El Estado Mexicano da muy poca prioridad a las investigaciones por lavado de dinero o lavado de activos al desarticular a grupos de delincuencia organizada o cuando investiga redes de corrupción, lo que se traduce en un número reducido de acciones penales en contra de presuntos lavadores, en escasas condenas en contra de lavadores y en nulo decomiso de bienes.
Así lo advierte el reporte denominado “Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo. Informe de Evaluación Mutua 2018” que elabora el llamado Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo multinacional e intergubernamental que agrupa a todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el propósito de analizar los riesgos que sufre cada país como consecuencia del lavado de dinero.
El informe también señala que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de dinero en México, tan sólo superado por los recursos que el crimen organizado obtienen a través del tráfico de drogas y de personas, pero las autoridades de nuestro país no contemplan este ilícito como un factor de determinante en el lavado de activos.
El análisis elaborado de manera conjunta con autoridades de nuestro país, afirma que la Procuraduría General de la República (PGR) presenta “deficiencias significativas” para investigar los casos de lavado de dinero y que no se indaga a los grupos delincuenciales por este delito cuando se han iniciado carpetas de investigación en contra de sus integrantes por otros ilícitos como tráfico de drogas o delincuencia organizada.
Además, se denuncia que las autoridades mexicanas “no persiguen el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática”, a pesar de que el decomiso y la extinción de bienes en poder del crimen organizado y redes de corrupción es de una de las políticas clave en el lavado de dinero.
Incluso, se advierte que la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no utilizan las medidas cautelares o preventivas que existen en la ley para combatir el lavado de dinero “en forma apropiada y oportuna”, a excepción de una lista creada por la propia UIF en contra de personas bloqueadas (LPB) por operaciones de lavado de activos.
“Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de activos como una de sus prioridades clave. El lavado no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso, sin perjuicio del hecho de que recientemente se realizaron algunas investigaciones de alto perfil. En vista de las serias amenazas que representan los principales delitos determinantes (por ej., la delincuencia organizada o el tráfico de drogas), las autoridades competentes parecen otorgar mucha más prioridad a la investigación de estos delitos que al lavado de activos”, sostiene el GAFI.
Otro error de las autoridades federales mexicanas es que el dinero en efectivo que no se declara en aduanas, aeropuertos y puertos al momento de ingresar al país no se decomisa de forma adecuada, es decir, cuando se declara que se tiene menos efectivo del que realmente se porta este efectivo no se incauta.
Más grave aún es que el nivel de corrupción que afecta a las instituciones de justicia en México, sobre todo a nivel estatal pero también en el orden federal, socava y disminuye la capacidad de la PGR “para investigar y perseguir penalmente los delitos graves”, según el reporte elaborado por nuestro país en conjunto con evaluadores de otros 17 países de América Latina.
La implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, agrega el informe, tampoco ha generado buenos resultados en la lucha contra el lavado de activos, puesto que las tasas de decomisos y condenas parecen ser muy bajas, escasas o nulas.
“Las estadísticas remitidas por las autoridades muestran los resultados de las acciones adoptadas para combatir el lavado de activos, entre ellas, el aseguramiento de dinero y las condenas, que parecen bajas en el contexto de la exposición de México a las drogas y a la delincuencia organizada”, sentencia el GAFI.
Corrupción y empresas fachada
El Informe de Evaluación Mutua 2018 del GAFI sobre lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo advierte que en México y América Latina “la corrupción es una fuente de fondos ilegales y hace posible el lavado de dinero y otros delitos determinantes o relacionados”, puesto que los grupos criminales cuentan con capacidad financiera para “sobornar o intimidar a las autoridades, particularmente en el ámbito estatal y local y, en menor medida, en el ámbito federal”.
El estudio agrega que no se puede calcular el monto de lavado de dinero que se genera por el nivel de corrupción existente en México, pero sí se considera que los recursos ilícitos podrían estar socavando y dañando el sistema de justicia en nuestro país derivado de los lugares que ocupa en mediciones internacionales sobre la percepción de corrupción y el respeto al Estado de Derecho.
En este sentido, se advierte que la Evaluación Nacional de Riesgo elaborada por las autoridades mexicanas con el apoyo de bancos nacionales reconoce que el lavado de dinero en México tiene tres fuentes principales: la delincuencia organizada nacional, que incluye tráfico de drogas y de personas; la corrupción y la evasión fiscal.
A pesar de que las propias autoridades e instituciones financieras reconocen que el lavado de activos proviene de estas tres actividades generadores de fondos ilícitos, no existe la determinación de combatir las tres áreas por igual y el combate a la delincuencia organizada se queda en el desmantelamiento de los grupos criminales.
Un ejemplo claro es que la PGR, la UIF y los bancos mexicanos evaden identificar al destinatario final de los bienes y recursos obtenidos de forma ilícita, por lo que no se investiga de manera apropiada las llamadas empresas fantasma o el uso indebido de personas jurídicas.
El informe enfatiza en que un método típico de lavado de dinero es el “ uso de empresas pantallas y ficticias para ocultar al beneficiario final”, así como la compraventa de inmuebles y bienes de alto valor.
A pesar de ello, las autoridades locales y en menor medida las federales se limitan en sus investigaciones al delito original o generador de los recursos, por lo que no siguen la huella del dinero.
“Habitualmente no se utiliza la inteligencia financiera para respaldar las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el rastreo de activos… El uso de la inteligencia financiera no conduce al inicio de investigaciones de lavado de activos. Las comunicaciones espontáneas de la UIF a la PGR relacionadas con lavado de dinero y los delitos subyacentes generalmente son pocas”, señala el reporte.
En lo que se refiere de forma específica al financiamiento al terrorismo, el informe reconoce como una ventaja que autoridades mexicanas y estadounidenses no tienen indicios de que grupos terroristas utilicen el territorio mexicano para tratar de ingresar a Estados Unidos, pero también advierte que debido a la falta de un caso concreto que se haya investigado en México, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda carecen de experiencia en el ramo.
Con información aristeguinoticias.com