Ciudad de México.- Desde este miércoles, Genaro García Luna es el preso número 59745-177 y viste el uniforme naranja de la prisión federal de Seagoville, un lugar de mediana seguridad del condado de Dallas.
La próxima semana deberá declararse culpable o inocente, le notificarán que la Corte Federal de Nueva York pidió ya su traslado y que se considera que “presenta un riesgo significativo de fuga”, por lo que deberá enfrentar en la cárcel su juicio o pagar una fianza demasiado alta.
Funcionarios de primer nivel explicaron a ejecentral que autoridades estadounidenses adelantaron al gobierno mexicano algunos datos sobre la captura de García Luna y la existencia de más expedientes contra lo que denominaron exfuncionarios de primera línea del gobierno mexicano que podrían convertirse en casos judiciales en los próximos meses, porque la Fiscalía de Brooklyn mantiene abiertas sus indagatorias.
Se trata, explicaron a las autoridades mexicanas, de una investigación que tiene más de cinco años, a la que se han sumado los testimonios de por lo menos cinco integrantes del Cartel de Sinaloa y exfuncionarios, además del seguimiento de operaciones financieras y red de vínculos.
En los documentos presentados el martes 10 de diciembre a la Corte de Brooklyn, las afirmaciones contra el exsecretario mexicano ofrecen indicios de las pruebas que tienen en su contra. El fiscal Richard P. Donoghue sostiene, por ejemplo, que García Luna posee “una enorme riqueza”.
Donoghue pidió a la Corte en Dallas que no le otorgue al exsecretario mexicano alguna fianza, y al expresar sus razones reveló el temor que tiene la Fiscalía de Brooklyn de que pueda fugarse con apoyo de los líderes del Cartel de Sinaloa o recibir apoyo de “altos exfuncionarios corruptos” en México que le darían protección.
Las autoridades mexicanas se comprometieron a iniciar sus propias investigaciones contra García Luna e incluirán a su círculo cercano de excolaboradores para revisar contratos y evolución patrimonial. Acordaron intercambiar información y llevar a cabo investigaciones conjuntas si es necesario.
Como parte de estas nuevas pesquisas, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo que ya fueron congeladas las cuentas de García Luna ubicadas en territorio mexicano. Funcionarios consultados explicaron que apenas se había iniciado el trámite para ello, y se prevé que resultarían afectadas cuentas bancarias y fondos menores, y otras más vinculadas a su empresa.
En torno a las pesquisas en México contra el exsecretario de Seguridad Pública federal, información obtenida por ejecentral revela por primera vez que en una revisión a su evolución patrimonial le fueron detectados poco más de 30 millones de pesos de los que no existe una justificación lícita. La Secretaría de la Función Pública, a través del área jurídica, habría presentado la denuncia penal correspondiente.
Enemigo en casa
El desempeño de Genaro García Luna siempre estuvo envuelto en polémicas, en los diferentes puestos públicos que desempeñó en México. Cuestionamientos que tuvieron mayor resonancia desde que se encumbró como el fundador y director general de la extinta Agencia Federal de Investigación. De manera reiterada García Luna siempre negó las acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
Desde entonces y hasta su nombramiento como encargado de la Seguridad Pública federal, los señalamientos de probable corrupción institucional, abusos policiales, extravagancias, montajes mediáticos fueron una constante en contra de García Luna por parte de diversos actores políticos, de la sociedad civil y empresarios.
Pero, un significativo contraste a estos señalamientos fueron las decenas de reconocimientos y medallas que gobiernos, instituciones y agencias de seguridad tanto nacionales como internacionales le entregaron por su labor como secretario de Seguridad. Muchos de estos elogios provinieron del gobierno de Estados Unidos, que hoy en día mantiene bajo custodia al ingeniero mecánico que llegó a consolidarse como uno de los funcionarios públicos más poderosos del país.
Así, a lo largo de los últimos dos años García Luna acumuló medallas de los gobiernos de Francia, Rusia, Alemania, China, Panamá, Canadá, y del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional; del Colegio de Defensa Nacional; del gobierno de España que le entregó la Orden del Mérito Policial, con Distintivo Rojo “por su destacada labor en el combate al terrorismo”; de la Conferencia Mundial Antidrogas (IDEC); de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-México; de Interpol, y de la DEA “por su combate al narcotráfico”, agencia que lo investigó los últimos cinco años.
