VICENTE BELLO
En la conferencia mañanera de ayer, el gobierno de la República hizo un recuento inédito –no visto en otros sexenios- sobre jueces que presuntamente están coludidos con criminales y delincuentes. En voz del subsecretario de Seguridad Pública, general Luis Rodríguez Bucio, la presidencia de la República dijo:
“El día de hoy toca ver a jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Tenemos cinco casos de jueces con denuncia penal y/o queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ocho casos cuyas resoluciones fueron impugnadas por el ministerio público y algunas resueltas favorablemente por el Tribunal de Alzada.
“Ocho casos de magistrados y jueces que ante la comisión de delitos graves se oponen a la aplicación de la Prisión Preventiva Oficiosa como medida cautelar. El caso del secuestro, tortura y asesinato de Juan Francisco, hijo del poeta y activista social Javier Sicilia.
“El primer caso es el juez de control en Querétaro Eduardo Alberto Osorio Rosado, cuya actuación ha motivado la presentación de una denuncia penal en su contra por el delito contra la administración de la justicia y dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. 52 de sus resoluciones han sido contrarias a la solicitud del ministerio público.
“Del análisis de sus resoluciones muestra el siguiente desempeño: La mayoría de los delitos juzgados son del fuero federal, como posesión de armas de fuego, tráfico de personas, hidrocarburos, contra la salud y robo de autotransporte de carga.
“Destaca que de los 52 casos, en 29 determinó no vincular a proceso penal; en 11 ordenó cambio de medida cautelar para sustituir la prisión preventiva oficiosa; en seis calificó de ilegal la detención; en cuatro declaró sentencia absolutoria, y en dos ordenó la reclasificación del delito.
“Siguiente caso: el juez de control en Coahuila José Luis Hernández Hernández, de cuya actuación se ha motivado la presentación de una denuncia penal y dos quejas ante el Consejo de la Judicatura.
“En relación con el caso de la tragedia de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, en la que quedaron atrapados 10 mineros, el juez decretó la no vinculación a proceso de dos imputados por el delito de explotación ilícita de bienes nacionales.
“Del análisis de sus resoluciones, se muestra el desempeño siguiente: el 7 de julio de 2023 decretó el sobreseimiento en favor del acusado Luis N, socio de la empresa minera, quien se encontraba vinculado a proceso.
“El ministerio público solicitó que el juez se excusara de conocer del caso por intereses personales, situación que fue reconocida por el Tribunal de Alzada.
“El 16 de agosto de 2023, dicho Tribunal de Alzada determinó que un nuevo juzgador retomara el caso.
“Caso tres. El juez de control en Guanajuato José Jesús Rodríguez Hernández: Por su actuación se han presentado dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. 80 de sus resoluciones han sido contrarias a la solicitud del ministerio público.
“En 39 casos determinó no vincular a proceso penal; en 34 calificó de ilegal la detención; en siete declaró sentencias absolutorias.
“Todos los casos están relacionados con delitos graves, como acopio de armas, contra la salud o delincuencia organizada. Se le han hecho señalamientos de excederse en sus competencias al modificar penas solicitadas por el ministerio público en procedimientos abreviados. En audiencias públicas ha emitido expresiones ofensivas en contra de los fiscales por no solicitar menor tiempo de castigo a los acusados.
“Caso cuatro. El juez de control en el estado de México Daniel Ramírez Peña: Su actuación dio inicio a una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, ya que el 29 de junio de 2023 dictó sentencia absolutoria a favor del ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien en 2011 recibió tres depósitos por más de 12 millones de pesos, los cuales no correspondían a sus ingresos laborales.
“Siete resoluciones de este juez han sido contrarias a la solicitud del ministerio público, de las cuales en cuatro casos determinó no vincular a proceso penal; en dos calificó de ilegal la detención, y en un caso declaró sentencia absolutoria.
“Del análisis de sus resoluciones, se muestra el siguiente desempeño: en 2019, el ex magistrado Avelar Gutiérrez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 20 de febrero de 2023 fue confirmada su destitución como magistrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“El juez Ramírez Peña se ha inclinado por beneficiar a los acusados al momento de imponer las penas, incluso en procedimientos abreviados, por el delito de huachicol en el que, el pasado 2 de junio, pretendió que la Fiscalía redujera a ocho años la solicitud de sanción de 11 años y cuatro meses de prisión que se le había ofertado a un imputado.
“Caso cinco. El juez de control en Michoacán Óscar Antonio Madero González: Su actuación ha motivado la presentación de una denuncia penal en su contra por dictar resoluciones contrarias a los intereses de la justicia.
“Quince de sus resoluciones han sido contrarias a la solicitud del ministerio público, de las cuales en 11 casos este juez determinó no vincular a proceso penal; en dos calificó de ilegal la detención, y en dos más declaró sentencias absolutorias.
“Entre todos estos casos, destaca el relativo a la investigación de un hombre por el delito de proporcionar datos o avisos falsos ante el registro Federal de Contribuyentes (mintió al SAT). No obstante que se le presentaron las pruebas suficientes decidió resolver a favor del imputado”.
Seguía Bucio. Faltaban ocho jueces. (Continuará)
