Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Carlos Moreno Alcántara, ex titular de la secretaría de Transporte; el ex director de Concesiones, Armando Espina, y el ex director Jurídico, José Antonio Carrasco, -en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo- fueron absueltos del delito de tráfico de concesiones, al considerarse que no fue hecho penal si no administrativo.
Durante la audiencia de término constitucional, el Juez de Control del circuito Valles Centrales consideró insuficientes los argumentos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, además que la auditoría realizada por órganos de la Contraloría aún no concluye y en consecuencia no puede ser juzgado.
Alcantara, Espina y Carrasco, fueron detenidos el pasado 28 de noviembre de 2017, acusados del delito de tráfico de concesiones, al no enterar a las arcas del Estado, el pago de derechos por un monto de 502 millones de pesos.
El pasado 24 de enero, Espina Sánchez, acusado de tráfico de concesiones, fue excarcelado por orden del Juez Quinto de Distrito.
Aunque a Espina Sánchez le fue negado el amparo, el juez consideró que como son coimputados corren la misma suerte y en consecuencia fue puesto en libertad.
Espina Sánchez fue detenido en el 21 de noviembre de 2017 junto con Moreno Alcántara y Antonio Carrasco.
El 25 de julio del 2018, el titular de la Sevitra, Carlos Moreno Alcántara abandonó el penal de Santa María Ixcotel, donde permaneció recluido durante 8 meses, acusado por tráfico de concesiones y el desvío de 5 millones de pesos.
Junto con el ex servidor público también abandonó el Centro de Readaptación Social (Cereso) quien fuera el Director Jurídico de la Sevitra, José Antonio Carrasco quien también estaba recluido.
Los tres funcionarios durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, eran acusados por el delito de tráfico de influencias durante el 2016, motivo por el cual se inició una carpeta de investigación.
Los tres exfuncionarios fueron acusados por 502 títulos de concesión para la explotación del servicio público de transporte en el Estado de Oaxaca, sin contar con el pago de derechos correspondiente, lo cual representó un daño patrimonial a la hacienda Pública del Estado por la cantidad de 5 millones 836 mil 284 pesos con 16 centavos, más el interés legal generado a partir de la fecha en que se debió haber efectuado el pago de los derechos correspondientes.
