•Comisión señala que Luis Ángel Bravo justificó (ajá) diversas para pruebas de ADN
•Sin embargo, de las 5 mil 800 que supuestamente realizó sólo dejó expedientes de 266
•Diputada María Josefina Gamboa pide a Contraloría y al ORFIS denunciar penalmente
Por: YERANIA ROLÓN/blog.expediente.mx/para El Piñero de la Cuenca
Veracruz, México.- Luis Ángel Bravo Contreras llegó al cargo de Fiscal General del Estado en enero de 2015. Apenas en febrero de 2014 había recibido del ex gobernador, Javier Duarte, el cargo de procurador general del Estado.
Dicha Secretaría desapareció al crearse la FGE como supuesto organismo autónomo del Poder Ejecutivo, siendo su primer titular.
Así, durante casi tres años el exfuncionario y titular del organismo manejó partidas millonarias que estaban destinadas, entre otras cosas, para la búsqueda de personas desaparecidas y para realizar exámenes y pruebas de ADN de sus familiares.
Esto hasta que renunció al cargo en noviembre de 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares llegó al cargo de gobernador por la alianza PAN-PRD. Su renuncia fue considerada una negociación del nuevo gobierno a cambio de darle inmunidad e imponer a Jorge Wínckler en el cargo.
Han pasado casi seis meses desde la llegada del nuevo fiscal general y ahora se anunció por parte de la Comisión de la Verdad de la LXIV Legislatura, a cargo de la panista María Josefina Gamboa Torales, que ya existen elementos para poder denunciar penalmente a Bravo Contreras.
De acuerdo con la diputada local, el ex fiscal general habría reportado gastos millonarios en supuestos exámenes para obtener los perfiles genéticos de los familiares de desaparecidos, aunque estos nunca se aplicaron de acuerdo con información de la misma FGE.
Por ello, tras la reunión con integrantes de los 17 Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos de este mes de junio, aseveró que se pedirá a la Contraloría General, e incluso otras instancias fiscalizadoras, revisar las Cuentas Públicas del periodo de Bravo Contreras.
Mencionó que según la anterior FGE se aplicaron 5 mil 800 pruebas a los familiares, por una suma de dinero aún no determinada. No obstante, solo existen expedientes de 266 casos de desaparecidos.
Esto significaría que más de 5 mil perfiles no se habrían realizado, de ahí que la Contraloría General e incluso del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) deberán de revisar las Cuentas Públicas y presentar las denuncias por posibles desvíos de recursos
La legisladora lamentó que se trataría de una cantidad millonaria malversada, además del engaño a los familiares de desaparecidos que acudieron a los exámenes médicos.
Añadió que a esta situación se suman las omisiones en los casos de personas desaparecidas, pues la administración de Bravo Contreras únicamente reportó 486 expedientes de ciudadanos en esta condición.
No obstante, las denuncias encontradas señalan que son 2 mil 400 personas las que fueron reportadas como desaparecidas, lo que significa que no a todos los casos se les dio seguimiento por parte del organismo autónomo o de la extinta PGJE.
Así, Gamboa Torales destacó que Bravo Contreras podría ser involucrado legalmente en el desvío de recursos del sexenio pasado, tal y como a su exjefe Javier Duarte, pues a su parecer no debe de existir impunidad en un tema tan sensible para los veracruzanos.
