Sandra Rodríguez Nieto / Sin Embargo.
La Auditoría Superior de la Federación exhibe de nueva cuenta que la persecución de los delitos financieros en el país es casi nula. En su revisión de la Cuenta Pública 2016, plantea que la PGR logró que se sentenciara tres de cada 100 averiguaciones por este ilícito, y además devolvió 57 de cada 100 casos a los jueces.
El órgano fiscalizador federal recuerda que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del PIB del país.
La falta del ataque al dinero criminal ha sido criticada en reiteradas ocasiones por expertos que sostienen que golpear las finanzas de estos grupos los debilita. En marzo pasado, el mismo Departamento de Estado de EU criticó la falta de castigo en este tipo de delitos: “La relativa falta de condenas en casos de lavado de dinero es constante con el problema general de impunidad en México”, sostiene el Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos.
El Departamento de Estado de EU critica falta de detenciones en México por lavado de dinero
Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Mientras que la violencia atribuida al crimen organizado va en aumento, la investigación de los delitos financieros que cometen estas agrupaciones criminales, como el lavado de dinero, va en descenso.
Así lo establece el más reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Procuraduría General de la República (PGR), cuyas áreas especializadas en delitos financieros inician y consignan cada vez menos casos por este tipo de ilícitos y, también, reciben menos sentencias.
“En 2016, la Procuraduría General de la República no avanzó en el fortalecimiento de la persecución de los delitos de carácter financiero, ya que mientras en 2013, de cada 100 averiguaciones previas consignadas ante los órganos jurisdiccionales se sentenciaban 22, para 2016 esta cifra fue de tres casos”, dice la auditoría 106-GB, difundida en días pasados.
“Aunado a ello, las devueltas por el juez se incrementaron de 17 en 2013 a 57 en 2016 por cada 100 casos, por lo que, de mantenerse este comportamiento, no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros y, con ello, en mejorar las condiciones de seguridad pública, evitando que sea vulnerado el sistema financiero mexicano, en favor de la población en general”, agrega la revisión.
La ASF recuerda que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
También, que la economía mexicana es vulnerable a este ilícitos producto del tráfico y producción de narcóticos y dada la vecindad con Estados Unidos, que es el mayor mercado de drogas del mundo.
“La sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia. El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica por el embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras”, menciona el documento.
Raúl Cervantes Andrade es Procurador General de la República desde octubre de 2016. Foto: Cuartoscuro
Ante esta situación, agrega, el Gobierno federal definió mecanismos de investigación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR, así como del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), al cual se asignó la función de generar información de inteligencia para sistematizar datos relaciones con el crimen organizado.
En ese sentido, la estadística documenta que, de los 519 productos de información generados por el Cenapi, sólo un 21 por ciento sirvió para la definición de estrategias destinadas a desarticular bandas del crimen organizado, mientras que la mayor parte, o un 78.8 por ciento (409) de estos productos, carecieron de utilidad probada.
“Se observó que mientras que. en 2016, de los 519 productos elaborados, 21.2 por ciento (110) contuvo ese tipo de información, durante 2013, de los 325 análisis generados el 98.2 por ciento (319) incluyó conclusiones que proporcionaban información estratégica para la toma de decisiones, lo que representó una reducción en la información de inteligencia que proporciona insumos que favorecen la definición de estrategias de contención y desarticulación de organizaciones y blancos vinculados a la delincuencia organizada”, advierte la ASF.
La PGR durante el 2016 sufrió un cambió de titular. En agosto de ese año, Arely Gomez González dejó la dependencia que ocupó desde marzo de 2015 y fue sustituida por Raúl Cervantes Andrade, quien actualmente sigue en el puesto.
Otros datos presentados en la revisión muestran que, en total, la PGR inició en 2016 dos mil 26 averiguaciones previas o carpetas de investigación por delitos en materia financiera, de los cuales sólo 98, o un 4.8 por ciento, fueron consignadas ante el Poder Judicial.
“Por lo que respecta a las sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales, como resultado de los juicios seguidos por delitos en materia financiera, de las 98 averiguaciones previas consignadas, el 3.1 por ciento (tres) fue sentenciado, el 36.7 por ciento (36) se registró como pendiente de sentencia; el 2.0 por ciento (2) se encontró en proceso de impugnación; y el 58.2 por ciento (57) fue devuelto por el juez, sin que se acreditara que no se debió a problemas en su integración”, dice la ASF.
“En opinión de la ASF, la investigación y persecución de los delitos en materia financiera fueron insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos (…) aspecto que denota que la PGR debe analizar las causas por las que el índice de averiguaciones devueltas por el Juez superó la mitad de las consignadas, ya que de incrementarse el número o confirmar que se debe a deficiencias en su integración, la PGR no contribuirá a resolver el problema de la impunidad de éstos delitos y, por tanto, la vulnerabilidad del sistema financiero”, agrega.
La violencia en México alcanzó el mes de mayo pasado un récord en el número de homicidios dolosos: 2 mil 186 carpetas de investigación se abrieron por este delito, una cifra superior a los momentos más cruentos de la “guerra contra el narcotráfico” en la época de Felipe Calderón Hinojosa y que no había visto en los 20 años que la Secretaría de Gobernación tiene registro.
Lo mismo sucedió con el cúmulo de los primeros cinco meses del año. Entre enero y mayo se han reportado 9 mil 916 averiguaciones por asesinato intencional, cifra que superó la tasa más alta hasta el momento de este periodo, registrada en el 2011, con 9 mil 466 averiguaciones.