Martha Martínez
Distrito Federal.- Las mafias mexicanas ampliaron el abanico de ilícitos a través de los cuales obtienen ganancias millonarias, de ahí que mientras sus estructuras económicas se mantengan intactas, las estrategias del gobierno mexicano para combatirlas seguirán siendo una simulación, advierte el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia.
El especialista, quien recientemente presentó su libro Lavado de dinero y corrupción política (Grijalbo, 2015) indica que el crimen organizado en México obtiene sus ingresos de la comisión de 23 delitos -incluido el tráfico de drogas- por lo que, suponiendo que el Estado mexicano fuera sumamente exitoso en el combate al tráfico de estupefacientes, éste emigraría a otro tipo de ilícitos.
“La mayoría de las drogas psicoactivas ilícitas hoy serán legalizadas tarde o temprano y deben ser reguladas por Estados que prevengan las adicciones como un desafío de salud pública. Pero aun cuando se legalice y regule toda droga, el lavado de dinero continuará creciendo a través de las otras 22 vertientes delictivas organizadas”, sostiene.
De acuerdo con Buscaglia, entre 2003 y 2012, las mafias que operan en el País generaron ganancias por 514 mil 259 millones de dólares; es decir, un promedio de 57 mil 139 millones de dólares anuales.
El investigador detalla que sólo entre el 45 y 52 por ciento de sus ingresos brutos provienen del narcotráfico, el resto es resultado de delitos como el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el fraude, la falsificación de marcas, el tráfico de armas, el robo de identidad y, en general, los delitos cibernéticos.
Según expedientes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, a los que Buscaglia tuvo acceso, las redes criminales comenzaron a diversificar sus actividades por lo menos desde 2005.
México se encuentra entre los cinco países con mayor delincuencia organizada con violencia física del planeta, después de Afganistán, Irak, Siria y Nigeria. De ahí la importancia de que el gobierno mexicano entienda que la extinción, incautación y decomiso de productos económicos generados por las redes criminales son una forma indirecta de salvar vidas.
El ex asesor de la Organización de las Naciones Unidas explica que el decomiso de bienes de las mafias mexicanas evita que los recursos sean destinados a cometer más delitos y reducen los incentivos económicos de los delincuentes. “Las ganancias esperadas por los delincuentes serían cada vez menores, por lo que los actores dedicados a estas actividades a la larga también serían menos”, sostiene.
Corrupción política
Buscaglia asegura que las actividades de la delincuencia organizada en el País no serían posibles sin la corrupción política. Y advierte que entre el 20 y el 35 por ciento de los recursos de procedencia ilícita se canalizan a la captura del Estado mexicano.
“Este dato está basado en las observaciones que hicimos a los expedientes judiciales a lo largo de los años, cuando la PGR me dejaba acceder a los expedientes judiciales. Yo observaba que ese era el porcentaje que iba hacia la captura de funcionarios, de políticos. Veíamos que en entre el 70 y 90 por ciento de las causas de delincuencia organizada había siempre funcionarios corrompidos”, indica.
Explica que, como cualquier empresario con actividades legales, el crimen organizado necesita proteger sus negocios, y para eso compra voluntades no sólo de policías sino de políticos de todos los niveles de gobierno.
“Básicamente necesitan tener un sistema de protección a sus negocios, como todo empresario legal. La delincuencia organizada captura a políticos a diestra y siniestra, literalmente, izquierda y derecha, no hay ningún tipo de lealtad, ellos le dan a todo el que quiera”, sostiene.
Un ejemplo de esta complicidad, agrega, es el caso de Joaquín El Chapo Guzmán quien, a pesar de haber sido detenido en dos ocasiones -las mismas que se fugó de cárceles de máxima seguridad-, mantiene intacta su infraestructura financiera.
“El poderío patrimonial de El Chapo quedó intacto y así continuó comprando protección política y su poder dentro de la red siguió creciendo aun dentro de la cárcel. Como consecuencia, no sólo logró financiar su fuga por medio de una obra de ingeniería que implicó millones de dólares, sino que la red criminal de Sinaloa hoy es más poderosa patrimonialmente que cuando fue detenido”, indica.
