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La crisis de las democracias latinoamericanas

El Piñero

 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Marta Lagos, presidenta de la corporación Latinobarómetro, advierte en un artículo divulgado la semana pasada que el problema de América Latina no son los países que dejaron de ser democráticos, sino aquellos “donde hay problemas en el funcionamiento de las democracias y están con importantes grados de peligro de dejar de serlo”. Lagos puntualiza que “el principal problema de las democracias en América Latina es el deterioro de las élites, la corrupción y la desconfianza ciudadana en las instituciones de la democracia”.

Dado que el artículo de Lagos acompañó a la publicación del informe de Latinobarómetro 2018, que difunde los resultados de la encuesta aplicada en 18 países del continente entre el 15 de junio y el 2 de agosto del presente año, es interesante revisar los resultados de la misma para el caso de México, a la luz de los elementos que señala Lagos en su artículo.

Destaca que en Latinoamérica tanto el apoyo como la satisfacción con la democracia se encuentran en su nivel más bajo desde 1995, cuando iniciaron las encuestas de Latinobarómetro. El porcentaje de la población que considera que la democracia es preferible a cualquier otro sistema alcanzó su nivel más alto en 1997, con 63%, justo cuando empezaba la caída de las dictaduras sudamericanas y se ampliaba el número de países bajo régimen democrático. Tras altibajos, hoy sostienen esa opinión 48% de los encuestados (mismo nivel que alcanzó en 2001, cuando la crisis asiática impactó la economía mundial).

México, mientras tanto, sigue un comportamiento similar, aunque con algún desfase propio del arribo tardío a la democracia: el nivel más alto se alcanzó en 2002, con 63%, un par de años después de la primera alternancia en la Presidencia, y el nivel más bajo en 2013, con 37%, un año después de la segunda alternancia. En los dos últimos años el porcentaje de mexicanos que apoyan la democracia se mantiene en 38%, lo cual ubica al país únicamente por arriba de Guatemala y El Salvador, que registran 28%, así como de Honduras, con 34%. Así, México es el cuarto país con menor apoyo a la democracia.

En cuanto a la satisfacción con la democracia, al margen de que se le considere o no el mejor régimen, quienes se consideran “más bien satisfechos” o “muy satisfechos” con el funcionamiento de la democracia en su país alcanzaron el mayor número en 2009 y 2010, cuando se superaba la crisis económica de 2008-2009, con 44%, para caer hasta el actual 24%, cuyo precedente más cercano fue el 25% de 2001.

En este sentido México se encuentra todavía muy debajo de dicho promedio, pues únicamente 16% de los ciudadanos (dos puntos porcentuales menos que el 18% del año pasado) se encuentra satisfecho con la democracia mexicana. Con este bajo porcentaje se encuentra únicamente arriba de Brasil (9%), Perú y El Salvador (11%) y Venezuela (12%), y muy por abajo del 47% de Uruguay, 45% de Costa Rica y 42% de Chile, que son los países de la región donde se registra mayor satisfacción.

Algunas razones de este descontento pueden encontrarse en otras preguntas de la encuesta, vinculadas a los tres aspectos que señala Lagos en su artículo. El 88% de los mexicanos considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio; esta proporción es únicamente dos puntos menor que el 90% del año pasado y se encuentra únicamente por abajo de Brasil, que tuvo precisamente el 90%; y 11 puntos arriba del promedio latinoamericano de 79%. En contrapartida, únicamente el 9% considera que se gobierna por el bien de todo el pueblo, porcentaje superior en 1 punto porcentual al del año pasado, con lo que México se encuentra únicamente por arriba del 7% de Brasil y 8 encima del promedio latinoamericano de 17%.

En cuanto a la corrupción, la situación es muy similar: el 74% de los mexicanos consideraron que ese flagelo social aumentó mucho o algo respecto a 2017, lo que representa 9 puntos más que el promedio latinoamericano (65%) y únicamente es superado por República Dominicana (77%) y Venezuela (87%). El 61% de los mexicanos encuestados consideró que el presidente y sus funcionarios (todos o casi todos) están involucrados en actos de corrupción; aquí el promedio fue de 50% y lo superan Brasil (62%), Venezuela y Paraguay (65%).

Respecto del tercer elemento que señala Lagos como uno de los principales problemas: la desconfianza en las instituciones, hay claroscuros, pues en algunos casos México ocupa los últimos lugares pero en otros se encuentra por encima del promedio, si bien únicamente en el caso de las Fuerzas Armadas el porcentaje de la población que confía alcanza el 50%.

Las instituciones en las que México se encuentra por encima del promedio latinoamericano y por arriba de la mitad de la tabla son: las instituciones electorales, en el quinto lugar con 32% de ciudadanos que confían en ellas, lo que representa 4 puntos arriba del promedio; Fuerzas Armadas, en el séptimo lugar, con 50% y 6 puntos por encima del promedio; y el Congreso, en octavo lugar, con 22% y 1 punto más que el promedio. Así, en todos los casos el porcentaje de población que desconfía es mayor al que confía, salvo en el caso de las Fuerzas Armadas.

Entre las que se encuentran por debajo de la media sobresale la policía, en la cual únicamente confía el 19%, solamente por encima de Venezuela (12%) y Panamá (10%) y casi a la mitad del promedio latinoamericano de 35%; el gobierno, con 16%, 6 puntos por debajo del promedio y únicamente por encima de Guatemala (15%), Perú (13%), El Salvador (10%) y Brasil (7%); y los partidos políticos, con 11%, puntuación empatada con la que registra Guatemala, 2 puntos abajo del promedio y únicamente superior a la de El Salvador y Brasil (6%), Perú (7%) y Nicaragua (10%).

Como Lagos señala: “Existen los indicadores, debería haber alarma al respecto, no hay que esperar que las cosas sucedan para decir que existen. Es posible anticipar”. Tanto en el caso de América Latina como de México es muy claro que las alarmas están encendidas y hay que actuar.

Este análisis se publicó el 18 de noviembre de 2018 en la edición 2194 de la revista Proceso.

 

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