VICENTE BELLO / TREN PARLAMENTARIO.
En los territorios del Congreso de la Unión, la Ley de Seguridad Interior ha tenido estos días el avance de una serpiente venenosa.
Las dos Cámaras trabajan sigilosas en conciliábulos construidos por el PRI y Pvem. Sólo ellos –es decir las cúpulas de estos partidos- saben qué negocian, qué revisan, que construyen.
Avanzan en silencio y en la oscuridad; sinuosos y temibles. A como dé lugar, a ultranza, a fuerza. Ellos pretenden construir una ley que permita lo que organismos defensores de derechos humanos de dentro y fuera del país alertan que será: un instrumento de control de la población, mediante la militarización de México.
El motivo central para el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto es, a decir de personajes con gran autoridad moral como lo es el general Francisco Gallardo, el siguiente: “pretenden convertir la Ley de Seguridad Interior en una herramienta de control social para convertir a las fuerzas armadas en una especie de ejército de ocupación en contra de los propios habitantes del país” (Jornada/24/II/17).
La estrategia legislativa siempre es la misma: decir exactamente lo contrario a lo que hacen. Sólo para apaciguar, tranquilizar a la gente, diciendo lo que la gente quiere escuchar. Pero detrás de esas voces está el hilvanado de una realidad transfigurada en ley totalmente contraria y amenazante contra la población.
La Organización de las Naciones Unidas en voz de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Jan Jarab, ha dicho esta semana que es “preocupante la pretensión de legalizar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.
Prácticamente lo mismo ha dicho Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando afirma que “la participación de las fuerzas armadas en la materia de seguridad pública no es lo más deseable, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales”.
Esta semana, en San Lázaro, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que esta ley vaya a militarizar al país, y se pronunció por que el ejército y la marina sólo permanezcan un tiempo más, eventualmente, en las calles, para regresar lo más rápidamente a los cuarteles.
Aparentemente hay una pugna al interior de las cámaras; unos por aprobarla y otros por seguir revisándola. De hecho, el PAN puso prioridades:
Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, acusó al gobierno federal de haber perdido “el interés por la minuta de la Ley del Mando mixto policial”. Y aseguraba que antes de “hablar de un marco jurídico para los militares en trabajos de seguridad, antes se debe establecer para las policías y para los civiles”.
En San Lázaro, Osorio Chong dijo el pasado miércoles: “La ley (en discusión) busca determinar cuándo, en qué circunstancias y el tiempo de actuación de las fuerzas federales, y no es donde lo quieren llevar algunos. No es ni para militarizar al país ni siquiera para considerar casos normales en estados de excepción que permitan la entrada de fuerzas federales”.
La pretensión sobre esta ley es que sea coercitiva en todas direcciones: hacia la población y hacia las autoridades estatales y municipales.
Si los gobiernos estatales y municipales no cumplen con lo que les asigne esta ley, en las materias de seguridad pública o nacional, entonces serán sancionados como suele el gobierno federal sancionar a sus adversarios o enemigos políticos: con el retiro o suspensión de recursos del presupuesto.
Ha advertido el grupo Movimiento Ciudadano: Si continúan las políticas públicas de seguridad enfocadas hacia la militarización del país, sólo se prolongará un camino que ya ha sido condenado por las organizaciones internacionales de derechos humanos”.
Y planteaba a un ensordecido PRI: “Lo primero que hay que hacer es fortalecer las instituciones civiles, para que las fuerzas armadas efectivamente puedan regresar a los cuarteles y a sus tareas constitucionales”.
En paralelo al debate soterrado por la seguridad interior, en San Lázaro este viernes una diputada –Karen Hurtado Arana, del PRD- declaraba que la mayoría de los jóvenes del país están en riesgo de llegar a adultos mayores pobres.
Durante la clausura del diplomado Liderazgo y Negociación Política, Hurtado Arana aseguró que “hoy en día los jóvenes enfrentan uno de los panoramas más desoladores en la historia de México, por lo que, según diversos estudios, están en riesgo de convertirse en varios años en una población de adultos mayores pobres”.
Aportó otro dato: “Según la OCDE, en México, 6.8 millones de jóvenes no trabajan ni estudian; el resto se enfrenta a mercados laborales cada vez más precarios, sin los mínimos satisfactorios como el salario digno, jornada laboral adecuada y seguridad social”.
Y uno más: “De acuerdo con datos del INEGI, el 26 por ciento de la población en México se integra por personas de entre 15 y 29 años”.
¿Y qué tienen que ver los jóvenes con una Ley de Seguridad Interior? El dato siguiente, de María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, aportado en 2014, sigue siendo ilustrativo de la realidad nacional actual: “adolescentes y jóvenes han sido las víctimas principales de la guerra contra el crimen organizado. De 1990 a 2010 el homicidio se convirtió en la cuarta causa de muerte entre los hombres de entre 15 y 29 años de edad- Desde 2007 ese grupo ha carecido de oportunidades de trabajo, mientras que el bloque de entre 15 y 19 no tuvo oportunidades para estudiar”.
A ese segmento poblacional estará dedicada, al parecer, la Ley de Seguridad Interior.