Surya Palacios / Alto Nivel.
CDMX.- Datos que no cuadran, y que difieren de los entregados previamente, acusaciones endebles, y poca preparación de parte de los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), así como un amparo que ya cuenta con una suspensión provisional, son los factores que podrían liberar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Este martes una juez de amparo otorgó una suspensión provisional a favor del exfuncionario, en contra de las órdenes de aprehensión que se le habían girado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, todos ilícitos del fuero común, formulados por la fiscalía de Veracruz.
La juez Sandra Leticia Robledo, titular del Juzgado Primero de Distrito de amparo penal de la Ciudad de México, otorgó la suspensión provisional a favor de Duarte, imponiéndole una garantía de seis mil pesos, y fijando el próximo 26 de julio como fecha para la audiencia en la que se determinará si se otorga una suspensión definitiva.
A su vez, por lo que se refiere a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la situación jurídica del exgobernador será definida el próximo sábado, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.
El lunes, ante el juez de Distrito Gerardo Moreno García, titular del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio norte de la Ciudad de México, la PGR solo mostró datos de prueba del presunto desvío de 38.5 millones de pesos, cifra que difiere significativamente con los 438 millones de pesos que presuntamente habría desviado Duarte, y que sirvieron como base de la acusación por la que se giró orden de aprehensión en contra del exfuncionario.
Testigos de la audiencia inicial del exgobernador, quien el lunes llegó a México extraditado de Guatemala, reportaron que el juzgador señaló que los fiscales de la PGR estaban presentando datos incongruentes. Pues las cifras mostradas en esa audiencia eran distintas a las que se presentaron en octubre de 2016, cuando la PGR solicitó la orden de aprehensión que sirvió como base para el procedimiento de extradición contra Duarte.
Representado por Marco Antonio del Toro Carazo y Pablo Campuzano de la Mora, letrados del despacho que también lleva la defensa de la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo, el exgobernador de Veracruz enfrenta en nuestro país siete delitos que en conjunto se castigan con más de 100 años de prisión. Sin embargo, si la PGR no logra acreditar la comisión de los mismos, Duarte podría obtener su libertad.
El reto de la fiscalía es demostrar que cuenta con indicios de las operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente realizadas por Javier Duarte, al tiempo que con esos datos también se debe inferir que el exfuncionario presuntamente llevó a cabo esas operaciones a través de una red de empresas fantasma, de lo contrario no quedaría acreditado el delito de delincuencia organizada, ilícito que amerita el encarcelamiento oficioso del acusado, y por el que Duarte debería permanecer en prisión preventiva.
Por eso la audiencia que se llevará a cabo el próximo sábado es decisiva, pues en ella el juzgador deberá determinar si el exfuncionario es vinculado a proceso, lo que significa que se fijarán los hechos presuntamente delictivos por los que Javier Duarte deberá ser juzgado. La finalidad de esa audiencia es informar al imputado de la acusación, en tanto que la defensa del exgobernador tendrá oportunidad de controvertir los datos aportados por la PGR.
En esta etapa del procedimiento, los datos de prueba que debe mostrar la fiscalía se conforman por las referencias a las fuentes de información con las que se presume la comisión de un delito. Cuando esos datos se ofrecen al juez, en la etapa intermedia del proceso, se les denomina medios de prueba, y finalmente, después de que se desahogan ante el juzgador de la causa adquieren la calidad de prueba.
Además de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), Duarte está acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias, y coalición.