*El Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales ordenó a la PGR corregir y realizar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014
Un juez federal otorgó un amparo a una de las sobrevivientes y testigo de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, en 2014. Con esto, ordenó a la PGR investigar adecuadamente los hechos, considerando el elemento de la cadena de mando militar responsable.
Por ello, en su resolución judicial, el Juez le ordena a la PGR que establezca si “existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada y que con el fin de unificar la investigación de los hechos pueda ser acumulada a la que se encuentra bajo su cargo integrando”.
Además le pide realizar las diligencias que considere pertinentes para allegarse de mayores elementos probatorios y poder realizar una investigación exhaustiva de los hechos denunciados.
La PGR deberá puntualizar cuál es el objeto de realizar cada una de las diligencias y determinar qué es lo que pretende obtener o conocer con el desahogo de las mismas.
El juez le dio a la Procuraduría 30 días hábiles para la realización de las diligencias, además deberá entregar un cronograma para establecer los plazos que le tomará realizarlas.
La testigo, apoyada legalmente por el Centro Prodh, ha denunciado que lo ocurrido en Tlatlaya se trató de una ejecución extrajudicial por parte del Ejército, porque 15 de los 22 civiles muertos ese día se encontraban rendidos cuando un pelotón de militares les disparó.
Los defensores de la testigo han denunciado inconsistencias en las investigaciones de la PGR, como alteraciones en los cuerpos de las víctimas, además de evidenciar la falta de acciones para indagar la orden militar (cadena de mando) de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
En esta resolución, dada el pasado 31 de julio, la juez concluye que la Procuraduría no ha realizado las diligencias que permitan indagar la Orden Militar que instruyó “abatir delincuentes en horas de oscuridad” dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los castrenses involucrados en los hechos. También consideró que no se ha investigado la cadena de mando responsable.
La testigo y la defensa han denunciado que la PGR nunca ha llamado a declarar a funcionarios que pudieron ordenar la ejecución, además de ignorar las indagatorias que ellos han elaborado y presentado para castigar a los responsables de los hechos.
Fue por eso que el 15 de junio de 2017, la testigo promovió el juicio de amparo 545/2017, ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Con Información de: AnimalPolítico