VICENTE BELLO/ TREN PARLAMENTARIO
México. -Todo el día la mera posibilidad de que el PRI y PAN dieran un albazo, un madruguete, con la aprobación de la ley de Seguridad Interior, provocó en los territorios de la Cámara de Diputados una expectación inusual, dentro y fuera de San Lázaro.
Fue la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que, aparentemente, destrabó la negociación, y en voz de su presidente, el perredista Francisco Martínez Neri, informaba a las ocho de la noche que todos los coordinadores parlamentarios acordaron que “no hay ninguna prisa para sacar adelante este tema”. Y que, además, dijo Martínez Neri, “acordamos que debe haber una amplia discusión”, a la que “adicionalmente” se estará incorporando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien prometió ayer a los coordinadores de marras que se apersonará en San Lázaro el miércoles 1 de marzo, “para generar una mayor coordinación de esfuerzos”.
Martínez Neri dijo lo anterior, en conferencia, luego de que la Jucopo permaneció reunida más de ocho horas con los diputados presidentes de las comisiones que emplazadas están para dictaminar la candente iniciativa aquella: la de Comisión de Gobernación y la de Comisión de Seguridad Pública; ambas, de la Cámara de Diputados.
–¿Atenderán ustedes el llamado que hicieron organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de postegar la aprobación de esta ley, luego de que soltaron el rumor de que sería aprobada a más tardar a fines de este febrero? –preguntó una reportera.
Martínez Neri respondió: “No se habló de fechas. Se habló, sí, que se abriría la discusión. No hay fechas fatales. Y se abrió la posibilidad de platicar ampliamente con quienes tengan opinión sobre el tema”.
La Ley de Seguridad Interior es una suerte de noche negra que amenaza con extenderse sobre la vida de la República. Llegó al Congreso de la Unión montada en dos iniciativas presentadas, una, en la Cámara de Diputados, y otra en la Cámara de Senadores.
Una la presentó el diputado federal del PRI César Camacho Quiroz y la otra el senador del PAN Roberto Gil Zuarth y son tan semejantes como ya lo son el PRI y el PAN.
Desde que tanto el diputado priísta como el senador panista irrumpieron con sus iniciativas, un gran clamor se levantó desde diversas partes del país, rechazando y condenando ambas propuestas jurídicas, porque mucho de lo que se plantea allí es para que el ejército y la marina puedan actuar como si hubiera una guerra –aun a costa de los derechos humanos de la gente- y sin tener que dar cuentas, a pesar de que en este sexenio y el anterior, el de Felipe Calderón, han tenido un protagonismo totalmentre criminal.
Los hechos acaecidos este sexenio en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y en Iguala, han sido ejemplos de la brutalidad militar, a la que organizaciones civiles se oponen, junto con legisladores de Morena, Prd y Movimiento Ciudadano.
Pero además de eso, esta misma semana en San Lázaro un diputado, Alejandro Ojeda, del PRD, ha visto algo terrible en las iniciativas aquellas, que lo hacen suponer que esta prisa infame con que pretenden PRI y PAN legislar estos días, ya sería parte de algún acuerdo oscuro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump.
En opinión de Alejandro Ojeda, la iniciativa presentada por el priísta César Camacho Quiroz de Ley de Seguridad Interior está “abriendo la puerta para que bajo el argumento de realizar un acuerdo interinstitucional, ejércitos extranjeros pudieran incursionar en México”.
Y precisaba: “La redacción de la iniciativa no expresa claramente que sea el ejército mexicano el único que actúe en las funciones de seguridad interior, lo que se puede interpretar, según los artículos 19 y 20, que se abriría la puerta a lo que se denomina grupos interinstitucionales, sin dejar claro los alcances ni los límites de estos grupos”.
Y más todavía: “se puede advertir que dicha ley permite que instituciones de la administración pública celebren acuerdos con instituciones de otras naciones, como lo podría ser un acuerdo entre el ejército mexicano y otras fuerzas armadas del extranjero”.
Otros legisladores que gritaron el martes con voz de alerta fueron Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores San Román, del PT, quienes dijeron: “La masacre de Tepic, Nayarit, es imperdonable e inadmisible, es exactamente lo contrario al Estado de Derecho. Utilizar armamento pesado para ametrallar una casa en medio de un barrio urbano habitado, donde hay muertos y no sabemos ni cuántos son y, donde el propio Secretario de Marina explica de una manera inaceptable que era necesario utilizar ese tipo de armas, armas de guerra para combatir tanques”.
Y apostillaba Bartlett: “Inmediatamente después el gobernador salió a justificar que en efecto eran ´malísimos todos´ y en efecto había que matarlos. ¡Ese es el proceder de los ejércitos que estén encargados de la seguridad pública! Le pido a los medios de comunicación llamar la atención sobre este tema porque ahí van a aprobar la Ley de Seguridad Interior, para convertir al ejército en una policía a la que pueden acudir el Presidente de la República y el secretario de la Defensa en el momento que quieran”.
La presión contra esta ley, ejercida desde las organizaciones civiles rendía aparentemente un fruto: el rompimiento del fast track pretendido por el PRI y PAN.
Por cierto, Martínez Neri anunció que Luis Videgaray comparecerá entre el 21 y 22 de febrero. Pero lo hará en privado, ante la Jucopo y no ante el Pleno.