Una reforma estructural en el sector del gas natural en México, allá por el año de 1995, abrió por primera vez las puertas a la transnacional estadounidense Sempra Energy, una de las primeras empresas en invertir en el transporte de gas. Dos décadas después, Sempra se posicionó como la segunda empresa más importante del sector en el país. Su principal trampolín fue otra reforma energética, implementada desde el año 2013, lo que permitió que hoy, su subsidiaria IEnova, tenga inversiones de 8769 millones de dólares.
Cinco años después de esa reforma implementada por Enrique Peña Nieto, los activos de IEnova crecieron a tal grado que a finales de 2018 contaba con 17 gasoductos en México, seis terminales de almacenamiento, cinco complejos de energía solar, tres de energía eólica y una termoeléctrica. También están a cargo de 6 de los 16 puntos de interconexión para importación de gas de los Estados Unidos.
Crecimiento histórico de los activos de IEnova
Millones de dólares. Datos de los informes financieros anuales
A pesar de que varios de los gasoductos de Sempra se detuvieron por problemas sociales ante el supuesto peligro por su construcción, la empresa no ha presentado pérdidas: han cobrado por sus servicios aún sin brindarlos apegados a cláusulas llamadas de “fuerza mayor y caso fortuito” establecidas en los contratos, que le ocasionaron al Estado Mexicano una deuda multimillonaria.
A principios de este año 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había calificado como “contratos ventajosos” y “leoninos” los acuerdos establecidos con las empresas y los gobiernos anteriores, por lo que pidió una renegociación voluntaria.
Un clima templado que ronda los 35 °C dibuja los contrastes de la primavera en el desierto de Sonora, al norte de México. Aquí habita la Tribu Yaqui, conformada por ocho pueblos indígenas. IEnova celebró en el año 2012 un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción y operación del sistema de transporte llamado Gasoducto Sonora que atraviesa el territorio Yaqui.
La empresa IEnova anunciaba que este proyecto ya estaba en operación desde hace dos años y figuraba entre los 17 gasoductos de la empresa que se supone que ya están brindando el servicio de transporte de gas, según consta en su informe financiero de 2018. Pero en el recorrido que se hizo para esta investigación, a unos 300 metros de la comunidad de Loma de Bacum, se pudo constatar que este gasoducto está inconcluso y que nunca ha brindado el servicio.
La indígena Loreta Vázquez Molina nos guía entre la vegetación de este desierto hasta llegar a una excavación donde se puede apreciar que una fracción del ducto está a la intemperie. Los dos extremos, que comienzan a oxidarse, solo están separados por escasos metros. A los lados del tubo hay brechas de terracería donde se observan las señales de color amarillo con placas de lámina de metal, algunas ya derribadas y otras más perforadas con balas de fuego, placas que fueron testigos del conflicto que ocasionó el gasoducto en esta comunidad.
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Fraccion inconclusa Guaymas – El Oro, del gasoducto Sonora. Foto Santiago Navarro F.
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Fraccion inconclusa Guaymas – El Oro, del gasoducto Sonora. Foto Santiago Navarro F.
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Señales que anuncian peligro y la prohibición
de cavar, colocadas a orillas del ducto. Algunas se han caído. Foto
Santiago Navarro F.
La construcción de este gasoducto inició en el año 2013 y tenía proyectado brindar el servicio desde el año 2014. Pero pasaron por alto informar a los pueblos de la Tribu Yaqui, como está previsto en la normativa y, el pueblo opuso resistencia al no querer firmar una consulta que se implementó a última hora y con el impedimento de dejar que ingrese la maquinaria a su territorio. Pero también tomaron medidas por la vía legal, las autoridades tradicionales acudieron a la justicia de Sonora, que finalmente les dio la razón y suspendió la obra en junio de 2017.
El 30 de junio del año 2017, el Juzgado 7º de la ciudad de Álvaro Obregón, Sonora, ordenó a la empresa detener la obra, pero no lo hizo, lo que empujó a la comunidad de Loma de Bacum a desmantelar una fracción de ducto. La empresa IEnova en ningún momento mencionó que desacató la orden judicial y por el contrario informó a sus inversionistas que, la suspensión había sido –dijeron- por actos de “sabotaje”. Es que el contrato firmado en el año 2012 con la paraestatal CFE estipula que, tanto el “sabotaje, como los fenómenos de la naturaleza, embargos comerciales y disturbios civiles, entre otros motivos, serían considerados como ‘eventos fortuitos o de fuerza mayor’, por lo que la CFE estará obligada a pagar por el uso de gasoductos que no funcionan. Esto le ha asegurado el pago continuo a IEnova, hasta el año 2019, desembolsos que le ocasionaron al Estado una deuda millonaria.
