* Indicadores delictivos presentados recientemente por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) destacan que durante 2018 se registraron 36 mil 685 homicidios en el país; mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, ocurrieron 28 mil 782, lo que indica que la cifra del año anterior podría rebasarse.
En todas las masacres cometidas en este sexenio se han empleado armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que entran de contrabando de Estados Unidos y otros países a México, para abastecer a las organizaciones criminales que en diversos territorios se encuentran en conflicto por el mercado negro de la droga y otros ilícitos como secuestro, extorsión y sustracción de hidrocarburos.
Por Luis Carlos Sáinz
Baja California, 24 de noviembre (Zeta).– A casi un año de iniciada la actual administración federal, se han registrado 53 masacres en México, en las que han fallecido por lo menos 411 personas y más de 90 resultaron lesionadas, de acuerdo con un recuento realizado por esta casa editorial de los hechos en los que un mínimo de cuatro personas han sido asesinadas por evento.
La más reciente apenas el jueves 21 de noviembre, cuando un comando emboscó a cinco policías en Fresnillo, Zacatecas.
Los homicidios múltiples ocurrieron en 16 entidades federativas, destacando por su violencia Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz. Los ataques se reportan en calles y avenidas de ciudades, en la sierra, carreteras, brechas, algunas viviendas y de manera muy preocupante en bares y centros de diversión.
Indicadores delictivos presentados recientemente por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) destacan que durante 2018 se registraron 36 mil 685 homicidios en el país; mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, ocurrieron 28 mil 782, lo que indica que la cifra del año anterior podría rebasarse.
En todas las masacres cometidas en este sexenio se han empleado armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que entran de contrabando de Estados Unidos y otros países a México, para abastecer a las organizaciones criminales que en diversos territorios se encuentran en conflicto por el mercado negro de la droga y otros ilícitos como secuestro, extorsión y sustracción de hidrocarburos.
Entre las 411 víctimas de los asesinatos múltiples de referencia, se encuentran 375 hombres, 20 mujeres y 11 niños. Entre los varones ultimados, se tiene el dato de que 23 eran policías, cinco custodios penitenciarios y siete elementos del Ejército Mexicano. Entre los más de 90 lesionados en los mismos hechos también hay por lo menos seis niños, y once policías estatales y municipales.
Los ataques masivos que han horrorizado a la sociedad mexicana se registran por igual en sitios cerrados que abiertos. Según datos recabados por ZETA:
* 12 de los hechos ocurrieron en calles y avenidas de ciudades.
* 11 en carreteras, caminos o brechas.
* 10 en bares citadinos.
* 5 en la sierra.
* 5 en ranchos o comunidades.
* 1 en una comandancia de Policía.
* 1 en una terminal de autobuses.
* 1 en un tianguis del automóvil.
La brutalidad de los grupos delictivos, muchos de ellos identificados, ha elevado la cuota de sangre y muerte en los estados con más agresiones. En 29 de las ocasiones los ataques armados de delincuentes tuvieron como blanco a personas de la sociedad civil, se reportaron siete confrontaciones entre grupos criminales organizados, una emboscada a militares y cuatro emboscadas a policías. Sin embargo, también en cuatro ocasiones el Ejército abatió a sus atacantes y policías eliminaron a presuntos delincuentes en cinco eventos. Otros dos hechos ocurrieron entre grupos de autodefensas.
Las masacres en bares son de espanto. Se tiene registro de 92 muertos y por lo menos 32 heridos en las agresiones en ese tipo de sitios de recreo. Guanajuato y Veracruz lideran la incidencia negativa en ese rubro.
El uso indiscriminado de armas de fuego se hizo sentir en bares y cantinas de las ciudades de Irapuato, Silao, Salamanca, Minatitlán, Coatzacoalcos, Tepalcatepec, Playa del Carmen, y Guadalupe en Zacatecas.
Aún no cesa el horror que causó el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 17 de octubre en Culiacán, cuando se replicaron balaceras que dejaron ocho personas muertas. Tampoco se pueden borrar las imágenes de los asesinatos de tres mujeres y seis niños de la comunidad LeBarón, el 4 de noviembre en la sierra de Bavispe, Sonora. Y en diversas partes del territorio nacional se siguen presentando homicidios múltiples.
