Luis Velázquez / Barandal
12 de agosto de 2019
ESCALERAS: El Poder Judicial está liberando a indígenas presos. Por lo pronto, 47 sentenciados ya están en sus casas, con los suyos, para, digamos, la felicidad familiar. Se acabaron las visitas semanales, quizá la visita conyugal, a las cárceles. La Judicatura estudia los expedientes de 58 indígenas más. Y quizá “antes de que el gallito cante 3 veces”, las puertas de los reclusorios se abrirán para volver a casa.
La secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, maestra Esmeralda Ixtla Domínguez, así lo anunció el fin de semana. Cumplida, pues, la encomienda del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, Edel Álvarez Peña.
Y llena de humanismo y apego a la justicia. Muchos, se ignora el número, están presos por el grave delito, ajá, de robar una gallinita o un pollito para llevar el itacate y la torta a casa.
PASAMANOS: En el proceso de libertad han participado varias dependencias. El Poder Judicial. La Defensoría Jurídica. La secretaría de Seguridad Pública. Otros organismos estales. Se ignora si también la Fiscalía, pues parte de ha tener.
El TSJ ha deseado así conmemorar el llamado Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cierto, pero al mismo tiempo, significó un proceso penal iniciado desde hace rato. Y por tanto, todos desearían, como estará contemplado, seguir con la causa. Y más, porque en total suman unos setecientos los indígenas presos. La tarea todavía es larga y extensa.
Simple y llanamente, hablamos de unas 650 familias indígenas más soñando con la libertad de los suyos.
CORREDORES: El TSJ tiene un plan de impartición de justicia para personas indígenas.
Incluye, entre otros aspectos, el protocolo de actuación, los convenios interinstitucionales firmados, la dotación de intérpretes, el pago de garantías, la revisión de procesos y las reformas reglamentarias.
Pero más aún, la voluntad política, social y penitenciaria para mirar a los indígenas y de quienes, en honor a la verdad, pocos, poquísimos, excepcionales funcionarios públicos se ocupan.
Como dicen algunos políticos, se trata de una obra pública, una obra política, que acaso no significa votos para ganar en las urnas.
BALCONES: Veracruz es, por ejemplo, la tercera entidad geográfica del país con mayor concentración de población indígena. Según cálculo oficial, un millón de paisanos habitan las regiones de Huayacocotla, Chicontepec, Otontepec, Papantla, Zongolica, Valles de Santa Marta y Uxpanapa y Soteapan, hablando catorce lenguas.
Y si en la tierra jarocha existen 6 millones de habitantes en la miseria y la pobreza, los más jodidos viven en las zonas indígenas.
Por eso la gran obra social, profundamente social, del TSJ para promover la libertad de los presos.
PASILLOS: De acuerdo con la secretaria de la Judicatura, el magistrado Edel Alvarez sigue con un microscopio los trámites para “acercar cada vez más la justicia” a los indígenas. El objetivo es claro: garantizar el respeto a sus derechos humanos. Nada es y será tan encomiable como la libertad del mayor número de indígenas presos a corto plazo y de manera rápida y expedita, y más por tantos años, sexenios incluso, en el fuego pirotécnico de “cortarse las venas” por todos ellos sólo para aparecer en los titulares.
Se aplicó la ley ante la difamación, agravios y la violencia política de género. 