Pero la estrecha relación de García Luna con oficinas internacionales no le sirvió el lunes pasado, cuando sorpresivamente fue detenido en Dallas, donde se encontraba desde hace algunas semanas desarrollando proyectos con el empresario Albert Zapanta, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y México.
30 millones sin justificar
Por lo menos en lo que fue su última etapa de secretario de Estado como encargado de la Seguridad Pública federal, a Genaro García Luna le fueron detectados más de 30 millones de pesos en la revisión de su evolución patrimonial de los que no le fue posible justificar un “origen lícito”.
En otras palabras, el llamado “súper policía” entregó el cargo de secretario de Seguridad Pública con 30 millones 212 mil 810 pesos que con su salario no podía justificar. La revisión a cargo de la Secretaría de la Función Pública revela que no se trata de errores administrativos, sino de un monto acumulado en diferentes bienes que no acreditó. Este hecho podría consolidarse en una denuncia penal por enriquecimiento ilícito.
Mediante diversas fuentes de primer nivel, que luego de una verificación que se hizo al patrimonio del entonces funcionario las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública llevaron un proceso sancionatorio contra el director fundador de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), del que no se ha dado cuenta hasta la fecha.
Según las fuentes consultadas, el caso llegó hasta el área jurídica, para la integración de la respectiva denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Ante este procedimiento, García Luna tiene derecho a comparecer y ofrecer pruebas a su favor, para tratar de aclarar la procedencia y validez de las trasferencias o depósitos que implicaron las irregularidades detectadas.
Pese a los señalamientos de opulencia que acompañaron a García Luna desde que se desempeñaba como funcionario hasta después de dejar los cargos, de los cuales dio cuenta la propia Función Pública por inusuales movimientos y adquisiciones de bienes inmuebles y cuentas bancarias que se incrementaron conforme el avance en su carrera dentro de la administración pública, los procedimientos en su contra no han concluido.
El nuevo hogar
En un documento fechado el 10 de diciembre de este año, del fiscal Richard P. Donoghue presentado ante el juez Brian M. Cogan de la Corte del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, para impedir que se le otorgue libertad bajo fianza, se afirma que “la evidencia que respalda estos cargos serios es sólida, incluido el testimonio de múltiples testigos cooperantes con respecto a los pagos de sobornos al acusado por parte del Cartel de Sinaloa; testimonios corroborados por los registros financieros que muestran la riqueza personal del acusado”.
Y añade: “Priorizó su ambición personal sobre sus responsabilidades que juró como servidor público y aseguró el éxito continuo y la seguridad de una de las organizaciones de narcotráfico más notoria del mundo.
“Como lo deja claro la conducta criminal del acusado, no tiene respeto por la autoridad pública o las leyes y previamente ha mentido para evitar ser responsable de sus crímenes. Por ello no hay razón para creer que el acusado obedecería las órdenes de tribunal o las condiciones de su liberación si la Corte le otorga finanza”.
El fiscal afirma que “el acusado tiene conexiones al más alto nivel con los miembros de Cartel de Sinaloa en México, así como exfuncionarios corruptos de alto nivel, quienes probablemente estarían dispuestos en ayudarlo en huir de la justicia de Estados Unidos y darle refugio en México”.
Donoghue es lapidario: “Aunque Estados Unidos y México tienen un tratado de extradición, sería extremadamente difícil detener al acusado en México, si el Cartel de Sinaloa y los poderosos exfuncionarios del gobierno lo protegerían”.
Es por lo anterior, por su capacidad económica y porque un fuerte incentivo para huir es que puede recibir una sentencia de 10 años hasta cadena perpetua, no debe dársele el derecho al pago de una fianza. Sumado a que posee la doble nacionalidad y viaja a México constantemente: “Desde 2002 hasta el presente el acusado ha viajado de ida y vuelta entre los Estados Unidos y México 280 veces”.
