* No sólo el Gobierno federal ha gastado enormes cantidades para pagar publicidad en la prensa: los gobiernos de los estados también. Sobre todo los gobernadores vinculados con corrupción, como César Duarte o Javier Duarte. A partir del año 2000, prácticamente pagaron las nóminas de los medios de comunicación con publicidad oficial y dejaron una jugosa ganancia para los dueños del medio.
Los más claros ejemplos de esta técnica utilizada por los gobernadores, es la del priísta Duarte de Ochoa, quien entre 2010 y 2016 gastó la cantidad de 8 mil 727 millones de pesos en la cobertura positiva de su imagen. El derroche no sirvió, como le sucede al Presidente Enrique Peña Nieto: sus índices de aprobación nunca llegaron al 7.5 en promedio.
Conforme al registro contable, en 2011, 2012 y 2013, cuando la coordinadora de Comunicación Social era Gina Domínguez, el Gobierno de Veracruz gastó en medios 5 mil 96.7 millones de pesos, que representan el 58 por ciento del total del gasto.
El dinero que se derrocha en promoción desde los estados es enorme. Son ríos de dinero que se da a la prensa. Pero ninguna organización ni nadie ha podido documentarlo…
Veracruz/Ciudad de México, 29 de diciembre (PlumasLibres */SinEmbargo).- El gasto público para controlar a los medios de comunicación en México no sólo se da desde el Gobierno Federal, ya que en los estados los gobernadores han incrementado los montos en ese rubro desde la alternancia en el año 2000.
Con la llegada a la Presidencia de México del panista Vicente Fox Quezada, los gobernadores de la oposición en ese momento, mayormente de mandatarios priístas, se convirtieron en “virreyes” sin tener que rendir cuentas al presidente de su partido.
De esta forma gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encontraron el modo de controlar a los medios de comunicación a través de acuerdos con empresarios del ramo, disfrazados de contratos de publicidad oficial, que además son acuerdos tácitos de cobertura editorial.
Pero la fórmula comenzó a ser bien aprendida y desarrollada por los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde que llegaron al poder después del año 2000.
Los contratos garantizaron durante los primeros quince años del siglo XXI la operación de una gran parte de los medios de comunicación en los estados de la República Mexicana.
Mientras más contratos enviaban los gobiernos estatales a los medios de comunicación, más gente podía contratar el empresario, para lograr desarrollar su medio y fortalecerlo.
De esa forma, los gobiernos de los estados, prácticamente pagaron las nóminas de los medios de comunicación, haciendo que las áreas comerciales de los mismos no fueran tan exitosas, al contar con los gastos de operación cubiertos por la publicidad oficial y además una jugosa ganancia para los dueños del medio.
Uno de los más claros ejemplos de esta técnica utilizada por los gobernadores de los estados, es el del priísta Javier Duarte de Ochoa, quien entre 2010 y 2016 gastó la estratosférica cifra de 8 mil 727 millones de pesos en el manejo de su imagen.
Durante el tiempo que gobernó Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, gastó 4 millones diarios en pagos de medios de comunicación para promover su imagen, que además nunca funcionó, pues en las encuestas sus índices de aprobación nunca llegaron al 7.5 en promedio.
Conforme al registro contable, en 2011, 2012 y 2013, cuando la coordinadora de Comunicación Social era Gina Domínguez, el Gobierno de Veracruz gastó en medios 5 mil 96.7 millones de pesos, que representan el 58 por ciento del total del gasto.
Gina Domínguez sigue actualmente un proceso penal en el que se le acusa de desviar al menos 3 mil millones de pesos.
En 2014, durante la gestión de Alberto Silva, se contrató propaganda por un monto de 2 mil 795.2 millones de pesos, que representan el 34 por ciento del total, aunque gran parte de ella refacturada de su antecesora, según documentos de los juicios que se siguen contra Gina Domínguez.
En 2015 y hasta abril de 2016, en el periodo de Juan Octavio Pavón al frente de la Coordinación, el gobierno gastó 636.1 millones de pesos para este fin.
EL CASO GINA DOMÍNGUEZ
La ex coordinadora general de comunicación social del Gobierno del Estado de Veracruz, utilizó al menos doce empresas fantasma del 2010 al 2014, con las que autorizó pagos por cerca de mil millones de pesos.
Documentos de la Secretaría de Finanzas de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, confirman que al menos 929 millones 402 mil 837 pesos fueron otorgados a empresas que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), tiene actualmente identificadas como compañías fantasma.
Las firmas utilizadas por la ex vocera de Duarte para los desvíos fueron Centro de Recursos de Negocios S.A de C.V, Abastecedora Romcru S.A de C.V, Anzara S.A de C.V., Cynamed S.A de C.V., Grupo Balcano S.A de C.V., Desarrolladores Mercalim S.A de C.V. y Pefraco S.A de C.V.
El listado incluye además a Ravsan Servicios Múltiple S.A de C.V., Rinoxa S.A de C.V., Carrirey S.A de C.V., Mavercar S.A. de C.V.
Reportes de la Secretaría de Finanzas de Veracruz del 2010 al 2016 confirman que la mayor parte de estas operaciones fueron realizadas de forma preferente entre los bancos Bancomer, Banorte y Banamex.
La empresa Centro de Recursos de Negocios Cerene S.A de C.V registró entre el 13 de enero de del 2012 al 31 de octubre de ese mismo pagos por 112 millones 726 mil 418. 56 pesos con conceptos como “Anticipo a Presupuesto 2012”.
Este concepto se repitió al menos trece ocasiones entre el 23 de marzo de ese año y el 29 de junio de ese año.
En 2014 Cerene no varió mucho su forma de trabajar, pero añadió que en la Sefiplan de Veracruz documentaron estos procesos como “Pago de Facturas a Medios de Comunicación”.
En el año 2013, Gina Domínguez autorizó que Sefiplan liquidará pagos con la empresa Publicidad Akkira S.A de C.V. por otros 120 millones de pesos, bajo el mismo esquema de “Anticipo a Presupuesto” entre el 14 de mayo y el 6 de agosto.
* Texto tomado por Plumas Libres de ONEA.
¿Quién es ONEA? ONEA es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, dedicada al combate a la corrupción y la impunidad. Así como a la promoción de una cultura democrática que cuente con herramientas democráticas que redefinan el balance de poder entre la sociedad y el gobierno. Creemos que el cambio es posible y trabajamos en dos cursos de acción para lograrlo: a través de la presión mediática y la denuncia pública a las autoridades para que se conduzcan con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y mediante la promoción y el impulso a la participación ciudadana en todos los asuntos de la esfera pública.
