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Marchan para exigir justicia por estudiante de Oaxaca, asesinado por policías municipales; Fiscalía detiene a segundo elemento implicado

Monika

Jaime GUERRERO | EL PIÑERO

Cientos de personas salieron en marcha para exigir justicia para Diego Ignacio Paz y Josué, víctimas de presunto abuso policial, el primero privado de la vida, durante un operativo alcoholímetro en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que este martes, detuvo a un segundo policía municipal de Santa Lucía del Camino identificado como J. J. S. C., como probable implicado en el asesinato con arma de fuego del joven Diego Paz durante un operativo de alcoholímetro.

De acuerdo con los avances en la investigación, durante el incidente en que la víctima perdió la vida, realizaron disparos de arma de fuego al menos dos policías municipales, mismos que actualmente están ya detenidos.

“La Fiscalía de Oaxaca recaba las pruebas para agotar la investigación conforme a los estándares que el caso amerita”, recalcó.

En la marcha de este martes que tuvo como primer punto el Palacio Municipal de Santa Lucia, los manifestantes jóvenes estudiantes de distintas universidades, así como familiares, amigos de Diego y Josué, realizaron una concentración en el punto en donde los jóvenes fueron detenidos por elementos de la policía municipal.

Ahí exigieron la destitución del presidente municipal Juan Carlos García Márquez. Esa misma exigencia la llevaron a las puertas del Palacio de Gobierno, en donde protestaron y en respuesta fueron atendidos por personal de la Secretaría de Gobierno, quienes les ofrecieron canales de interlocución.

Durante el mitin el abogado postulante Ángel García García planteó su preocupación ante la posibilidad que sea la Policía Estatal quien asuma la coordinación y operación de los alcoholímetros como recientemente fue anunciado, pues dijo “son igual de arbitrarios que los municipales”.

“No estamos en contra del alcoholímetro porque deben respetar ciertos parámetros y protocolos porque actúan como ellos creen que es. Lo primero que deben de respetarse son los derechos humanos de las personas”.

En la movilización lanzaron gritos como, “asesinos, corruptos”. Ahí anunciaron que este miércoles la universidad Anáhuac en donde estudiaba Diego realizará una misa en su honor.

Las y los estudiantes anunciaron también que acudirán a la sede del Congreso del Estado a solicitar de manera formal la revocación de mandato del edil de Santa Lucía.

De acuerdo a la investigación inicial, elementos policiacos de Santa Lucía del Camino, presuntamente asesinaron a un estudiante durante un operativo de alcoholímetro realizado la madrugada del sábado 31 de agosto.

De acuerdo con la familia de Diego de 22 años de edad, él y sus amigos habían salido de un club de pádel ubicado en la capital del estado y decidieron trasladarse a la casa de uno de ellos establecida en un municipio aledaño.

Los jóvenes se fueron en tres vehículos, en el primero viajaba Diego y Josué, éste último sobreviviente de la presunta golpiza que le dieron los elementos de la policía municipal.

Al llegar al alcoholímetro de Santa Lucía del Camino alrededor de la media noche, “fueron acosados por un policía vial, solicitándoles dinero para dejarlos pasar, al negarse a pagar, el policía comenzó a insultarlos, amedrentarlos” y al intentar huir arrollaron a un elemento de la policía municipal.

Los policías solicitaron apoyo de más elementos policiales, “e intentando continuar su camino, fueron perseguidos por elementos de la policía de Santa Lucia del Camino, provocando que Diego perdiera el control del vehículo”, relataron familiares de Diego en un comunicado.

Agregaron que cuando Diego estaba en alto los policías comenzaron a jalonearlos y a golpearlos para forzarlos a bajarse del auto. Ya detenido Diego recibió un disparo a quemarropa lo que le provocó perforación vesical y estallamiento de vísceras. En el parte médico también se asentaron múltiples fracturas y contusiones en la cadera y cabeza.

“Ante su negligencia y tratando de alterar los hechos fueron a votar el cuerpo de Diego agonizando en la Ciudad de las Canteras. Por su parte a Josué se lo llevaron detenido con un ojo casi saliéndose de la órbita”, agregaron.

La familia de Diego agregó que vecinos de la zona y personas que transitaban por el lugar informaron que los jóvenes imploraban auxilio para que los policías ya no les pegaran.

“Lamentablemente Diego perdió la vida a causa de la brutalidad y violencia incontrolable con la que actúan los elementos policiacos y viales de Santa Lucia del Camino. Que este homicidio no quede impune, levantemos la voz por Diego para que se haga justicia. No permitamos que ensucien la imagen de un hijo, amigo y estudiante”, asentaron.

En medio de la polémica, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez informó que el director de Seguridad Pública y Vialidad, Marcos Fredy Hernández López, presentó su renuncia, después de que se diera a conocer que un oficial de la policía disparó y provocó la muerte de Diego.

Por medio de un video difundido en redes sociales, el edil morenista anunció que tras la renuncia de Hernández López, el comandante Antonio Santiago Blanco asumió la posición inmediatamente.

Además, García Márquez cesó de sus funciones a cuatro oficiales tras la muerte del universitario: al comandante en turno, policía primero, Miguel S.S.; el suboficial, Cristóbal V.G.; al policía segundo, José E.G.R; y a la oficial Gilda B.A.R.

Además, se separó de su cargo al director de la policía vial municipal de Santa Lucía del Camino, el comandante Cirino S.V., quien fue atropellado y herido la madrugada del sábado.

Hasta el momento, suman dos los elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino que han sido detenidos por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos el 31 de agosto de 2024, en el municipio de Santa Lucía del Camino.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aseguró que investiga con debida diligencia aplicando la perspectiva de derechos humanos y victimológica el posible uso ilegal de la fuerza pública por parte de las autoridades municipales, para sentar un precedente respecto a la implementación de protocolos de investigación en este tipo de casos.

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