Los hechos más recientes, son la emboscada del 8 de noviembre en la comunidad zapoteca de San Vicente Coatlán, Oaxaca, donde murieron cinco policías estatales y cuatro más fueron lesionados cuando realizaban labores de patrullaje a bordo de dos de sus unidades. Y los enfrentamientos entre militares y el Cártel del Noreste, el día 14 del mismo mes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con saldo de siete muertos, entre estos un soldado del Ejército Mexicano.
Y la última el jueves 21 de noviembre en Zacatecas, cuando cinco policías municipales de Fresnillo fueron emboscados por un comando en las inmediaciones del municipio de Calera.
Ni las autoridades federales, menos aún las locales, han podido revertir la espiral de violencia que se vive en sus territorios. Cabe mencionar que de los 16 estados que registran masacres, ocho son gobernados por funcionarios emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), tres por Acción Nacional (PAN), dos por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), uno por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), otro por Movimiento Ciudadano y uno por Partido Encuentro Social (PES).
GUERRERO Y MICHOACÁN
La nueva administración presidencial no tardó muchos días en ver los primeros brotes de violencia. El 10 de diciembre de 2018 ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios en la zona serrana de Petatlán, Guerrero, con saldo de seis hombres muertos. A partir de entonces y a la fecha Guerrero seguiría rindiendo cuota de sangre en balaceras y masacres.
El 27 de enero de 2019, grupos antagónicos de autodefensas chocaron en el camino a la comunidad de Paraíso de Tepila, en Chilapa. Cuando la Policía Estatal arribó al lugar, encontró dos camionetas baleadas con diez personas muertas a tiros y dos heridas. Meses después, el 21 de julio, durante el ataque a un bar en Acapulco, cinco hombres fueron asesinados y seis lesionados.
Por lo menos cuatro elementos del Ejército que realizaban tareas de erradicación de cultivos de droga, murieron acribillados en Guerrero, producto de una emboscada del llamado Cártel de la Sierra, el 24 de septiembre. Otro enfrentamiento, el 15 de octubre en Tepochica, municipio de Iguala, cargaría los muertos hacia el lado de presuntos delincuentes; 14 de los fallecidos fueron civiles y un militar. A los civiles les aseguraron 6 mil 329 cartuchos para siete diferentes tipos de armas de alto poder.
Un nuevo tiroteo entre civiles armados se reportó en Guerrero, pero en la comunidad de Pochahuizco, municipio de Zitlala, el 24 de octubre. El saldo fue de nueve fallecidos. Las víctimas estarían vinculadas al grupo delictivo Los Rojos, liderado por Zenen Nava Sánchez “El Chaparro”, quien se disputa el territorio con la organización Los Ardillos. En el lugar de la agresión había más de 50 casquillos percutidos de rifles de asalto.
En Michoacán ha ocurrido la mayor parte de los multihomicidios. Desde el registrado el 22 de febrero, cuando civiles y agentes de la Base de Operaciones Mixtas en Buenavista se agarraron a balazos en un intento por detener a Nicolás Sierra Santana “El Gordo”. Murieron nueve civiles y un mando militar.
Luego, el 2 de abril en Uruapan, cuatro hombres fallecieron tras un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado.
Uruapan se convirtió en tierra de muerte. El 22 de mayo hubo otra balacera entre Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la colonia Arroyo Colorado, cerca de la carretera hacia Lombardía, donde diez personas perdieron la vida y tres quedaron heridas. Dos días más tarde, dentro de una camionera incinerada que estaba a la orilla de la carretera El Durazno-Angahuan, fueron hallados cinco cadáveres calcinados. Para el 1 de junio, otros cuatro cuerpos sin vida y torturados se localizaron a un costado de la misma vía de comunicación, en la comunidad Las Cocinas.
El 25 de julio, en Uruapan, a las afueras de la funeraria San José mataron a tiros a siete personas y lesionaron a diez. Los presuntos autores fueron señalados como miembros de Los Viagras. Seis noches después, un grupo de sujetos armados arribó a las afueras de un domicilio de la colonia Infonavit Patria en la misma ciudad y asesinó a cuatro personas que se encontraban en un convivio.
