El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre ellas, la esposa y la hermana, ya que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos.
Nieto Castillo detalló que se detectaron transferencias de dependencias públicas hacia una empresa (sin especificar nombre) y que fueron trianguladas a cuentas de García Luna. Esta evidencia es una de las pruebas más sólidas de la UIF para integrar la denuncia que se hará ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ha sido la base para el congelamiento de cuentas.
En su edición de ayer, EL UNIVERSAL publicó en su portada que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 4 millones 741 mil pesos en impuestos, durante el sexenio de Felipe Calderón, al restaurante-cafetería Los Cedros, registrado a nombre de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna.
En entrevista, tras participar en el foro Más Transparencia Menos Corrupción, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el encargado del organismo fiscalizador también dijo que aún están verificando si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias hay funcionarios públicos activos.
Santiago Nieto no reveló los nombres de los socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación hecha al que hace algunos años se le conociera como el superpolicía, y puntualizó que el total de las cuentas congeladas y el monto se dará a conocer por la UIF el día de hoy por la tarde.
En este caso, especificó el funcionario, hay una colaboración internacional, y por parte del gobierno federal se continúa con la política de “cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.
Con respecto a la negativa de la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de que la UIF decrete la extinción de dominio en términos de la Constitución y la ley de los recursos y propiedades vinculadas a delitos de la delincuencia organizada, refirió: “Lo que estábamos planteando es que la UIF diera aviso al Ministerio Público para que éste promoviera ante un juez la extinción”.
Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, anunció ayer una depuración en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, y en la Policía Federal, donde se “enquistaron” personajes ligados a Genaro García Luna.
Ello, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara que se realizara una investigación en el interior de su gobierno para conocer si hay colaboradores de Genaro García Luna trabajando en la administración pública federal.
“Si estuvieron actuando en este tipo de funciones, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas, y está escrito: no se tolera la corrupción o la impunidad ni de mi familia”, aseguró el presidente López Obrador en su conferencia mañanera.
Así, el secretario de Seguridad atendió la instrucción y puntualizó que “esas áreas se convirtieron, con el tiempo, en cotos de poder, y se enquistaron ahí representantes de esos personajes, de esos intereses, y por eso también es que en algunos casos ha habido expresiones de inconformidad en las propias instancias de seguridad, derivado de que con nuestras decisiones hemos afectado intereses marcados por la corrupción”, aseveró.
Señaló que se desconoce el número de mandos o funcionarios vinculados al exsecretario que operan en áreas de la Secretaría de Seguridad, Policía Federal y del Centro Nacional de Inteligencia.
El funcionario rechazó que la depuración ordenada por el Presidente viole la presunción de inocencia de Genaro García Luna, quien todavía no ha sido sentenciado por los delitos que se le imputan en Estados Unidos.
