Jaime GUERRERO | El Piñero
A propuesta del Gobernador, Salomón Jara Cruz, la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del PT, PVEM y PUP en la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, aprobarán en “fastrak”, la autorización para que los 570 municipios de Oaxaca, puedan contratar DeudaPública.
Para ello, la diputación permanente de la LXV Legislatura, convocó al primer periodo ordinario de sesiones para este jueves a las 12:00 horas para someter ante el pleno del Congreso ese dictamen.
En el decreto, se establecerá que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el destino, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establezcan.
Podrán afectar como fuente de pago del o los financiamientos que contraten, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los financiamientos que contraten.
En la víspera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calificó como sostenible las obligaciones financieras del estado de Oaxaca, al cuarto trimestre del 2022.
En su último reporte, la SHCP, reportó que la deuda del estado aumentó en 5.2 por ciento en comparación con el mismo trimestre 2021 y creció en 0.8 por ciento en relación con el trimestre anterior. El 99.9 por ciento del total del financiamiento corresponde al estado y sus entes públicos y, el restante 0.1%, a los municipios y sus entes públicos.
El reporte trimestral sobre la Deuda de Entidades Federativas y los Municipios, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, analizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, destaca que en este periodo se reportó una deuda de 15 mil 589.5 millones de pesos para Oaxaca, lo que representa que por cada habitante de la entidad oaxaqueña tiene una deuda de 3 mil 684.1 pesos.
Cabe destacar que, en fechas recientes, el actual gobernador Salomón Jara Cruz, cuestionó el alto nivel de endeudamiento que heredó del pasado sexenio, en el que acusó a su antecesor Alejandro Murat Hinojosa, de no haber reportado parte de la deuda pública.
Afirmó que omitió reportar la deuda del sector salud y otros pasivos, por lo que en total la deuda pública del estado de Oaxaca, asciende a más de 29 mil millones de pesos, por lo que más de 14 mil millones de pesos, no se habrían reportado en tiempo y forma.
De las obligaciones financieras por tipo de acreedor y fuentes de pago del estado, municipios y entes públicos, Oaxaca obtuvo su financiamiento a través de la banca de desarrollo en un 65.1 por ciento y con la banca múltiple con un 34.9 por ciento.
Además, la deuda reportada por el gobierno estatal, tiene como fuente de pago sus participaciones federales en un 80.4 por ciento y las aportaciones federales en 19.6 por ciento.
En tanto, de acuerdo al último informe entregado por el ex Secretario de Finanzas, Jorge Hidalgo Tirado, a las Comisiones de Unidas de Presupuesto y Programación, y de Hacienda, la deuda pública ampliada a largo plazo que dejó la administración de Alejandro Murat Hinojosa al cierre del 2022, a la de Salomón Jara Cruz, fue de 20 mil 629 millones de pesos.
Según ese reporte, el nivel de deuda fue 8% menor que el que recibió en el 2016 de la administración de Gabino Cué Monteagudo.
Según el documento entregado a las y los diputados de la LXV Legislatura, en el 2004 la deuda pública a largo plazo era de 762 millones, para 2005 de 667 millones de pesos, en 2006 era de 2 mil 141 millones de pesos, para 2007 de 4 mil 625 millones de pesos.
En el 2008 la deuda pública ampliada era de 6 mil 243 millones de pesos, para 2009 de la de 5 mil 761 millones de pesos, en 2010 la deuda pública ampliada era de 6 mil 763 millones de pesos.
Para el 2011, ya en la gestión de Cué Monteagudo, la deuda pública se dispara y era de 10 mil 612 millones de pesos, mientras que en el 2012 sube a 15 mil 985 millones de pesos y en 2013 se aumenta considerablemente a 22 mil 954 millones de pesos.
En el 2014 la deuda pública se ubica en 22 mil 407 millones de pesos y en el 2015 la deuda pública ubica en 22 mil 548 millones de pesos.
En la recta final de la administración de Cué Monteagudo, en el 2016 la deuda púbica se ubicó en 22 mil 357 millones de pesos. Para 2017 era de 22,610 millones de pesos.
Con la llegada de Murat Hinojosa, en el 2018 la deuda pública ampliada era de 24 mil 233 millones de pesos en el 2019 se redujo a 22 mil 14 millones de pesos y en el 2020 era de 20,910 millones de pesos.
En el 2021, se reduce y baja a 19 mil 600 millones de pesos y con la reestructuración para el 2022 es de 20 mil 629 millones de pesos.
Mientras que en el 2018 los créditos a corto plazo eran de 2 mil 603 millones de pesos.
Destaca el documento que, derivado de la autorización del Congreso del Estado a través del Decreto 809, en 2020 se realizó el refinanciamiento de la deuda de largo plazo y la contratación de 3 mil 500 millones de pesos, para obras de infraestructuras. Solo se ejercieron 3 mil 367 millones de pesos.
El documento, destaca la contratación del financiamiento por 3 mil 500 millones de pesos, utilizando una herramienta (spread de 0.34) mediante el cual se realizaron 39 disposiciones por un total de 3 mil 367 mdp, sólo cuando se contaba con Cuentas por Liquidar Certificadas (CLCs), es decir, cuando existió una factura que reflejara el avance físico y financiero de los proyectos.
Se autorizaron 208 proyectos de Caminos y puentes, Electrificaciones y alumbrados, Espacios públicos, Proyectos estratégicos, Proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica, Módulos para el desarrollo, Mercados y Tecnologías.
No obstante, esas obras están en proceso de auditoria por parte de la administración de Jara Cruz ante las evidentes y públicas anomalías en su construcción. Así como el presunto desvío de recursos.