El más dantesco hallazgo del sexenio se registró la madrugada del 8 de agosto, cuando autoridades dieron cuenta de los cadáveres de 19 personas colgadas y desmembradas en tres diferentes puntos de Uruapan, entre estos el Bulevar Industrial. Algunas de las víctimas eran miembros de la organización de Los Viagra. Fueron detenidas 14 personas, pero no se conoció la prosecución de las pesquisas.
En la comunidad de Loma Blanca, en Tepalcatepec, el 30 de agosto se reportó el enfrentamiento entre grupos delictivos con armas de alto calibre y granadas de fragmentación. Nueve sicarios muertos y once lesionados, el saldo de la refriega. El viernes 20 de septiembre cuatro personas murieron durante el ataque armado a un bar.
La más dolorosa de las masacres en Michoacán sucedió el 15 de octubre, cuando 13 policías estatales murieron y tres quedaron heridos, tras ser emboscados en El Aguaje, municipio de Aguililla. Los agentes iban a cumplimentar una orden judicial, cuando fueron atacados por unos 30 sicarios del CJNG que viajaban en camionetas blindadas. También realizaron la quema de varias patrullas, robo de armamento y dejaron narcomensajes. A un mes del hecho, el gobernador Silvano Aureoles asegura que ya hay varios detenidos.
El 3 de noviembre la muerte reapareció en Uruapan y en un tianguis del automóvil, cerca de la plaza de toros, sujetos armados asesinaron a cinco personas.
GUANAJUATO Y VERACRUZ
La guerra que sigue el CJNG en Michoacán también se traslada hacia Guanajuato, donde junto con su principal contendiente, el Cártel Santa Rosa de Lima, han protagonizado los más terribles episodios de violencia en la entidad del Bajío. El 19 de diciembre de 2018, durante dos ataques a tiros en bares de Irapuato y Silao, seis personas murieron. Mientras que el 20 de febrero de 2019, cinco personas fueron asesinadas y dos quedaron heridas cuando un comando irrumpió en una vivienda de la comunidad Veta de Ramales, en Silao.
La madrugada del 9 de marzo, en el bar La Playa Men’s Club de la colonia San Roque, en Salamanca, quince personas murieron y cinco resultaron lesionadas en un ataque a balazos por parte de un grupo armado que irrumpió en el establecimiento y disparó a clientes y empleados. El hecho fue atribuido al CJNG.
Durante un ataque en la comunidad San Antonio Calichar, municipio de Apaseo el Alto, ocho personas murieron y cuatro fueron heridas el 6 de abril. Entre los muertos estaba un menor de edad. Se supo que un comando armado llegó al mediodía a la localidad y disparó contra los habitantes y dos vehículos.
El 2 de agosto, en un sorpresivo ataque a la Comisaría de Policía del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, cinco personas murieron. A través de un video difundido en redes sociales, integrantes del CJNG acusaron a Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, de estar detrás del hecho registrado en los separos de la Policía Municipal.
Un nuevo multihomicidio en Salamanca, perpetrado el 10 de octubre, dejó cinco hombres muertos. Los hechos ocurrieron en un bar conocido como Raymond, donde según testigos, hombres armados llegaron a bordo de automóviles y motocicletas, acribillando a los ocupantes del establecimiento.
Veracruz es otro de los focos rojos del país. En Minatitlán, el viernes 19 de abril, sujetos empistolados irrumpieron en el salón de fiestas La Potra de la colonia Obrera, para acribillar a los asistentes. Murieron 14 personas, entre ellas mujeres y un niño de un año de edad. Las autoridades establecieron la línea de investigación de una venganza entre Los Zetas y el CJNG. Hubo dos sospechosos detenidos.
El 16 de mayo, cinco personas fueron asesinadas y cinco quedaron malheridas en un ataque armado en la comunidad de Tuzamapan, municipio de Coatepec, Veracruz. Doce sicarios llegaron a un puesto de venta de limones y dispararon en una presunta venganza.
