Los borradores de reformas supuestamente elaborados por la Fiscalía General de la República, que circularon recientemente en medios nacionales, han alertado a organizaciones civiles y personas expertas en seguridad ya que vislumbran que podrían legitimar la tortura y las violaciones a derechos humanos.
El pasado 29 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda que dichos borradores provengan realmente de la dependencia que encabeza el Alejandro Gertz Manero, einsistió que no apoyará ninguna Ley que atente contra el derecho a disentir.
Montserrat Antúnez Estrada
Ciudad de México (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, busca crear una “fábrica de culpables” y regresar a un sistema inquisitorio que violaría los derechos humanos de las personas que enfrentan un procesos en el sistema penal, coincidieron organizaciones civiles. A ello se suma que a un año de la nueva administración, la actuación de la dependencia ha mostrado ser más bien una simulación para combatir la crisis de impunidad de los delitos en México.
Desde hace poco más de 10 días organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre un paquete de reformas constitucionales que el Fiscal General planeaba presentar antes el Senado de la República. De acuerdo con borradores de la reformas que fueron difundidos, la dependencia busca modificación a la Constitución y homologación de las sanciones para los delitos con la creación de un Código Penal Nacional, también ampliar el arraigo para todos los ilícitos y, entre otras cosas, la eliminación de la figura de los jueces de control.
Al respecto, el pasado 29 de enero, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la analista Denise Dresser cuestionó al Presidente Andrés López Obrador de los riesgos que traerían las reformas de la también conocida como “Ley Gertz”, particularmente en el ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, tipificar nuevamente la difamación como un delito, lo cual se prestaría a la persecución de periodistas.
El Jefe del Ejecutivo federal respondió: “Lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores, para empezar lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma. El Fiscal, en caso que sea cierto, es autónomo, creo que eso sí lo sabes”.
Además, el Presidente de México dudó que dichos borradores provengan realmente de la dependencia que encabeza el Alejandro Gertz Manero, e insistió que no apoyará ninguna Ley que atente contra el derecho a disentir.
El rechazo de diversos grupos sociales y personas expertas en seguridad llevaron a que, el 15 de enero, el Fiscal Gertz Manero frenará la presentación de las propuestas de reformas. Sin embargo, éstas podrían ser expuestas a inicios de febrero para ser debatidas.
Para Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), las reformas muestran la incapacidad del encargado de la FGR, quien al no lograr capacitar a sus trabajadores para cumplir lo que establece el sistema penal acusatorio, busca reformar las leyes.
En entrevista con SinEmbargo, el especialista aseguró que el mensaje de las reformas es que el Fiscal busca una forma de no realizar su trabajo, el de investigar delitos bajo un marco de respeto a los derechos humanos. Muestra de ello, explicó, es ampliar la figura del arraigo a todos los delitos y no solo al de delincuencia organizada, como actualmente.
El arraigo permite a las autoridades detener a una persona aun sin contar con una investigación que lo relacione de alguna forma con un delito, por ello ha sido criticado como violatorio de los derechos humanos, pues viola el principio de presunción de inocencia.
“Al Fiscal no le gusta investigar, entonces quiere arraigar a las personas por todos los delitos para sacarles información porque, ¿qué van a hacer con una persona detenida por 40 días si no quisieran presionarlo, coaccionarlo y hasta torturarlo para obtener información? Ese es el propósito”, enfatizó Carrasco Solís.
El especialista en justicia alertó que la aprobación de las reformas significaría un retroceso incluso mayor al sistema penal que operó hasta 2008.
“Lo que quiere la FGR es que la ley le permita obtener información sin batallar, entonces abre todos los incentivos para la tortura, para fabricar pruebas, lo que está creando es una fábrica de culpables cuando los principios de la reforma de 2008 iban contra ellos y propone profesionalizar a las policías, a los peritos y ministerios públicos”, dijo.
En ello coincidió Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de la organización Tojil, quien criticó que el debate se centre en un tema legislativo cuando los problemas que tiene la FGR son realmente operativos.
“Se debería debatir cómo implementar de manera correcta el sistema penal acusatorio porque resultaría completamente perjudicial no estabilizar un sistema y empezar a migrar a otro”, opinó.
Medina Ruvalcaba y Carrasco Solís coincidieron en que lo primordial debería ser revisar las deficiencias de la FGR, algo que el paquete de reformas ignora, pues no contempla fortalecer de a la policía o los servicios periciales ni cuestiona cómo apegarse a la Ley de Víctimas.
Las reformas que podría presentar la FGR tendrían un impacto a nivel nacional en las procuradurías locales, pues se reformaría la Constitución.
Jorge Carrasco explicó que aun cuando parece que todos los delitos se sancionen de la misma forma en todo el país es una buena idea, podría traer conflictos porque se violaría la soberanía de los gobiernos estatales y preocupa que no se ha consultado la opinión de expertas y expertos en el tema.
“[Gertz Manero] se valió sólo de sus asesores, no consultó ningún estado, a los poderes judiciales, a las fiscalías, a las organizaciones de la sociedad civil, a académicos. El riesgo de tener, por ejemplo, un Código Penal Nacional como estos es que con un plumazo dos o tres personas pueden decidir aumentar penas, inventar delitos. El riesgo es que una sola persona busca modificar algo que tendrá impacto en todo el país. Para la reforma penal del 2008 -que instauró el sistema acusatorio- si hubo foros y mesas de consulta”, externó Jorge Carrasco.
La abogada Estefanía Medina precisó que las reformas tendrían impacto no solo en las personas que cometen algún delito, pues recordó que en el contexto violento que enfrenta México, donde 2019 se convirtió en el año más violento de la historia con 34 mil 582 homicidios dolosos y mil 006 feminicidios homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, “todos estamos sujetos a ser víctimas de un delito y sin un sistema que funcione eficazmente todos tenemos el riesgo de ser víctimas y no tener justicia. Con medidas como estas, de corte inquisidor, corremos el riesgo de terminar en prisión por un delito que no cometimos”.
“Las reformas que podrían presentarse, lejos de ayudar preocupan porque si se inventan culpables le seguimos pegando al tema de la impunidad”, abundó.
OPACIDAD EN LA FGR
Las críticas contra el actuar de la FGR incrementaron este mes, pues el 18 de enero se cumplió el plazo para que que la dependencia presentará su primer Plan de Persecución Penal, una herramienta que se creó para ordenar los roles y deberes en la dependencia que suplió a la anterior Procuraduría General de la República.
La FGR también ha incumplido con la creación del Consejo Ciudadano que debería participar en el proceso de creación del Plan de Persecución Penal, estos puntos fueron señalados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en un estudio elaborado a un año de la gestión de Gertz Manero.
El análisis criticó que el funcionario no ha cumplido con lo planteado en la la Ley Orgánica de la FGR, creada gracias al trabajo de la sociedad civil y las autoridades del nuevo Gobierno mexicano en 2018 y que motivó el cambio de la PGR con la intención de darle e independencia a la institución del poder político.
Sin embargo, señaló la organización, desde la conformación de la FGR se ha violado su interna pues se eligió a un funcionario que es cercano al Poder Ejecutivo y se ha mostrado cerrado a escuchar a la sociedad civil.
“El proceso y el discurso desde las autoridades para alcanzar una nueva
Fiscalía que responda a la crisis de impunidad de los delitos en México, ha
tomado los visos de
una simulación en lugar de un real compromiso por la Ley Orgánica de la FGR
aprobada”, concluyó la fundación.
