Ciudad de México — Una fría noche de diciembre de 2009, tres integrantes de una familia fueron secuestrados en el estado de Chihuahua por un grupo de hombres armados que vestían uniforme militar; nunca se les volvió a ver.
Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, está examinando por primera vez las desapariciones de los tres civiles: Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes.
Su historia es parte de un caso que la corte —un órgano judicial independiente con autoridad legal en México— escuchó durante dos días y que concluyó el 27 de abril. Involucra acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares mexicanos durante operaciones oficiales que comenzaron hace más de una década para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
El caso trae a la luz el impacto a gran escala que la militarización de la seguridad pública ha tenido en grandes regiones del país desde que las tropas fueron movilizadas por primera vez para realizar operativos antinarcóticos en 2006.
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“Mi familia es solo un caso de desaparecidos. Pienso que somos la voz de todos los mexicanos que han pasado por la misma situación, pero que muchos por miedo no denuncian”, dijo en una entrevista Mitzi Alvarado, hija de Nitza. “En este sentido, la verdad y la justicia para nosotros significa justicia y verdad para todos los desaparecidos de México”.
Mientras los familiares esperan el fallo, el país enfrenta uno de los periodos más mortíferos en la historia reciente y un Ejército con mayor poder es responsable de combatirlo. Cifras oficiales muestran que el año pasado la tasa de homicidios fue la más alta registrada hasta la fecha, la cual supera el derramamiento de sangre experimentado durante el punto crítico de la guerra contra las drogas, en 2011.
En diciembre, cuando México aprobó la Ley de Seguridad Interior, a través de la cual se legitima el papel de los militares en la lucha contra el narco, creó indignación en las Naciones Unidas, así como entre grupos de derechos humanos locales e internacionales. Los opositores advirtieron que la medida conduciría a abusos, dejaría de manera indefinida a los soldados en las calles y militarizaría las actividades policiales en el futuro cercano.
Las fuerzas armadas rechazaron hacer declaraciones; sin embargo, el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha defendido públicamente a los militares al afirmar que es la única institución que efectivamente se enfrenta al crimen organizado. A medida que la violencia vinculada con el narcotráfico se ha disparado en los últimos años, Cienfuegos ha solicitado al gobierno federal en repetidas ocasiones un marco legal que proteja a su personal, alegando que hoy es más necesario que nunca.
“Hoy los delitos son de otro nivel e importancia, involucran a muchas personas, a veces hasta familias, y nosotros estamos sin un marco legal”, sostuvo Cienfuegos en un evento público en marzo. “Así, nos impiden ayudar”.
Otras personas que apoyan esta ley, incluidos el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios del gobierno federal, han argumentado que la legislación regularía las operaciones militares y ofrecería certeza legal tanto a las fuerzas armadas como a la población al dejar en claro las tareas, límites y obligaciones de los soldados. Este marco legal, afirman, ha estado ausente desde hace un largo tiempo.
De acuerdo con las estimaciones del gobierno, 32.000 personas han desaparecido en México desde 2006, ausencias que han dejado una herida indeleble en familias de todo el país. Miembros de las fuerzas de seguridad son sospechosos por algunas de esas desapariciones, aunque muchas otras supuestamente son obra de los cárteles del narcotráfico.
El fracaso de México para investigar estos casos ha dejado a personas como las que integran la familia Alvarado buscando respuestas de manera desesperada, pero sin ningún lugar al cual puedan acudir.
El fallo de la corte en el caso de los Alvarado, que se espera para los próximos meses, podría influir en otro caso analizado por la Suprema Corte de Justicia de México: la controversia constitucional planteada sobre una ley que, según señalan sus críticos, refuerza el papel de los militares en el cumplimiento de trabajos que corresponden a la policía en las calles.
Durante los dos gobiernos anteriores en México, el papel del Ejército ha aumentado para incluir operaciones contra los cárteles, así como para realizar labores policiacas. Al mismo tiempo, han surgido denuncias formales presentadas por civiles ante varias agencias gubernamentales por acusaciones de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
No obstante, a medida que se acumulan las acusaciones por crímenes graves contra soldados y policías, los militares permanecen prácticamente intocables, protegidos por gobiernos dispuestos a mantener el Estado de derecho mediante la única fuerza que parece capaz de enfrentarse a los grupos del narcotráfico.
