Redacción el Piñero
Xalapa, Veracruz.- Las fichas de personas desaparecidas eran difundidas en redes sociales de la activista Claudia Ivonne Vera García, ahí mismo la mujer buscaba a su sobrina de seis años, Mónica Vera, pero la tarde del 23 de marzo de 2016, la activista se convirtió en víctima y su paradero se esfumó con una presunta omisión de cinco funcionarios de la Fiscalía de Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tal hecho, emitió la Recomendación 4/2018, dirigida al titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, en donde solicitaba investigar a los funcionarios encargados de la búsqueda, incluido a uno de ellos identificado como AR1, quien era conocido de Vera García.
Las declaraciones de dos testigos, dieron a conocer que alrededor de las 19:30 horas del miércoles 23 de marzo, Claudia Ivonne se encontraba laborando en su negocio, ubicado en el municipio de Boca del Río en compañía de otras cinco personas, cuando un individuo de forma violenta le dijo que entregara dos celulares, y otros cuatro dijeron que querían hablar con la dueña del lugar, momentos después ya no supieron nada la víctima.
La denuncia de la desaparición fue realizada por la madre de la activista, el 24 de marzo de 2016, señalando que los victimarios fueron dos hombres vistos a bordo de una camioneta color blanco, donde se llevaron a su hija de 43 años de edad con rumbo desconocido.
También refirió a los fiscales, que alguno de los trabajadores de Claudia aparentemente conocía las contraseñas de las páginas donde ella implementaba la búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz y en el resto de la República, sin embargo, el argumento no fue estimado por la autoridades.
En el expediente de queja CNDH/5/2016/2413/Q, la Comisión agregó que la Fiscalía de Veracruz no cuenta con un sistema de registro de denuncias vinculadas con activistas que desarrollan actividades de acompañamiento o defensa de los derechos humanos, además de que desconocían si existía un caso similar al de Vera García.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez declaró que “La FGE no identifica los casos de activistas; omisión que evidencia que el proceso de investigación es deficiente en virtud de que no se analiza el contexto relativo a la actividad desarrollada por la víctima, ignorando condiciones específicas de riesgo que ellas enfrentan”, se lee en el documento firmado por él.
CNDH señaló también que los cinco funcionarios de la FGE: fiscales, policías ministeriales y peritos, debieron solicitar a la Dirección General de la Policía Ministerial, la investigación y recolección de la información de la víctima relacionada con el desempeño de su labor en un lapso mínimo de 6 meses que antecedan al caso.
La madre pidió el 28 de marzo de 2016 que se boletinara por todos los medios la desaparición de su hija, además que solicitaran al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Veracruz (C4) las videograbaciones de los sitios aledaños a donde la activista fue privada de su libertad pero las autoridades del C4 reconocieron que no contaban con cámaras en la vía pública, pero sí con la ubicación de tres equipos de grabación en las inmediaciones del local de equipos celulares, propiedad de Claudia Ivonne Vera.
El caso no fue investigado como un delito de género y los elementos de la FGE tampoco rastrearon el vehículo señalado por los testigos presenciales, ni buscaron indicios de los responsables en las casetas de cobro más cercanas al lugar del ilícito. No revisaron las redes sociales de Ivonne, aunque conocieron que era el medio que usaba para la búsqueda de desaparecidos.
Entre las omisiones más graves señaladas por la CNDH, indica que el agente AR1 -conocido de Claudia Ivonne- trasladó a la madre la carga de impulsar la investigación, al entregarle los oficios para que ella misma los llevara a las autoridades destinatarias.
Se comprobó, que la madre solicitó por cuenta propia el apoyo con los Directores de la Clínica 14 y 71 del IMSS, al Director del ISSSTE del Estado, al Director de la Cruz Roja en el Estado, así como dos oficios dirigidos al Delegado Regional de los Servicios Periciales en esa Entidad Federativa.
La CNDH concluyó que “se cuenta en este caso con elementos de convicción suficientes para que este Organismo Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, presente queja ante la Visitaduría General de la FGEV a efecto de que inicie e integre la investigación administrativa correspondiente y se determine la responsabilidad administrativa de AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5”.
A dos de meses de iniciada la búsqueda de Claudia Ivonne, la madre también fue privada de su libertad al término de una reunión en el municipio de Córdoba con el entonces Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Integrantes del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, confirmaron que la mujer no regresó a su domicilio en el puerto de Veracruz. La familia Vera García aplazó la búsqueda. En tanto que en la recomendación no se aclara si la madre recuperó su libertad.
El pasado 12 de marzo, la Fiscalía de Veracruz aceptó la recomendación 4/2018, así como las presuntas omisiones y faltas en la debida diligencia “que caracterizó a la anterior administración”.
Derivado de lo anterior, se señaló que desde la llegada de la nueva administración, a cargo de Winckler Ortiz la FGE ha emitido acuerdos relacionados con la investigación de casos de personas desaparecidas, en los que se establecen mecanismos para agilizar la investigación (…) con base en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.
En el comunicado se destacó que en el primer trimestre de 2018, la FGE obtuvo 40 órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos por su probable responsabilidad en la comisión de desapariciones forzadas de personas.