Esta infiltración de la delincuencia organizada es la causa por la que las autoridades mexicanas se niegan a atacar la estructura criminal de las redes delincuenciales.
Un ejemplo claro de ello, afirma el especialista, es el caso de Arturo Escobar, ex subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, acusado de reparto ilegal de dádivas y de contratar proveedores no autorizados en los comicios de 2015.
“En un país con un sistema judicial en serio, como Brasil, no voy a mencionar Suiza o Noruega, Brasil, inmediatamente un fiscal autónomo que no le pide permiso a nadie estaría realizando una investigación patrimonial ligada a actividades políticas que involucrarían a políticos allegados a Escobar, a empresarios allegados a Escobar, a familiares, a socios. Toda esa red patrimonial, que debería estar comprometida en toda la investigación patrimonial, en México no se hace”, asevera.
Las investigaciones en contra de la delincuencia organizada en México, asegura, se enfocan en personas físicas, lo que deja intactas las redes de funcionarios, empresarios y autoridades que corrompen.
“En los expedientes de la PGR nunca vas a ver que las redes patrimoniales se incluyen en el fundamento de la acusación penal, se focaliza siempre en una persona física”, afirma.
El especialista detalla que la gran paradoja del crimen organizado es que mientras los mexicanos sufren las consecuencias de los delitos que cometen, los beneficios derivados de la colocación de sus ganancias los disfrutan países con sistemas de justicia y financieros más sólidos, pues los delincuentes prefieren colocar su dinero en economías con más controles.
El lavado de dinero es un delito derivado de un acto criminal, violento o no, cuya sangre y lágrimas la pagan los mexicanos, pero después ese dinero va a parar a un centro comercial en Dusseldorf o a una propiedad en Texas…
Edgardo Buscaglia académico e investigador
“En el fondo, el lavado de dinero es un delito derivado de un acto criminal, violento o no, cuya sangre y lágrimas la pagan los mexicanos, pero después ese dinero va a parar a un centro comercial en Dusseldorf o a una propiedad en Texas; los americanos gozan de la entrada de ese dinero, pero ustedes (los mexicanos) están pagando con sangre y lágrimas cada delito que se comete acá”, indica.
A decir de Buscaglia, es un error que el gobierno mexicano mida el éxito del combate al crimen organizado observando si aumentan o disminuyen los homicidios dolosos y algunos otros ilícitos como el secuestro y la extorsión, pues un país podría tener tasa cero de homicidios mafiosos y, al mismo tiempo, estar invadido de redes criminales fuertemente consolidadas.
Una muestra de que la estrategia mexicana ha fallado es que el dinero que las mafias mexicanas incorporan a la economía formal a través del lavado de dinero, hoy es una preocupación para gobiernos como el de Estados Unidos.
De acuerdo con cifras de Buscaglia, el gobierno estadounidense estima que las organizaciones criminales mexicanas lavan alrededor de 29 mil millones de dólares en México.
También estima que dichas organizaciones envían entre 19 y 39 mil millones de dólares hacia Estados Unidos para integrarlos a la economía formal.
QUÉ HACER
Buscaglia advierte que el gobierno mexicano tiene mucho por hacer para combatir eficientemente las estructuras financieras de las mafias mexicanas. Entre otras, recomienda las siguientes medidas:
* Tipificar y perseguir todo delito con motivación económica como precedente del lavado de dinero.
* Legislar e implementar sanciones penales para empresas privadas y organizaciones de todo tipo, para que su disolución sea mucho más ágil.
* Establecer por ley la suspensión del secreto tributario cuando existan sospechas de lavado patrimonial.
* Eliminar todo fuero e inmunidad para cualquier clase de funcionario público.
* Ampliar y agilizar la aplicación de la ley de extinción de dominio.
* Diseñar matrices de seguimiento y análisis de causas de corrupción y lavado de dinero.
