El Universal
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León localizó y rescató en Saltillo, Coahuila, a un menor de cinco años que era buscado desde el 6 de octubre de 2017, cuando fue sustraído ilegalmente de las instalaciones del Palacio de Justicia del Estado, en momentos que su abuela paterna, Karina de la Rosa, acudió con el niño a una audiencia donde un juez de control resolvería la vinculación a proceso del presunto homicida del padre del menor.
La privación ilegal de la libertad del niño, de nombre Ikeer A. presuntamente la llevaron a cabo tres abogados además de la madre del menor, Vanessa “N”, quien al ocurrir el incidente tenía suspendidos los derechos de convivencia con su hijo por antecedentes de maltrato, y un juez de lo familiar le había negado la custodia.
Al tiempo que los agentes ministeriales de Nuevo León llevaron a cabo la recuperación del menor y garantizaban su seguridad, en colaboración con elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, detuvieron a Vanessa “N”, madre del niño, en cumplimiento de una orden judicial de aprehensión emitida por un juez de control de esta entidad por el delito de secuestro agravado, a fin de que la mujer sea presentada a la autoridad judicial correspondiente en el momento procesal oportuno.
La Fiscalía General informó que el menor, que actualmente tiene cinco años de edad, estará bajo resguardo para su protección hasta el momento en que sea puesto en la custodia legal correspondiente. Al ocurrir la sustracción del menor, estaba al cuidado de su abuela paterna.
En otros hechos, personas cercanas al Centro Estatal de Convivencia denunciaron que el sábado una niña de nueve años de edad fue obligada a reunirse con su padre, pese a que la menor lloraba y se resistía ya que ha referido al personal de dicha institución y de la Fiscalía General de Justicia del Estado en el Centro de Orientación y Denuncia (Code) de Ciudad Guadalupe, que ha sido víctima de abuso sexual de parte de su progenitor, quien para obligarla a callar, amenaza con matar a su madre con una hacha.
Las declaraciones de la niña están asentados en la denuncia 10122/2018-CODE1, y están apoyados en peritajes psicológicos de fechas 20 y 27 de septiembre de estos hechos, por el presunto abuso sexual ocurrido en Querétaro, Ciudad Guadalupe y Monterrey. Lo cual es negado por el acusado, quien alega que la niña sufre de alienación parental.
Señalaron que algunos psicólogos del Centro Estatal de Convivencia, “no velan por el interés superior de los menores, sino que ceden a las influencias de poderosos padres”. Incluso, afirmaron, tal vez esta sería la explicación para que el juez de primera instancia del distrito judicial de Querétaro, Jesús Francisco Malagón, haya resuelto que el progenitor podía llevarse a su hija a pernoctar unos días en su casa, y otros días con la madre. El fallo del juez fue combatido mediante un juicio de amparo que actualmente está en proceso.
Aseguraron que la misma directora de Centro Estatal de Convivencia, Leonor Zavala Pompa, había prometido que si los niños no querían convivir con sus padres, no serían obligados a ello, pero como la funcionaria casi no permanece en la institución, el personal que se queda a cargo de los menores, los obliga a convivir aunque no quieran. Relataron ser testigos que debido a ese tipo de presiones, un niño pateó a su padre.
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