, directos o indirectos, de un sistema mafioso basado en flujos de efectivo.
Bustamante narró la entrega de portfolios atiborrados de billetes, destinados a financiar campañas políticas; detalló cómo se crearon sociedades fantasmas con identidades suplantadas y cómo se sacaron decenas de millones de pesos en efectivo de casinos; mostró las transas en la operación del club de futbol Gallos Blancos de Querétaro, y exhibió inversiones fraudulentas en el sector inmobiliario y desfalcos con créditos.
Según el denunciante, parte de estos recursos se esparcieron lejos de México, en España y en los paraísos bancarios de Suiza y Andorra, donde Collado tiene cuentas bancarias congeladas y bajo investigación desde 2015.
Y no solo esto: indicó que “los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros” son los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari, así como el gobernador queretano Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri, líder de la bancada del PAN en el Senado de la República.
