Orizaba, Ver.- La justicia no es aplicable como debería ser, pues muchas veces se castiga a personas inocentes y se absuelve a delincuentes, señaló el vocero de la Diócesis de Orizaba y rector del templo de Nuestro Señor del Calvario, Helkyn Enríquez Báez, tras el anuncio de la liberación de los dos presuntos asesinos de Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo Hipólito Reyes Larios.
El párroco quien se dijo respetuoso de las instituciones y procesos, expuso que el caso mantiene dudas sobre el proceso que se siguió. “Sabemos que no siempre se transparentan esos procesos y muchos de estos no son reales”.
Dijo que aun y cuando la familia de Karina otorgó el perdón ante Dios, tienen derecho a pedir justicia “dice el Papa que la misericordia es antecedida por la justicia”.
Es de mencionar que un Juez de Distrito de Boca del Río concedió la libertad a los dos sentenciados por el secuestro de la joven de 23 años -hija de Luis Reyes Larios, dueño de una de las rectorías de la UGM y hermano del arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios y del alcalde de Ciudad Mendoza Melitón reyes Larios.
Los dos detenidos, permanecían en el penal de mediana seguridad de La Toma desde 2008, Jorge Rojas fue liberado bajo el número de amparo 290/2017 y Julio César bajo el juicio de amparo 279/2017, promovido ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito de Boca del Río.
Karina Reyes Luna fue plagiada el 12 de junio de 2008 y tres días después el domingo 15 de junio unos campesinos encontraron su cuerpo envuelto en bolsas negras de plástico, maniatada y en posición fetal en la localidad de Azumbilla, Puebla sobre la carretera Tehuacán-Ciudad Mendoza.
Los acusados Jorge Rojas Martínez, vecino y originario de Río Blanco, permaneció 10 años en prisión; y Julio César Sánchez, 9 años, ambos por el delito de homicidio y secuestro, fueron detenidos en compañía de Miguel Ángel Mateo Escamilla, exempleado del Ayuntamiento de Nogales y vecino de esa localidad, quien obtuvo su libertad el 8 de julio de 2016, al no haber pruebas fidedignas de su culpabilidad. Los tres detenidos habían sido sentenciados a 65 años de prisión.