Redacción / Sin Embargo
- Han transcurrido 10 años desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narco” y México se encuentra hoy en una grave crisis de violencia, impunidad y derechos humanos. El plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto –en noviembre de 2014–, todavía no se ha aplicado plenamente. En este VIDEO te mostramos 10 datos de esta situación emergente.
Ciudad de México, (SinEmbargo).– Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se sigue empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continua siendo generalizada. Se reciben informes con recomendaciones para detener la tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, además de que persiste la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Durante 2016 se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguen a la alta los homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres es de gran preocupación, el año pasado se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán.
El plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014, todavía no se había aplicado plenamente, y tampoco se ha cumplido la promesa de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, así como contra las desapariciones a manos de agentes no estatales.
En este VIDEO te presentamos 10 datos que abarcan temas sobre violencia, impunidad y derechos humanos que forman parte del Informe 2016–2017 denominado “La situación de los derechos humanos en el mundo” y generado por Amnistía Internacional (AI).
- Policía y fuerza de seguridad
La violencia aumentó notablemente; las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre —la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012— frente a los 33.017 de 2015.
En respuesta a las manifestaciones multitudinarias de los movimientos de docentes, la autoridades llevaron a cabo varias operaciones policiales, algunas de las cuales se saldaron con muertes y heridas de civiles. Varios líderes de los movimientos fueron arrestados y recluidos en prisiones federales.
- Ejecuciones extrajudiciales
Se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país, a menudo a iniciativa de grupos de familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales.
Las autoridades locales se deshicieron ilegalmente de más de 100 cadáveres no identificados en al menos una fosa en el municipio de Tetelcingo, estado de Morelos.
El 19 de junio, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en Nochixtlán, estado de Oaxaca, durante una operación policial.
En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que varios miembros de la policía federal habían torturado al menos a dos personas en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, en mayo de 2015, en el marco de una operación de seguridad; la Comisión concluyó, además, que 22 de las 43 personas muertas durante la operación habían sido víctimas de ejecución arbitraria y que la policía había alterado pruebas, por ejemplo mediante la colocación de armas en las víctimas.
No se tuvo constancia de ningún enjuiciamiento por los homicidios de 16 personas cometidos en 2015 por agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, estado de Michoacán.
- Tortura y malos tratos
Por primera vez en dos años, en abril la Procuraduría General de la República anunció la presentación de cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un vídeo en el que se veía a policías y soldados torturando a una mujer. También en abril, en un caso excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua en 2008.
La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó de que se estaban revisando a nivel federal 4.715 expedientes de investigación de casos de tortura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura en San Salvador Atenco en 2006.
- Derechos de refugiados y migrantes
Se registró una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo; hasta octubre se habían presentado 6.898 solicitudes, el 93% de las cuales correspondían de personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Se concedió la condición de refugiado a 2.162 personas, a pesar de que se estimaba que anualmente más de 400.000 migrantes en situación irregular cruzaban la frontera sur de México; según las organizaciones internacionales.
- Desapariciones forzadas
Al concluir el año, según el gobierno, 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres) se hallaban en paradero desconocido.
- Periodistas y defensores de derechos humanos.
Continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año.
- Libertad de reunión
La Suprema Corte de Justicia seguía analizando la impugnación de la Ley de Movilidad de Ciudad de México de 2014. En agosto, resolvió que la Ley no debía ser interpretada de manera que impusiera un régimen de autorización previa para la celebración de manifestaciones, sino sólo como una regla que permitiera a las personas notificar previamente a las autoridades cualquier manifestación prevista.
La Corte consideró que la falta de disposiciones sobre manifestaciones espontáneas en ningún caso significaba que éstas estuvieran prohibidas. Finalmente, votó a favor de una norma que prohibía las manifestaciones en las avenidas principales de la ciudad.
- Derechos de la comunidad LGBTI
En mayo, el presidente Peña Nieto presentó ante el Congreso dos anteproyectos de ley para reformar la Constitución y el Código Civil Federal. El Congreso rechazó en noviembre una propuesta de reforma constitucional para garantizar de manera expresa el derecho a contraer matrimonio sin discriminación.
- Violencia contra mujeres y niñas
En abril, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual. El mecanismo de “Alerta de Género” se activó en los estados de Jalisco y Michoacán
- Derechos de los pueblos indígenas
A consecuencia de una información de última hora de la Secretaría de Economía relativa a la cancelación de dos concesiones mineras a empresas en la comunidad de San Miguel Progreso, en el estado de Guerrero, la Suprema Corte rechazó considerar los efectos que la Ley Minera de 1991 tenía sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En septiembre, el municipio indígena de Guevea de Humboldt, estado de Oaxaca, permitió por primera vez a las mujeres de la comunidad a ejercer el derecho al voto en las elecciones locales.
