Ciudad de México.- Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló este martes que se ha pedido la renuncia de algunos colaboradores de la dependencia por presuntos vínculos con Genaro García Luna, quien espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, Estados Unidos.
“Se les ha pedido la renuncia a algunos colaboradores. ¿Cuántos? No tengo el dato a la mano, pero puedo proporcionar la información. Son varios, son varios. Son de nivel de puestos de director de área, de directores generales”, dijo en entrevista con medios de comunicación.
Sin embargo, el funcionario aclaró que “no necesariamente” se le pueden fincar responsabilidades a los colaboradores despedidos, pues “lo que estamos buscando por el nivel de responsabilidad es que no haya personas que por su relación con García Luna o que la relación que han tenido con García Luna haya derivado en una complicidad”.
Desde Palacio Nacional, recordó que a raíz de la detención de García Luna, recibió “la indicación de revisar el equipo de colaboradores de alto nivel que eventualmente pudieran haber hecho equipo desde tiempos, vamos a llamar históricos, con García Luna, y que pudieran representar un enclave en las dependencias de seguridad”.
Durazo Montaño explicó que el propósito de esta medida “es que ninguna persona vinculada al ex Secretario de Seguridad Pública forme parte de nuestro equipo de trabajo”, ya que “los riesgos de la permanencia de ese personal serían altos porque hay que recordar que, en la cultura política de nuestro país, las relaciones personales se convierten en relaciones políticas y con frecuencia en complicidades y eso es lo que queremos evitar”.
Asimismo, señaló que “si el ex Secretario de Seguridad está en el banquillo de los acusados por la justicia norteamericana nosotros debemos tomar nuestras propias previsiones con el propósito de que ninguna persona vinculada con él forme parte de nuestro equipo de trabajo”.
Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dio la instrucción de que “todos los vinculados al caso García Luna se les revisara su situación, se llevara a cabo una evaluación de en qué participaron, y que evitáramos nosotros tener en el Gobierno federal servidores públicos con esas características, que no estuvieran con nosotros”.
“Entonces, le he pedido al Secretario de Seguridad Pública actual que me haga una revisión de quiénes estuvieron y pueden estar con nosotros, porque se han quedado varios de las administraciones pasadas”, reiteró en su conferencia de prensa matutina.
Además, el mandatario mexicano reconoció que este tema “no sólo es un asunto de imagen, no es un asunto sólo de forma, es de fondo”. Frente a los medios de comunicación consideró que “lo peor que puede haber es la impunidad”.
“Imagínense que los encargados de garantizar la paz y tranquilidad estén involucrados con las bandas de la delincuencia, así no hay ninguna posibilidad, es sálvese quien pueda, pecho a tierra”, comentó.
EL JUICIO DE GARCÍA LUNA EN EU
La justicia federal de Estados Unidos se opuso el pasado 27 de febrero a que el ex Secretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares porque existe “un riesgo de fuga inaceptable” y debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza.
La audiencia de fianza para Genaro García Luna ha terminado. Ha sido enviado de vuelta a la cárcel por ahora debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza. Su abogado preparará un nuevo paquete de fianza pronto. El Gobierno dice que ningún paquete es lo suficientemente bueno y aún se opone a su lanzamiento”, reveló Alan Feuer, quien reporta para The New York Times desde la corte de Nueva York.
En su cuenta de Twitter, dio a conocer que César de Castro, abogado del ex colaborador de Felipe Calderón, expresó su deseo por conocer quiénes serían los presuntos “funcionarios mexicanos corruptos” que podrían ayudar a huir a su cliente.
“De Castro le dijo al Juez que nadie en el Gobierno mexicano se ha presentado para ayudar a GGL [Genaro García Luna]. ‘Hemos visto lo contrario’, dijo. ‘Hemos visto personas distanciarse de él’”, aseguró el periodista.
En una carta registrada en el juzgado a la que tuvo acceso EFE, el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumentó que la “combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el Juez (Brian) Cogan” y solicitó que se le mantenga detenido.
El Fiscal señaló que García Luna “tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo” porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad, y además “la fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado” con nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía, dijo su titular en ese sentido, “ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.
Por otra parte, Donoghue argumentó que García Luna tiene “recursos poderosos en México”, donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como “funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado”.
El Fiscal recordó que Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta el ex Secretario mexicano, estuvo fugitivo en México durante quince años y Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.
La Fiscalía señaló que el exministro mexicano ha dicho tener “dificultades financieras” como para no poder “cruzar la frontera con México conduciendo”, pero el Gobierno ha averiguado que en los últimos años “ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares”.
“La investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él”, agregó.
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