Luis Velázquez
Oaxaca, México.- Uno. La reportera estrangulada
Se cumplirán cinco años del estrangulamiento de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez. Y a casi cinco meses de iniciada la Yunicidad, ni su caso ni de los 18 reporteros ejecutados ni de los tres desaparecidos ha sido reabierto. Claro, se mira difícil que revisar los expedientes deje votos. Tampoco deja sufragios hacer justicia a los familiares de los desaparecidos.
Por el contrario, la Fiscalía de la venganza alardea. Por lo pronto, tiene presos a cuatro exduartistas: Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac, Francisco Valencia y Flavino Ríos. Y a dos más, persigue por oficio. Carlos Aguirre Morales y Leonel Bustos.
Y de ñapa, quizá, digamos, como una especie de calambre de cara a la elección municipal, da seguimiento a 67 denuncias en contra de duartistas. Más 777 carpetas de investigación rastreando el lodazal de trescientos ex funcionarios públicos que incluyen, entre otros, a fidelistas.
Así, la Fiscalía está vedada. Arrastra una carga demasiada pesada. Y en un descuido, ni hay personal suficiente ni tampoco recursos.
Y por añadidura, reabrir los expedientes de los reporteros y personas secuestradas, desaparecidas y ejecutadas se hunde en el limbo.
¡Ah!, pero si en el mes de diciembre, la Yunicidad premió a los colectivos y solecitos con la medalla “Adolfo Ruiz Cortines”, la Universidad Veracruzana, mejor dicho, la doctora Sara Ladrón lanzó incienso, más que a los familiares de las víctimas, al Yunismo, haciéndole juego.
También, claro, condecoró a los colectivos.
En el fondo, el apapacho populista. Intrascendente. Simple fuego artificial.
Incluso, ha de preguntarse si el hecho de que algunas madres de familia viajaran a Guatemala para exhibir la manta clamando justicia ante la cárcel militar donde está preso Javier Duarte generaría algún resultado.
Mucho se teme que sólo el show, digamos, político y social, acaso mediático.
Tan es así que Duarte y los suyos (Arturo Bermúdez, por ejemplo) están acusados de todos los delitos imaginables.
Enriquecimiento ilícito. Incumplimiento del deber. Peculado. Delincuencia organizada. Lavado de dinero.
Pero…
Pero ninguno tiene una denuncia penal por desaparición forzada, “el delito de lesa humanidad” que ocurre cuando los servidores públicos (los policías, en alianza con los políticos) secuestran y asesinan y/o entregan a las personas a los malandros.
Por eso, ninguna esperanza de que antes de que la Yunicidad termine el bienio habrá justicia en el caso de Regina Martínez ni tampoco de los 18 trabajadores de la información ejecutados ni del trío de diaristas desaparecidos.
Dos. La muerte de la esperanza
En su conjunto se trata de un atropello a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.
¡Ah!, los derechos humanos, materia pendiente en Veracruz cuando, caray, Suetonio en “Los doce Césares” ya habla de ellos.
Más aún, en el relato bíblico los derechos humanos van por delante, empezando, claro, por el derecho a la vida.
Y la justicia, como compañera insoslayable de vida.
Quedó claro: jamás, nunca a Javier Duarte ni a Arturo Bermúdez ni al ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras interesó garantizar el respeto a la vida.
Además del saqueo en que cayeron, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, etcétera, las partes se pitorreaban del dolor y el sufrimiento familiar.
Ahora, el peso de la carga histórica recae sobre el gobierno azul.
Por un lado, para garantizar la seguridad en la vida y en los bienes según lo preconiza el Estado de Derecho.
Y por el otro, hacer justicia. La justicia que el duartazgo siempre negó, tan ocupada como estaba en la rapiña y el saqueo.
Cinco meses después, el desencanto.
La cosita llamada por sus siglas CEAPP, en el limbo, sin asestar el manotazo para reabrir los expedientes de los reporteros asesinados.
La otra cosita en la LXIV Legislatura apodada igual (Comisión de Atención y Protección a Periodistas, María Josefina Gamboa, Rogelio Rodríguez y Agueda Salgado) ocupada en otros menesteres, luego de tantas cacayas y alharacas.
La Fiscalía, sólo para ajustar cuentas con el duartazgo, aun cuando el objetivo central se llama Fidel Herrera Beltrán, pues así, creen, se ganan elecciones.
Cinco años después de asesinada Regina Martínez ha de repetirse la misma frase de don Julio Scherer García, qepd, director fundador de Proceso a Javier Duarte:
“No les creemos”.
Y “no les creemos” porque ya se fueron cinco de los veinticuatro meses de la Yunicidad y el sufijo ha de cambiarse a Yunicidio, que en lenguaje llano significa la muerte de la esperanza.
Tres. Una vida truncada
La vida de Regina Martínez fue truncada. Su periodismo social quedó sólo en el recuerdo, de igual modo como el trabajo reporteril de los 18 periodistas asesinados y los tres desaparecidos.
Y lo peor: la justicia en el limbo.
Todos claman justicia. El gremio reporteril. Los activistas sociales. Y los familiares de los dieciocho mil desaparecidos en el sexenio anterior, entre quienes han de incluirse migrantes.
El colmo: la Yunicidad ya se manchó con un reportero más asesinado. Ricardo Monlui, el 19 de marzo en Yanga, y de cuyo expediente nada se conoce. Nada se sabe. Ningún trascendido.
Así empezó Javier Duarte el primero de junio del año 2011 cuando en Jáltipan fue secuestrado, desaparecido, asesinado y sepultado en fosa clandestina el primer reportero, Noel López Olguín.
Cinco años después, Veracruz declarado por ONG de todos los continentes “el peor rincón del mundo para el gremio reporteril”.
