Víctor Ruiz Arrazola*/Política, Políticas & Derechos Humanos
Los pueblos y comunidades indígenas que han sido víctimas de las empresas mineras de capital extranjero y nacional, luego de que los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada les abrieron las puertas de par en par, continúan con su movimiento para defender sus tierras y territorios que representan la continuidad de sus culturas.
Recordemos que durante el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018, participaron alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que se enfrentan al modelo extractivista.
Las personas asistentes a este encuentro consideraron que durante las últimas dos décadas “el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades”.
Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.
La información recabada por este movimiento nacional refiere que estos proyectos han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria.
La Secretaría de Economía del estado de Oaxaca “ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros. Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente”.
Las personas opositoras a estos proyectos advierten que los gobiernos federal, estatal y municipal, conjuntamente con las empresas “han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades municipales, agrarias y comunitarias para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera”.
El gobierno encabezado por Alejandro Murat Hinojosa “ha definido como una política de “desarrollo” económico impulsar con mayor fuerza los proyectos mineros, anunciando una inversión de 87.5 millones de dólares”.
Con el objetivo de visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca, ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros, para hacer frente al modelo extractivo, exigir el respeto de los derechos de los pueblos y fortalecer la articulación de las luchas, llevarán a cabo en Oaxaca, los días 11 y 12 de octubre de 2018 el llamado Juicio Popular contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca.
*Periodista y abogado defensor de Derechos Humanos.
@V_RuizArrazola
