Adrián es el segundo activista asesinado en menos de un mes. El pasado 30 de mayo no volvió a su casa, sus compañeros comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de una cañada y el cuerpo del activista a unos metros.
Redacción / Sin Embargo
Puebla/Ciudad de México.- (PeriódicoCentral/SinEmbargo).– Adrián Tilihuit, activista en contra de los proyectos de muerte de la Sierra Nororiental de Puebla fue ejecutado; su cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil Chevy, ambos fueron arrojados al fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla.
Adrián es el segundo activista asesinado en menos de un mes. El 14 de mayo fue encontrado sin vida dentro de un motel de Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) quien era objeto de amenazas por encabezar la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en Cuetzalan del Progreso.
Según versiones de los activistas de la sierra nororiental, el miércoles no volvió a su casa y comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de la cañada y el cuerpo del activista a unos metros.
Tilihuit apoyó a los indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas en la zona.
La lucha de la comunidad indígena de San Juan Tahitic se remonta a 2013, cuando expulsó de esa localidad a enviados de la empresa Gaya que, sin permiso, pretendían arrancar trabajos a las orillas del río Apulco.
Desde entonces, los pobladores, encabezados por Adrián Tihuilit, demandan que la región sea declarada “libre de megaproyectos de muerte” y se preserven las áreas protegidas por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
EXIGEN A FEADLE INVESTIGACIÓN
Claudia Martínez Sánchez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, exigió que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inicie a la investigación de la muerte de ambos activistas en puebla “por considerar que estos hechos inhiben las protestas generalizadas contra las empresas desarrolladoras de proyectos energéticos en la zona”.
Exigimos que tanto los familiares de Manuel Gaspar Rodríguez, como los de Adrián Tilihuit, sean incorporados al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por considerar que se encuentran en alto riesgo de sufrir agravios en razón de la demanda del esclarecimiento de estos asesinatos.
A través de un comunicado el colectivo hizo un enérgico llamado al Gobierno del Estado de Puebla para que reconozca públicamente que en esta entidad el ejercicio del periodismo y la defensa de la tierra se han convertido en vocaciones de muerte.
Claudia Martínez pidió a las autoridades poblanas que reconozcan que en las líneas de investigación de los dos recientes asesinatos de los activistas se debe indagar sobre las afectaciones que las luchas de estos dos defensores de la tierra causaron a los intereses de las empresas trasnacionales que pretenden instalar los mal llamados proyectos de desarrollo, con sus planes de construcción de proyectos energéticos.
“Exigimos que se brinde un informe público sobre las líneas de investigación que se abordan en los asesinatos de Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tilihuit, y que se permita la coadyuvancia en las investigaciones de los dos casos de organizaciones no gurbernamentales dedicadas a la defensa de la tierra y de los derechos humanos”.
Los activistas reclamaron la intervención del gobierno federal en los casos de investigación de estos dos homicidios, a fin de que las indagatorias puedan ser atraídas directamente por personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), por considerar que estos hechos inhiben las protestas generalizadas contra las empresas desarrolladoras de proyectos energéticos en la zona.
“Exigimos que tanto los familiares de Manuel Gaspar Rodríguez, como los de Adrián Tilihuit, sean incorporados al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por considerar que se encuentran en alto riesgo de sufrir agravios en razón de la demanda del esclarecimiento de estos asesinatos”.
“Reclamamos del gobierno estatal de Puebla una política clara, directa y sin concesiones que garantice la seguridad de todos los periodistas y defensores de la tierra y derechos humanos que actualmente se encuentran en condición de riesgo a causa del ejercicio de su profesión y de la defensa de sus territorios”.
INCREMENTAN ATAQUES
El pasado mes de marzo, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de homicidios que hasta entonces llegó a 29.
En el “Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017”, la organización ambientalista concluyó que la situación de riesgo y amenaza para defensores ambientales en el país continúa siendo una constante “cada vez más preocupante”, sin que el Estado mexicano implemente las acciones “necesarias, contundentes, ni de relevancia” para generar una política integral de protección para ellos.
De los 88 casos registrados en este periodo, se cometieron 110 agresiones. Las más recurrentes fueron las físicas que representaron un 18 por ciento, seguida de la criminalización con un 16 por ciento, y el homicidio con un 15 por ciento.
El estado de Puebla se encuentra como una de las entidades con mayor número de casos de ataques a personas defensoras ambientales, tan sólo superado por el Estado de México con 10 casos, Puebla registraba hasta el momento 8 casos.
http://www.sinembargo.mx/02-06-2018/3424803