Redacción El Piñero | Corresponsalía
México.- El conocido medio de comunicación a nivel nacional e internacional SinEmbargo, exhibió que la hija de la candidata por la alianza “Fuerza y Corazón por México” (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, tiene 2 actas de nacimiento con 2 nombres Diferentes, en una se llama Diana Llamas Gálvez y en la otra Diana Vega Gálvez, con la finalidad de que pudiera ser socia de varias de sus empresas con diferentes nombres, así burlar la ley, evitar el conflicto de intereses y el pago de impuestos.
Diana Vega Gálvez nació el 23 de enero de 1988, fue registrada el 15 de marzo de ese mismo año por sus dos padres, Vega Chacón y Gálvez Ruiz, ambos firmaron el documento en el Registro Civil de Tepatepec, Hidalgo, pero esta acta no es la única, 100 días después, fue registrada Diana Llamas Gálvez, nacida el 23 de enero de 1988, en un Registro Civil del entonces Distrito Federal, en el acta aparecen como sus padres Francisco Llamas de la Fuente y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.
Cada registro de Diana emitió su respectiva Clave Única de Registro de Población (CURP) y de acuerdo con los documentos en poder del medio de comunicación SinEmbargo, para abril de 2024, ninguno de los registros públicos, el de Hidalgo y Ciudad de México, tiene constancia de cancelación, ambas son vigentes y en consecuencia, la hija de Gálvez, durante este tiempo, ha podido utilizar cualquiera de las dos.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Llamas de la Fuente aparece como fundaddor y accionista de High Tedch Services S.A. de C.V., la otra empresa de Xóchitl. La constitución de la sociedad fue el 26 de noviembre de 2012, años después, Diana se convertiría en representante legal de dicha empresa.
Para 1998, Xóchitl Gálvez contaba con una participación accionaria del 70 por ciento en su empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), de donde además era Administradora Única de la sociedad. Pero que en 2010, la Sociedad aceptó su renuncia a dicho cargo y se designó a Diana Vega como Administradora Única, por lo que en 2011, Xóchitl le donó el 100 por ciento de sus acciones a Diana.
SinEmbargo publicó en enero de 2024 que en el Registro Público hay dos documentos referentes a OMEI: el primero data del 6 de mayo de 1998 cuando se constituye con 140 acciones para Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y 60 para Rubén Sánchez Manzo, su esposo. Ella quedó como apoderada y él como operador.
El segundo documento, consultado a finales de 2023, tiene fecha del 14 de octubre de 2014, es decir, de tres años después de que Diana Vega Gálvez, según la candidata, tomó poder de la empresa.
En éste no figura el nombre de Diana Vega. Se trata de la constancia de una asamblea general ordinaria y se enlista a los funcionarios y/o apoderados. En primer lugar está Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz como apoderada con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio y de administración.
OMEI es una empresa que de 2015 a 2023 ha celebrado 36 contratos con dependencias públicas por un monto de 406 millones 896 mil 535 pesos, la mayoría obtenidos en la actual administración. Diana no solo está relacionada con OMEI sino también con High Tech Services, la otra empresa de Gálvez y de la que Diana es representante legal y que también salió implicada en el caso de la “casa roja”.
En 2021, Gálvez compró en 9 millones 768 mil pesos una de las cinco casas que construyó en su terreno la señora Guadalupe Norma Suinaga de Alonso, pese a que el precio de venta ese mismo año era de 15.5 millones de pesos, según la publicidad difundida por Guadalupe Alonso Norma, hija de la vendedora y socia de la empresa Slot Studio, que diseñó el proyecto.
La otra hija de la vendedora, María del Pilar Alonso Norma, refiere en su perfil de Linkedin que trabajó como “asistente de administración” en High Tech Services, de junio de 2007 a junio de 2008.
Esta empresa, de 2015 a 2023, tuvo ingresos por mil 65 millones 286 mil 968 pesos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto le dio un total de 18 millones 795 mil 536 pesos; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le dio 9 millones 209 mil 801 pesos; en este último año el Consejo de la Judicatura Federal le dio 85 mil 867 pesos y un año después Banobras 73 mil 250 pesos.
