México.- Cuando finalmente fue detenido, estalló el escándalo.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington, tenía 5 años prófugo, acusado de lavado de dinero y colaborar con carteles de narcotráfico.
Las autoridades mexicanas aseguraban que desconocían su paradero. Pero había un grupo de policías que durante varios meses supo dónde estaba. Incluso lo vieron con frecuencia.
Porque mientras la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), y la Policía Internacional (Interpol) lo buscaban en varios países, a Yarrington lo cuidaron en México agentes de la fiscalía del estado que gobernó entre 1999 y 2004.
Y no fue algo oculto: los policías cobraron sueldo y presentaban informes de su misión.
Por eso, el pasado 8 de abril, cuando el exmandatario fue capturado en Italia muchos se preguntaron por qué las autoridades de Tamaulipas no dijeron nada del prófugo.
El caso de Yarrington es parte de un serio problema en México: la facilidad con la que algunos exgobernadores, señalados de corrupción u otros delitos, pueden evadir a la justicia.
Lo consiguen incluso cuando existen en su contra órdenes de captura, a veces de nivel internacional como es el caso del exgobernador Eugenio Hernández, también de Tamaulipas.
Al político lo busca el gobierno de Estados Unidos por proteger en su gobierno (2004-2010) al Cartel del Golfo.
Lista negra
Yarrington y Hernández no son los únicos exmandatarios con líos judiciales.
En lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al menos ocho exgobernadores han sido detenidos.
Otros dos están prófugos: Eugenio Hernández y César Duarte, quien gobernara Chihuahua entre 2010 y 2016.
Los detenidos o que enfrentan proceso en libertad son, además de Yarrington, Andrés Granier, de Tabasco, Jesús Reyna de Michoacán y Guillermo Padrés, de Sonora.
También están en prisión Javier Duarte, de Veracruz y recientemente fue capturado en Panamá Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo.
Otros dos fueron detenidos pero consiguieron seguir el juicio en libertad. Se trata de Flavino Ríos, exgobernador interino de Veracruz, y Rodrigo Medina, de Nuevo León.
Este político permaneció sólo unas horas en la cárcel, aunque el proceso en su contra sigue activo.
En todos los casos los exgobernadores fueron acusados de corrupción, desviar recursos públicos o proteger a delincuentes.
Los señalamientos se presentaron incluso desde los años en que duró su mandato.
Y a pesar de ello casi todos consiguieron terminar su administración sin problemas. La excepción fue Javier Duarte.
Pero no sólo eso: en algunos casos escaparon con la ayuda de sus sucesores, como ocurrió con Duarte, de Veracruz.
De acuerdo con la PGR el día que el exmandatario renunció al cargo, el 12 de octubre de 2016, utilizó un helicóptero oficial para trasladarse a Chiapas, en el sureste del país.
De allí las autoridades le perdieron la pista, hasta el 15 de abril de este año, cuando fue detenido en un balneario de Guatemala.
Secretos del poder
¿Cómo pueden evadir la justicia los exgobernadores mexicanos? Por la acumulación de poder que consiguen en sus mandatos, le dicen especialistas a BBC Mundo.
Es una situación relativamente nueva, que empezó en 2000 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el gobierno del país, por primera vez en 70 años.
Hasta ese momento los presidentes en turno –todos militantes del PRI- tenían “una facultad meta constitucional” que les permitía destituir a los gobernadores en falta, explica María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI).
Eso terminó con el primer mandatario de oposición, el empresario Vicente Fox postulado por el conservador Partido Acción Nacional (PRI).
“Con la pluralidad en el sistema político los gobernadores empezaron a dividirse el poder y a tener fuerza propia“, le dice Casar a BBC Mundo.
“Dejó de ocurrir aquello de que el presidente o el secretario de Gobernación levantaban el teléfono rojo, se comunicaban con un gobernador y le pedían la renuncia”.
Es una parte de la historia. La otra es que desde 1997 el Congreso mexicano está dividido, sin ningún partido con mayoría parlamentaria.
Para mantener un gobierno estable, los presidentes en turno debieron negociar con los gobernadores, quienes suelen controlar las decisiones de los legisladores de sus estados ante el Senado y la Cámara de Diputados.
Y parte de la negociación se hizo con dinero: en los últimos 5 años el presupuesto federal a los estados aumentó más de 400.000 millones de pesos.
Es decir, unos US$22.000 millones al tipo de cambio actual.
Comprar lealtades
El incremento del presupuesto es una de las razones fundamentales en el poder de los gobernadores.
Con el dinero adicional construyen redes de apoyo entre legisladores y partidos políticos, le dice a BBC Mundo Pablo Montes Mendoza, investigador del independiente Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Para hacerlo aprovechan que en algunos estados los congresos y tribunales de justicia locales no son totalmente independientes, añade.
“Les permite usar los recursos públicos, de allí viene el verdadero poder: usan la fuente de dinero a discreción para comprar a la oposición y a los órganos autónomos o fiscalizadores”, señala.
“Lo usan para comprar carreras políticas, así logran escalar su esfera de poder. Con los desvíos ayudan a otros y logran comprar impunidad”.
Un ejemplo es Javier Duarte. En los últimos años de su gobierno en Veracruz promovió que algunos de sus colaboradores fueran elegidos como diputados federales.
Estos legisladores formaron parte de la Cámara encargada de realizar un juicio político al exmandatario.
Cobrar favores
Duarte no es el único, pues en los últimos años han ocurrido otros casos de legisladores que protegen a exgobernadores.
“Empezaron a ganar poder económico y político, primero porque la gente que llegaba al Congreso en los estados era definida por los gobernadores”, explica María Amparo Casar.
“El poder económico empieza a crecer y es base de poder político. Y con un agravante: se les comenzó a dar más poder sin pedirles nada a cambio, se les dio más dinero pero no se les pidió rendición de cuentas”.
Es, coinciden los especialistas, la clave del problema. Los estados se convierten en territorios sin vigilancia, lo que permite amasar fortunas con dinero público.
Y cuando se descubren las irregularidades, los exgobernadores cobran los favores políticos que financiaron con recursos públicos, señala Casar.
“En caso de que el presidente o el gobernador de otro partido al que ayudaron los mantienen como rehenes, dicen: te pasé el dinero o lo que sea” en las campañas políticas.
Son muchos recursos, aunque se desconoce la cantidad real. “Se calcula que por cada peso oficial a las campañas se gastan 6 más”, explica la presidenta de Mexicanos contra la corrupción.
“El dinero puede salir de empresarios o desvío de recursos federales o estatales, sobre todo”.
México: cómo los gobernadores amasaron tanto poder y por qué logran evadir a la justicia
