La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró hace un par de semanas que en la SCT “no quedó piedra sin labrar”, como referencia a posibles actos de corrupción cometidos por Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia de 2012 a 2018. La ruta hacia él, pasa de manera forzosa por una oficina que manejó bajo perfil, a pesar de ser punto de referencia para analizar las anomalías cometidas en ese periodo.
Daniela Barragán
Ciudad de México (SinEmbargo).- De Nidia Patricia del Rocío Chávez Rocha hay pocas declaraciones públicas y cero entrevistas con medios de comunicación, a pesar de que fue funcionaria pública federal desde el año 1996.
Su penúltimo cargo no fue menor: ella, de 2013 a 2018, fue la encargada del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza, es decir fue la responsable de revisar cada una de las anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tres meses antes de terminar la administración priista, Ruiz Esparza y el todavía Presidente, Enrique Peña Nieto, le cambiaron el puesto a Rocío Chávez a uno de menor importancia dentro de la SCT. Así pasó a ocupar la Dirección General del Servicio Postal Mexicano.
El legado de la funcionaria, de acuerdo con la ASF, fue que entre 2014 y 2018, nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa.
Durante esos cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de pesos.
Por las manos de la funcionaria en ese periodo pasaron las anomalías de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el Paso Exprés México-Cuernavaca, el Tren Interurbano México-Toluca e incluso el ahora cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Esos datos, de acuerdo con una investigación realizada por SinEmbargo, hay al menos 72 ex funcionarios públicos que fueron probables responsables directos o indirectos de las irregularidades no solventadas en cinco años de administración de Gerardo Ruiz Esparza. De ellos, al menos 39 han sido señalados de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.
Nidia Patricia Chávez Rocha y Gerardo Ruiz Esparza se conocieron en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el año 2002; ella ocupaba la Dirección de Administración como Titular de la Unidad de Trasparencia y Combate a la Corrupción y era la encargada de elaborar acciones de transparencia en las áreas vulnerables de “no ser transparentes”. Él, el Director de Administración.
La carrera de Chávez Rocha inició en 1996 y la caracteriza tener un perfil reservado. Con base en sus declaraciones patrimoniales, presentadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y fue hasta 2002 cuando presentó su primera declaración patrimonial. En ese documento decidió hacer públicos sus bienes patrimoniales pero desde 2011, cuando estaba en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), decidió hacerlos privados.
Sus 16 declaraciones posteriores son cerradas, es decir, la funcionaria decidió únicamente hacer pública su información académica y su trayectoria profesional. Chávez Rocha es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); y cuenta con dos diplomados: uno en Transparencia Aplicada en la Administración Pública, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), y otro en Transparencia y Combate a la Corrupción, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Según la información de su currículum, Chávez ha pasado por la SCT, El SAT, la CFE, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) conocida actualmente como la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En su último puesto, bajo su control directo, la SCT ejerció un promedio de 109.4 mil millones de pesos del Gobierno federal que, cada año, presentaron “irregularidades” en la contratación de obra pública por insuficiencias de planeación, ejecución y rendición de cuentas en los proyectos gubernamentales.
Su tarea principal fue la de “contribuir al abatimiento de la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la transparencia de su gestión y al desempeño honesto, eficaz y eficiente de las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y Centros SCT”, según se indica en el portal de la propia Secretaría.
LA CARRERA DE CHÁVEZ ROCHA
Su primer trabajo, declaró, fue en 1996, en la Dirección General de Administración en el Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam); en 1998 pasó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la subdirección de Asuntos Jurídicos, pero solo estuvo seis meses y pasó a Servicios Aeroportuario de la Ciudad de México, en la Gerencia Jurídica. De nueva cuenta solo estuvo seis meses y luego brincó a la Comisión Federal de Electricidad, a la Dirección de Administración como Titular de la Unidad de Trasparencia y Combate a la Corrupción, de 1999 al año 2008.
Su siguiente empleo fue en el SAT, en la Administración General de Evaluación, supervisando procesos administrativos. Estuvo ahí hasta 2013, cuando en septiembre la SCT la nombró titular del Órgano Interno de Control. El puesto lo dejó en marzo de 2018.
Retomando sus declaraciones patrimoniales, en la de 2002, en su declaración inicial en la CFE, Nidia declaró ingresos mensuales netos por cargo público por 48 mil 815 pesos y 10 mil por actividad industrial o comercial, un terreno de 650 metros cuadrados con valor de 730 mil pesos que pagó de contado y en inversiones dijo tener una bancaria por 238 mil 135 pesos y otras dos de las que no especifica el tipo por 168 mil y 719 mil 800 pesos respectivamente.
Sobre adeudos informó de un fideicomiso con saldo de 226 mil 681 pesos, otorgado el 17 de julio de 2001, con un monto original de adeudo de 479 mil 397 pesos.
Para su última declaración abierta, la de 2010, dijo ganar sólo por cargo público, 1 millón 987 mil 015 pesos netos anuales; volvió a declarar el mismo departamento de 95 metros cuadrados y otros dos bienes: un departamento de mil 714 metros cuadrados y un terreno de 650; además un Cadillac y cuatro cuentas bancarias, una con 185 mil 528, 8 mil 287 y 45 mil 103 pesos y otra con 7 mil 922 dólares.
Chávez Rocha hizo su última declaración el 30 de marzo de 2019, en la oficina del Servicio Postal Mexicano. El legado político, basado en las pruebas que hay en el archivo de la ASF, es que bajo su periodo, la SCT acumuló 16 mil 543 millones 019 mil 737.15 pesos en irregularidades que equivalen al 2.52 por ciento del gasto total pagado (656.4 mil millones de pesos) por la dependencia federal, entre 2014 y 2018.
El pasado 12 de septiembre de este año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, aseguró que las autoridades están analizando los “casos de corrupción relacionados con el sector [de Comunicaciones y Transportes] durante la administración pasada”. Pero advirtió complicaciones en las indagaciones, ya que la administración pasada “no dejó piedra sin labrar”.