La investigación de Avispa Midia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, preguntó a la CFE cuánto se le había pagado a Ienova y a otras empresas por estos gasoductos que no están en funcionamiento, pero el organismo argumentó que esa información era confidencial.
IEnova no es la única que goza de este beneficio: 17 gasoductos distribuidos en todo México han recibido el pago por causas de “fuerza mayor”, informó la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. Cinco de ellos pertenecen a Sempra Energy, de los cuales aún queda inconcluso el de Guymas-el oro y, el Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, que ha finalizado pero no brinda el servicio . A esto se suman otro ductos de otras empresas que han concluido la fase de construcción pero no reciben el gas que deberían transportar, proveniente de otros gasoductos que están inconclusos. Esto le ha generado una deuda a CFE de 16.000 millones de dólares, de acuerdo con su informe financiero del año 2018. Aunque estos pagos no están fuera de la ley, porque son acuerdos estipulados en los contratos.
Las subsidiarias de la transnacional estadounidense han sido las más beneficiadas por estas cláusulas, ya que los cinco gasoductos de su propiedad que han recibido estos pagos, son estratégicos y los de mayor capacidad. Ante la creciente deuda, el pasado mes de julio, la CFE acudió a tribunales internacionales en Londres y París para demandar la revisión y renegociación de los contratos de siete gasoductos, entre ellos el que involucra a IEnova en Sonora.
En consonancia con lo expresado por el presidente López Obrador, el Estado reclamaba ante cortes internacionales la nulidad de las cláusulas que le permitieron ganar millones a Sempra al considerar que son contrarias a las políticas públicas y el interés social. El mandatario mexicano informó este 27 de agosto que se había llegado a un acuerdo con tres empresas dueñas de cuatros gasoductos inconclusos, entre ellas IEnova. Los nuevos acuerdos amplían los plazos de arrendamiento y establecen un pago fijo por la renta de los gasoductos privados.
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Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. Martes 27 de agosto 2019.
A su vez, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que estos acuerdos se establecieron con la condición de que las empresas devolverían al Estado los montos pagados por ‘causas de fuerza mayor’. “A cambio de más plazo en el contrato o de hacer una mezcla de otras condiciones”, dijo en conferencia de prensa.
Según estos acuerdos la devolución de los montos pagados por ‘causas de fuerza mayor’ sólo serán con los cuatro contratos que se han negociado, es decir, dos de los cinco gasoductos en los que Ienova tiene inversiones. Del resto de los gasoducto no se menciona ninguna modificación..
El presidente de México afirmó que la Secretaría de Gobernación trabaja ahora para destrabar conflictos con pueblos originarios y así liberar los ductos, pero también aseveró que “frenar estos proyectos afectaría principalmente al país y no a los empresarios”.
Pero los contratos van mucho más allá, ya que la CFE ha invertido grandes sumas de dinero para la construcción de estos gasoductos, en los contratos se estipula que pasan a ser propiedad de las empresas privadas. También obligan a la paraestatal el pago del 100 por ciento de la capacidad de transportación de gas, aunque solo se utilice una porción de esta capacidad. Y obliga a comprar y vender el gas a otros privados.
Los contratos que ha firmado la CFE han sido, principalmente, para el transporte de gas destinado a sus diversos puntos de generación de energía en el país, pero este transporte no es exclusivo de la paraestatal, ya que las empresas también utilizan los ductos para transportar el gas que venden al sector industrial y urbano.
López Obrador había argumentado a principio de año que la CFE era una empresa exitosa que abastecía el 100% de la demanda nacional hasta antes de las reformas, pero hoy solo se produce el 50% de esta energía. “¿Qué ha sucedido? Se han hecho negocios al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos y abusivos para favorecer a particulares”, denunció el mandatario en su habitual conferencia matutina.
Hoy parece que el problema va camino a resolverse, pero aún falta por retomar inmediatamente la continuidad del proyecto Guaymas-El oro, fracción del Gasoducto Sonora, donde hay una fuerte resistencia social contra este proyecto.
