- Mucho coraje en Veracruz
Luis Velázquez/ Escenarios
Veracruz.- UNO. La matanza de Orizaba
Todo se derrumbó en un dos por tres. Incluso, “antes de que el gallo cantara tres veces”.
Todo el prestigio acumulado en los dos últimos años con las juntas dominicales de cada semana para dar seguimiento a la política de seguridad quedó descarrillado una madrugada cuando en Orizaba los policías asesinaron a dos hermanos.
Masacre, matanza, genocidio, le han llamado los vecinos y los amigos y los familiares en las redes sociales.
Todos los méritos ganados en el campo de la batalla moral para encarcelar a los policías duartianos acusados de desaparición forzada quedó a la deriva.
Valió.
La euforia y el triunfalismo declarado cada vez que detenían a una banda de malhechores, carteles y cartelitos, capos, sicarios, pistoleros y halcones, reducida a las cenizas, al polvo, a la nada, y la nada es, cuando en el pueblo mágico de Orizaba (mágico, ajá), con una estatua al dictador Porfirio Díaz Mori, unos policías asesinaron a dos hermanos, sin deberla ni temerla.
Dos hermanos asesinados con alevosía, ventaja y premeditación.
Y la entrada del gobernador Yunes y del presidente municipal, Igor Fidel Rojí López, a la historia, será por las cañerías sucias y asquerosas.
Y si en ellos existe grandeza de espíritu y voluntad de estadistas para trascender en la tarea de gobernar y ejercer el poder fueron incapaces de transmitir y contagiar la vocación social a los elementos policiacos.
Se dirá, claro, que fueron policías municipales los asesinos (ya van catorce detenidos) y por añadidura, el alcalde, solito, con su director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, acusado de alterar la escena del crimen, apechugan la masacre.
Claro, pero sean policías municipales o estatales o anexos, conexos y similares, el capitán del buque estatal se llama Miguel Ángel Yunes Linares, y es el jefe máximo de la revolución azul convertida en gobierno.
Por lo pronto, seis policías quedaron ya presos durante dos años, en tanto cayó Juan Ramón Herebia, pero con una licencia por solo, solo, solo noventa días.
DOS. Gobernadores a prueba
La Procuraduría General de Justicia de la República, PGR, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, han entrado al quite.
El descrédito político cae sobre Yunes y Rojí.
Claro, también sobre el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.
Y del secretario General de Gobierno, el autista político Rogelio Franco Castán, encargado de la política interior y del buen gobierno.
Ernesto Pérez González, uno de los hermanos asesinados, era odontólogo. Ramón, su hermano, profesor. De 31 y 33 años.
Carismáticos, tranquilos, pacíficos.
Incluso Román, jugador de basquetbol, marista.
El jueves 1 de noviembre, en la madrugada, la tragedia. La saña policiaca en contra de ellos.
La población de Orizaba ha caminado en las calles y avenidas. Claman justicia como tantos jarochos de norte a sur y de este a oeste.
Por menos, el presidente Luis Echeverría Álvarez congeló durante tres meses al gobernador Rafael Hernández Ochoa, cuando la matanza de siete campesinos en Martínez de la Torre a manos de los pistoleros de la familia Aramburo por invadir un terreno.
Y aun cuando Hernández Ochoa “ni la debía ni la temía” estuvo a punto de la destitución, dado el acoso de Vladimir Bonfil, Augusto Gómez Villanueva, Celestino Salcedo Monteón y Félix Barra García, líderes campesinos y secretario de la Reforma Agraria, al presidente de la república.
Por eso, de entrada, el director de Gobernación ha de ser renunciado y llevado a proceso penal por alterar el lugar de los hechos.
Y desde luego, el presidente municipal, jefe máximo de la corporación policiaca.
Un día después de la masacre en Orizaba, en Omealca, a un ladito, un comando armando rafagueó una vivienda en la localidad Miguel Hidalgo y asesinó a un niño de 7 años de edad y a su padre, en tanto una mujer quedó lesionada.
Fueron, claro, malandros y que es su forma de vivir, y ni hablar, al momento, ningún detenido.
Pero en el caso de los hermanos asesinados en Orizaba, caray, la policía es la culpable.
A veintinueve días de terminar el mandato constitucional a Miguel Ángel Yunes Linares.
Rafael Hernández Ochoa tuvo su talón de Aquiles en Martínez de la Torre.
Agustín Acosta Lagunes, con “La Sonora Matancera”.
Fernando Gutiérrez Barrios, su prueba de fuego con la masacre de una familia (tiro de gracia a todos, incluida un bebé) en Huayacocotla a cargo del cacique Luis Rivera Mendoza.
Dante Delgado Rannauro, con el encarcelamiento del director de Tránsito de Gutiérrez Barrios, David Varona.
Patricio Chirinos Calero, con el violador quemado vivo en la sierra del Totonacapan.
Miguel Alemán Velasco, con los 29 muertos del mercado Hidalgo, en el puerto jarocho, un fin de semana.
Fidel Herrera Beltrán, cuando los Zetas presos en el penal de Pacho Viejos, se amotinaron.
Javier Duarte, con las cuatrocientas empresas fantasmas creadas en el sexenio y la desaparición forzada.
Yunes Linares, con la masacre de los hermanos en Orizaba escenificado por policías municipales, cierto, pero le llega de rebote.
Justicia, pronta y expedita, ya, ya, ya, clama la población de Orizaba.
No hay vuelta de hoja y caer en el tortuguismo burocrático son razones de sobra para incendiar la pradera.
TRES. Mucho coraje en Veracruz
Hay coraje y sublevación social en Orizaba.
La misma de cuando cuatro niños fueron asesinados en una colonia popular de Coatzacoalcos y un niño y su maestra en Tantoyuca y dos niñas en Córdoba.
La misma de cuando dos menores de edad, niñas, fueron ejecutadas en un fuego cruzado en Río Blanco.
La misma de cuando tres edecanes y modelos de Amatlán de los Reyes y Córdoba desaparecieron y días después sus cadáveres aparecieron en una fosa clandestina.
La misma de cuando una mujer de 24 años fuera asesinada de cuarenta puñaladas en Córdoba en un hotel, se dijo, de paso.
Hay mucho dolor y sufrimiento en los hogares de Veracruz y que alcanza hoy su dimensión estelar cuando el Solecito, integrado con madres con hijos desaparecidos, buscará fosas
clandestinas en el Km. 13.5, en el puerto jarocho, luego de las fosas de Colinas de Santa Fe, las más grandes de América Latina.
La destitución del director de Gobernación de Orizaba y los policías municipales y otros más es insuficiente.
Han de ser llevados a proceso penal.
Ahí se conocerá la estatura de Jorge Wínckler como fiscal, el fiscal que se ha pitorreado de los derechos humanos en Veracruz, soberbio y ególatra (enamorado de sí mismo) como es y ha sido, con todo y que los 29 diputados locales de MORENA (que hoy tomarán posesión) le han avisado de un inminente juicio político para su destitución.