Los tres miembros de la familia Alvarado fueron secuestrados de Ejido Benito Juárez, un pequeño pueblo del estado de Chihuahua. En ese momento, la guerra contra las drogas tenía en jaque al norte del estado. Chihuahua ahora tiene una de las cifras más altas de personas desaparecidas en México (más de dos mil casos abiertos desde 2007).
En los ocho años que lleva la investigación, las autoridades mexicanas no han llevado ante la justicia a ninguna persona en conexión con el caso Alvarado ni han ofrecido ninguna información sobre dónde podrían estar.
Durante la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de abril, miembros de la familia Alvarado testificaron que por lo menos tres investigadores de distintas agencias gubernamentales les han dicho que sus familiares habían sido retenidos para ser interrogados en cuarteles militares cercanos después de que soldados allanaran Ejido Benito Juárez en busca de sospechosos. Un investigador incluso aseguró a los familiares que, para el día siguiente, los retenidos probablemente serían liberados.
Al sentir que las puertas de la justicia eran cerradas abruptamente por las autoridades mexicanas, la familia recurrió a los tribunales internacionales, donde están siendo representados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, una organización mexicana que provee asistencia legal.
En la audiencia de dos días en San José de Costa Rica, los fiscales mexicanos que testificaron ante la corte argumentaron que enfrentaban un “caso muy complejo” que probablemente involucró a “varios actores”. El seguimiento de varias líneas de investigación continúa, afirmaron.
Aunque los fiscales aseguran que ellos habían investigado el papel de los militares, dijeron que no encontraron suficiente evidencia para confirmar su responsabilidad. En vez de eso señalaron que es común que los criminales usen vestimenta similar a los uniformes militares para engañar a las autoridades, e indicaron que los Alvarado tal vez fueron blanco de cárteles.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, uno de los dos brazos legales que, junto con la corte, vigila los derechos humanos en el continente como parte de la Organización de Estados Americanos, solicitó a las autoridades mexicanas en 2010 encontrar a los Alvarado y emitir medidas cautelares para el resto de los familiares. Seis años después, la comisión concluyó que los militares eran responsables de las desapariciones basándose en la evidencia, que incluye declaraciones de testigos y reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de otros expertos que analizaron el contexto de la violencia en el área.
En su reporte, la comisión hace referencia a un contexto de caos durante las operaciones militares de la época en la que los Alvarado desaparecieron. Las personas sacadas a la fuerza de sus hogares y llevadas a cuarteles militares para interrogatorios ilegales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, dice el reporte, había reunido cientos de acusaciones de tortura, cateos ilegales, tratos crueles y humillantes, amenazas, intimidación y desapariciones forzadas.
Si el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue el mismo curso, podría presionar a México a investigar en profundidad el papel de las fuerzas armadas y a procesar a miembros del Ejército, pagar la reparación del daño a la familia, emitir una disculpa pública o asumir medidas más extremas para asegurarse de que dichas desapariciones no ocurran de nuevo.
Mitzi Alvarado y su gemela, Nitza, tenían solo 14 años cuando se llevaron a su madre. Durante los últimos ocho años, ellas y su hermana menor, Daisy, se han mudado de una ciudad a otra. Vivieron con algunos familiares y después con otros debido al temor de que los agentes que creen que se llevaron a su madre fueran tras ellas para secuestrarlas.
Para agravar aún más su ansiedad, poco después de las desapariciones otro familiar recibió llamadas telefónicas para advertir a la familia entera que abandonaran el estado de Chihuahua dentro de veinticuatro horas o serían asesinados. Al final, la mayoría abandonó el estado.
Las tres hermanas estudian ahora en la Universidad Comunitaria de El Paso, en Texas, donde viven después de que les concedieran asilo político. Otros ocho miembros de la familia todavía esperan las resolución sobre sus solicitudes de asilo político en Estados Unidos.
“El Estado mexicano nos dejó huérfanas y es muy injusto, no se vale”, dijo Mitzi llorando.
PUBLICADO EN: https://www.nytimes.com/es/2018/04/30/mexico-seguridad-desapariciones-corte/?smid=tw-share-es