El 27 de agosto ocurrió la mayor masacre en el país, al ser incendiado intencionalmente el bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos. Por lo menos 30 personas murieron, entre ellas diez mujeres. Otros de los fallecidos eran dos marinos de un barco petrolero que había atracado en el puerto días antes. Los familiares de las víctimas, entre ellos bailarinas, barman, meseros y guardias de seguridad, solicitaron medidas cautelares al recibir amenazas de muerte. Como presunto autor del ataque se identificó a Ricardo “N” alias “La Loca”, de 29 años.
DEL SURESTE AL NORTE
En el bar Las Virginias de Playa del Carmen, Quintana Roo, una balacera dejó un saldo de siete personas muertas y una lesionada la noche del 6 de enero. Por lo menos cuatro personas con armas largas irrumpieron en el antro y sin mediar palabra dispararon en varias ocasiones contra los clientes. El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Capella, aseguró que el ataque está presuntamente relacionado con el narcomenudeo. Dos días después se informó de la detención de cinco sujetos relacionados con el hecho.
Otra balacera en una cervecería de Playa del Carmen, la noche del 13 de mayo, tuvo resultados menos funestos que la anterior. Sin embargo, hubo un muerto y once lesionados. Tres días después, en el estacionamiento del bar La Gota del mismo destino turístico, fue localizado sin vida el reportero Francisco Romero, mejor conocido como “El Ñaca”, quien presentaba diversos golpes, así como un impacto de bala en la cabeza.
El 9 de enero, miembros del Ejército localizaron 21 cuerpos -17 de estos calcinados- y cinco camionetas incineradas en el Ejido Refugio Hinojosa, municipio Miguel Alemán, Tamaulipas. Trascendió que el hallazgo fue producto de un enfrentamiento entre el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.
En la autopista a Nuevo Laredo, el 9 de marzo elementos del Ejército y hombres armados se enfrentaron a tiros con un saldo de seis civiles muertos. Presuntamente los soldados repelieron una agresión de los sujetos armados que se desplazaban a bordo de por lo menos diez vehículos. El 15 de agosto, un enfrentamiento entre policías de Tamaulipas y hombres armados dejó otros seis presuntos delincuentes fallecidos, en una brecha del municipio de San Fernando, a la altura del poblado González Villarreal.
El 27 de agosto hubo dos balaceras en Nuevo Laredo entre la Policía Estatal y el grupo criminal identificado como La Tropa del Infierno. Los uniformados abatieron a once de los presuntos delincuentes. También durante la primera semana de septiembre, policías estatales sostuvieron un enfrentamiento con civiles armados en Nuevo Laredo. Hubo ocho personas muertas, todas civiles. Se investiga una posible ejecución extrajudicial.
En la colonia Loma Linda de Saltillo, Coahuila, un enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados dejó un saldo de nueve presuntos criminales muertos y dos policías heridos el 27 de abril. La balacera duró aproximadamente hora y media en un domicilio.
El 19 de mayo, en el Ejido La Florida, municipio de Múzquiz, Coahuila, se registró un tiroteo entre policías estatales y presuntos delincuentes que dejó por lo menos seis civiles armados muertos y un policía gravemente lesionado. La balacera ocurrió cuando las autoridades instrumentaban un operativo luego de que miembros de la delincuencia organizada habían baleado el edificio de la delegación de la Fiscalía General de Justicia de San Juan de Sabinas.
El 26 de agosto, tres niñas de 4, 13 y 14 años, además de un hombre de 25 años, fueron asesinados a balazos en un rancho de la colonia Riberas del Bravo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas estaban en compañía de sus padres dentro del rancho, cuando un grupo de hombres armados ingresó y abrió fuego contra los presentes, llevándose al padre de las menores. La Fiscalía Estatal señaló que el multihomicidio tiene que ver con una venganza entre bandas del crimen organizado.
El lunes 4 de noviembre, en la sierra de Bavispe, Sonora, en una de las más terribles masacres que se recuerden, sicarios asesinaron a tres mujeres y seis niños de la comunidad LeBarón, de ascendencia mormona, que viajaban a bordo de tres camionetas Suburbana. Otros seis infantes resultaron lesionados. El gobierno aseguró que las primeras investigaciones apuntan a que la masacre se trató de una confusión; sin embargo, para los familiares de las víctimas fue un ataque directo. Un sujeto fue detenido en Agua Prieta en poder de un arsenal, pero no se ha confirmado su participación en la masacre.
