Redacción El Piñero
En un escándalo que implica redes de corrupción y desvío de fondos, personajes y empresas han sido señalados por su participación en el financiamiento de campañas y desfalco de recursos públicos. Los principales actores en esta trama incluyen a figuras cercanas al gobierno de Oaxaca, como Nezahualcóyotl Salvatierra López, titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), y su hijo Luis Enrique Salvatierra Tort, quienes estarían involucrados en contratos y acuerdos lucrativos con empresas factureras.
Entre los nombres mencionados en estas prácticas se encuentran Miguel Ángel Ruiz Solís y Pedro Luis Morlet Sánchez, conocidos por asesorar a gobiernos en el uso de empresas fantasma para el desvío de recursos. Ruiz Solís, a través de la empresa “Mephisto,” ha obtenido contratos millonarios con entidades gubernamentales, brindando servicios a dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), y el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO). Sin embargo, la ubicación de la empresa resulta sospechosa, ya que se encuentra en un local abandonado.
Uno de los personajes señalados, Juan Pablo Limón Tarasco, hijo de un excolaborador cercano a Salvatierra, ha aprovechado los vínculos familiares para asegurar contratos de “capacitación” que alcanzan los 24 millones de pesos. Además, la trama alcanza al ámbito privado, con el nombre de Marianita Nassar Piñeyro, ex titular de la SEMOVI, quien habría desviado más de 107 millones de pesos hacia la empresa Cifo Technologies S.A. de C.V., propiedad de Fernando Gustavo Flores Fernández, actual presidente de Metepec, Estado de México. Según la investigación, los contratos otorgados a Cifo no se tradujeron en servicios efectivos, dejando una pérdida patrimonial significativa.
José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico de Oaxaca y notario en el Estado de México, también fue señalado como enlace en estos contratos, dirigiendo a entidades como el Registro Civil y el Periódico Oficial a contratar servicios con empresas de dudosa procedencia. Hasta ahora, los principales involucrados continúan en libertad, mientras los investigadores advierten que podrían tomarse medidas más rigurosas para frenar la red de corrupción y asegurar la transparencia en el manejo de fondos públicos.
