Jaime GUERRERO
Aún con el antagonismo de la bancada del PRD, por sus presiones políticas-legislativas, la Comisión de Administración de Justicia, aprobó el dictamen -que éste miércoles, aprobará el pleno de la LXIII Legislatura- con el que se crea la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Previo la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente, que convocó al pleno a sesión extraordinaria para éste miércoles, los integrantes de la Comisión de Administración de Justicia (Hilda Graciela Pérez Luis, presidenta (Morena); Juan Mendoza Reyes (PAN); Donovan Rito y Mercedes Rojas Saldaña (PRI), firmaron y aprobaron el dictamen.
Sin embargo, la se crea la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, de ser aprobada, estará incompleta, debido a que faltan por aprobarse los dictámenes de 11 reformas reglamentarias y 6 de nueva creación, por parte de la Comisione Unidas de Administración de Justicia, de Estudios Constitucionales, de Vigilancia de la Auditoría Superior e Instructora.
Por lo pronto, la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Eva Diego Cruz, rechazó que el PRD trabe los dictámenes que darán paso al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, por el contrario, señaló que el PRI y sus aliados del PAN, PT y Morena buscan que ese sistema esté limitado y se privilegien solo las propuestas del Ejecutivo Estatal.
Y es que por presiones del coordinador de la bancada del Sol Azteca, Carol Antonio Altamirano para realizar reformas a modo que beneficien a su tío y actual titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, las Comisiones Unidas, retrasaron el dictaminar las reformas que den paso al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y, en consecuencia, al órgano fiscalizador.
En medio de la polémica, la diputada perredista recalcó que en Oaxaca es necesario establecer recomendaciones vinculatorias, para que el coordinador del Sistema Estatal de Combate la Corrupción emita recomendaciones a cumplir y establezcan sanciones.
Afirmó que establecer ese mecanismo no es anticonstitucional, es un tema de voluntad política para darle “dientes” al Sistema Estatal Anticorrupción.
Entre ellos, tipificar el peculado, reformar la Ley de Responsabilidades de los servidores porque es obsoleta, reformas al Código Penal para establecer como delito grave el enriquecimiento ilícito, darle autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, con autonomía presupuestal y herramientas, reformas en materia de fiscalización, porque actualmente la ASE tiene que pedir la autorización para presentar denuncias, además tiene tiempos perentorios para auditar, solamente el último año.
Aseguró entonces que se tiene que ir a una reforma sin tintes políticos e integral, antes del 28 de julio, porque no solo es crear la ley, hay que realizar reformas a 11 ordenamientos y crear 6 nuevas leyes, para dar paso a un verdadero sistema estatal de combate a la corrupción.
En la víspera, concedió que si no hay todos los consensos, se establezcan transitorios para obligar en 60 días o 90 a emitir todos los lineamientos, “porque no se vale que se hable de combatir a la corrupción, pero no se alinean los organismos; si no va ser una ley que en la práctica no va funcionar”.
Diego Cruz puntualizó que se debe seguir avanzando con altura de miras y voluntad política para que Oaxaca tenga un Sistema Estatal Anticorrupción para hacer frente al flagelo de la corrupción que tanto ha dañado a la sociedad.
Puntualizó que se deben establecer con claridad en este sistema, los órganos integrantes, los componentes normativos, técnicos, tecnológicos y registrales del sistema estatal; así como sus alcances, utilidades y facultades del sistema estatal.
Sostuvo que para que se tenga un Sistema Estatal Anticorrupción integral se deben aprobar la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, entre otros ordenamientos.