Actualmente agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos apoyan en las investigaciones y trabajan en la zona donde se registraron los homicidios.
DEL CENTRO AL OCCIDENTE
Una agresión a balazos ocurrida el 17 de febrero en Iztapalapa, Alcaldía de Ciudad de México, dejó siete fallecidos y cuatro lesionados. El ataque se registró en calles de la zona suroriente, donde un grupo armado disparó contra personas que se encontraban frente a la iglesia del pueblo de Culhuacán. Se presume que el embate tiene relación con el narcomenudeo.
El 10 de mayo, en el municipio de Puente de Ixtle, Estado de Morelos, fue atacado a balazos el autobús de personal del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 femenil de Coatlán del Río, que transportaba a 14 custodios que festejarían el Día de la Madre. Un sujeto que descendió de un vehículo rojo aprovechó que la unidad oficial se detuvo en el Monumento a la Madre y disparó contra el personal. La agresión tuvo un saldo de cinco muertos, dos de ellos mujeres, además de tres lesionados.
Otras dos agresiones ocurrieron en Morelos en septiembre. Primero en la terminal de autobuses Estrella de Oro acribillaron a cinco personas y el día 20, en una casa de Cuernavaca, mataron a otras seis.
En Coquimatlán, Colima, el 8 de marzo una balacera dejó cuatro personas muertas y una herida. Sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia La Cazumba y abrieron fuego contra los cinco hombres, para después escapar.
El 21 de junio, en un bar de Guadalupe, Zacatecas, se registró una agresión armada que causó la defunción de cinco personas y lesiones en otras seis. Según la Secretaría de Seguridad Pública, un comando armado abrió fuego contra quienes se encontraban en el bar Bohemio.
En Jalisco, el 8 de febrero ocurrió un enfrentamiento a balazos en Tlajomulco, luego que hombres armados agredieran a personal del área de Homicidios Intencionales de la Fiscalía. El resultado del tiroteo en el exterior de una tienda departamental del fraccionamiento Hacienda Santa Fe, fue de cinco presuntos delincuentes muertos, ningún policía resultó herido.
El 6 de noviembre, en una brecha del municipio de Tonalá, fueron encontrados los cadáveres de siete personas dentro de tres automotores con impactos de armas de fuego. Los fallecidos, del sexo masculino, aparentaban una edad entre los 21 y 40 años.
INVESTIGACIONES
En muy pocos de los asuntos existen personas detenidas, aunque en más de la mitad las autoridades tienen pistas sólidas de los grupos agresores y tienen identificados a algunos de los participantes en las masacres, sobre todo en las ocurridas en bares de Veracruz y Guanajuato.
Sólo en cinco de los casos se cuenta con detenidos:
* 14 sospechosos de participar en los hechos de los cuerpos colgados en Uruapan.
* 2 procesados por la masacre en el salón de fiestas de Minatitlán.
* 5 detenidos por el atentado en el bar Las Virginias de Playa del Carmen.
* Un número indeterminado de sospechosos de la emboscada a policías estatales en Aguililla.
* Un investigado por los asesinatos de niños en la sierra de Sonora.
En otros asuntos, en los que la Policía o el Ejército abatieron a la totalidad de sus agresores, se establecieron los grupos criminales a los que pertenecían. De igual forma, cuando se enfrentaron miembros de diversos cárteles. Sin embargo, se desconoce la cantidad de órdenes de aprehensión que pudiese existir, en caso de que ya se haya ejercitado acción penal por otros de los ataques armados.
No solo se investiga a presuntos sicarios, también a policías y militares que, como en los casos de Tamaulipas, existen algunas dudas sobre el legítimo uso de la fuerza que argumentaron para víctimas a los supuestos atacantes; situación de la que está al pendiente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo menos en el caso de ocho muertos en Nuevo Laredo a manos de policías estatales a principios de septiembre.
