Por Rodrigo Carbajal
EEUU.- Los primeros 100 días de la administración de Donald Trump han servido de poco para aclarar cual será el futuro de la política comercial de Estados Unidos, particularmente en lo que respecta al enfoque que asumirán en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La volatilidad del peso mexicano, la moneda emergente más operada a nivel global, es una prueba fehaciente de que la agenda comercial de este gobierno se ha limitado a la retórica y al envío de señales mixtas que agravan la incertidumbre.
Robert Lighthizer, nominado por el presidente Trump para dirigir la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, aún no ha sido ratificado por el pleno del Senado.
El episodio del pasado miércoles deja claro que las disputas internas de la Casa Blanca y la debilidad política de la administración de Trump son factores que explican la parálisis comercial del gobierno estadounidense.
El miércoles por la noche, el presidente Trump sostuvo una conferencia telefónica con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Trump aclaró que Estados Unidos no pretende salir del TLCAN, sino mejorarlo. No obstante, advirtió que su país está listo para retirarse del acuerdo en caso de que las negociaciones no deriven en cambios significativos.
Esto, luego de que un funcionario de la Casa Blanca filtró a la prensa estadounidense que la administración de Trump estaba considerando una orden ejecutiva para pedir la salida de Estados Unidos del acuerdo trilateral.
Ayer, el presidente Trump reiteró que salir del TLCAN sería un shock de alto impacto, por lo que su gobierno buscaría privilegiar el camino de las negociación entre los socios comerciales.
En menos de 24 horas, el poder ejecutivo cambió radicalmente su postura. En primera instancia, la filtración marcó una separación del único estatuto oficial que había sido emitido en este sentido, un borrador de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre los lineamientos de negociación que la administración de Trump aspiraba a seguir.
El documento hacía referencia a la expectativa de hacer cambios superficiales al TLCAN, muchos de ellos previamente negociados en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
De hecho, el tema de mayor relevancia al que alude este borrador fue el del fortalecimiento de las reglas de origen del TLCAN, es decir la proporción del contenido de un producto de exportación que debe ser manufacturado en la región.
Riesgo comercial
En medio de un mar de retórica, a veces favorable, a veces desfavorable para el status quo de libre comercio; destacan tres órdenes ejecutivas que representan el componente más concreto de la política comercial actual de Estados Unidos.
La primera, emitida en los primeros días de gobierno, en la que se ordenó la salida de Estados Unidos del TPP, el proyecto cumbre de política comercial de la administración de Barack Obama, que incluía la liberalización arancelaria a gran escala de 12 países de la Cuenca del Pacífico.
La segunda y la tercera, más recientes, se refieren a investigaciones sobre el peligro que pudieran representar las importaciones de acero y de aluminio para la seguridad nacional.
Chad Bown, investigador del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés), advierte que usar el argumento de la seguridad nacional marca un precedente peligroso para el sistema comercial global que está basado en reglas. Argumenta que la Organización Mundial de Comercio (OMC) prohíbe a sus países miembros la aplicación unilateral de aranceles, salvo que éstos se implementen a partir de un motivo de seguridad nacional.
En ese caso, el gobierno estadounidense tendría que hacer referencia a la Ley de Expansión Comercial de 1962, la cual jamás ha sido invocada. Expertos legales aseguran que esto abriría una caja de Pandora, ya que se desconocen los alcances jurídicos de esta medida, la cual podría llegar a justificar cualquier alza arancelaria, neutralizando por completo a la OMC.
Esto situaría a México en una gran desventaja para negociar el TLCAN.
Las autoridades mexicanas han dejado claro que están preparadas para dejar el acuerdo si las exigencias de Estados Unidos se tornan excesivas. Este argumento descansa en que, sin el TLCAN, la relación comercial estaría regida por las reglas de la OMC.
En ese caso, dada su condición de nación menos favorecida, México estaría sujeto a aranceles que, en su mayoría, no superarían el umbral del 5 por ciento.
En efecto, la OMC es la última línea de defensa de México en materia comercial.
El 80 por ciento de las exportaciones mexicanas, uno de los pocos motores de crecimiento, estaría en alto riesgo en un escenario con una OMC neutralizada.
Riesgo político
Las condiciones políticas, tanto en México como en Estados Unidos, vuelven urgente la negociación inmediata del TLCAN para ambos gobiernos.
El presidente Trump tiene la facultad de sacar a Estados Unidos del acuerdo comercial, pero necesita el visto bueno del Congreso para su renegociación. De tal suerte, si persisten las derrotas políticas de la administración de Trump, el riesgo que se tomen medidas viscerales en materia comercial se incrementa.
El poder ejecutivo ha enfrentado obstáculos para empujar su agenda en el poder legislativo. El caso del TLCAN no ha sido la excepción.
Por otra parte, existe un consenso implícito en Washington y en la Ciudad de México de que lo ideal sería terminar las negociaciones del TLCAN antes de que empiece el proceso electoral de México en 2018.
