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Líder de partido político en Oaxaca denuncia a taxistas por presunto secuestro y agresiones

El Piñero

 

Francisco Vásquez

Oaxaca, México. – El dirigente estatal del Partido Social Demócrata (PSD) y líder de la organización Shuta Yoma, Manuel Pérez Morales, denunció haber sido víctima de un presunto secuestro y agresiones por parte de un grupo de taxistas de la región Mixteca.

 

 

 

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas del pasado sábado 16 de febrero, cuando Pérez Morales se dirigía al municipio de Santiago Huajolotitlán, ahí taxistas le cerraron el paso en la carretera y lo intentaron bajar de su automóvil, al negarse a bajar del vehículo, golpearon a sus tres acompañantes y los obligaron a descender de la unidad, mientras que a él se lo llevaron con rumbo desconocido.

 

 

 

El agraviado detalló que el presunto secuestro fue encabezado por el ex dirigente del Frente Nacional Indígena Campesino (FNIC), Israel Ramírez, quien le dijo que el motivo del plagio era por un supuesto trámite realizado en el año 2017, donde presuntamente se autorizó un paquete de fertilizantes para el municipio de Juxtlahuaca, los cuales no llegaron.

 

 

 

“Por más que trate de explicarle a este señor que estaba cometiendo un delito, él me dijo que le valía madres y que las autoridades le hacían los mandados; en el trayecto hubo gritos y amenazas, incluso me dijeron que me llevarían a un pueblo para lincharme, pero al final fui llevado a unas oficinas de la Fiscalía General de Justicia de Huajuapan de León”, refirió el también ex diputado local.

 

 

 

Abundó que, en lugar de que le tomaran su denuncia, el personal de la Fiscalía le “pidió” firmar un convenio, donde lo comprometieron a entregar una cantidad de paquetes de fertilizantes con un costo de 50 mil pesos, “se violentaron mis derechos y se me obligó a firmar un convenio con el que no tengo nada que ver a cambio de mi libertad”, argumentó.

 

 

 

Ante estos hechos, Manuel Pérez Morales, finalizó diciendo que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado por los delitos de secuestro y agresiones, contra quien o quienes resulten responsables.

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