Jaime GUERRERO | El Piñero
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer sanciones a partidos políticos nacionales por un monto superior a 2.1 millones de pesos, al resolver diversos procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización.
En sesión ordinaria, el Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que en total se resolvieron 19 procedimientos, de los cuales siete son oficiosos y 12 procedimientos de queja. De éstos, en siete casos se declararon fundados, “al quedar acreditado que existieron irregularidades en cuanto al origen, monto, destino o aplicación de los recursos de los sujetos obligados”.
Se impusieron multas por un total general de poco más de 2.1 millones de pesos a los siguientes partidos políticos nacionales:
Al PAN, por aportación prohibida y egreso no reportado, un monto de sanción por 90 mil 419 pesos: al PRI, por ingresos no reportados, un monto de un millón 439 mil 672 pesos; al PRD, por ingreso no reportado, una sanción por 48 mil 877 pesos.
Al partido Movimiento Ciudadano, por aportación prohibida y egreso no reportado, un monto de 79 mil 917 pesos; Morena, por aportación prohibida y omisión de presentar un informe de precampaña, un monto de 94 mil 055 pesos; y a un otrora precandidato, por omisión de informe de precampaña, por un monto de 434 mil 400 pesos.
De los 19 procedimientos, en cuatro casos se declararon infundados, ya que no se acreditó la comisión de infracciones en materia de fiscalización; en siete casos, se declaró el desechamiento de los escritos de queja y en un caso se declaró el sobreseimiento.
La Consejera Carla Humphrey no acompañó el monto de la sanción respecto del procedimiento oficioso administrativo sancionador en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), por presuntas deducciones a salarios de diversas personas trabajadoras de los municipios de El Plateado de Joaquín Amaro y Pánuco, Zacatecas, por concepto de aportaciones detectadas por la Auditoría Superior del estado en 2018.
“Si bien se está proponiendo sancionar la infracción, también considero que la misma no cubre a cabalidad con los fines de prevención, disuasión e inhibición que debe satisfacer las sanciones para ser eficaces en términos de evitar que la infracción sea cometida de nueva cuenta”, apuntó Humphrey.
En el caso del procedimiento administrativo sancionador de queja instaurado en contra del PRI en San Luis Potosí, por omitir reportar ingresos por concepto de la donación del 60% de los derechos de copropiedad de un inmueble en 2019, el Consejero José Roberto Ruiz consideró que la calificación de la falta debió ser por ingreso de ente impedido, ya que “fue una persona moral -una asociación civil- la que le dio el inmueble”.
“Aunque lo estemos sancionando con el 200% del monto involucrado, me parece que es un mal precedente. Estamos hablando de una sanción que rebasa al millón de pesos, pero pensemos en esta misma lógica del precedente que se deja por si el día de mañana tenemos un caso donde ya sea un inmueble de 10, 20, 30 millones de pesos”, consideró.
El Consejero Martín Faz destacó la necesidad de encontrar nuevas herramientas de investigación en materia de fiscalización, “porque las redes sociales se han convertido en la nueva plaza pública y si no tomamos medidas al respecto, en un futuro nada lejano, podríamos permitir la impunidad de los ilícitos electorales que a través de éstas se cometan”.
Respecto al procedimiento referido por el Consejero José Roberto Ruiz, Martín Faz estimó que es necesario evaluar si para casos futuros, se seguirá permitiendo la utilización de personas morales como intermediarias para recibir aportaciones de militantes y simpatizantes, “dado que este tipo de intermediaciones podría dar lugar a simulaciones que encubran actividades prohibidas a favor de los partidos políticos”.
La Consejera Adriana Favela recordó que, en materia electoral, todas las autoridades tienen que resolver antes de que los órganos electos tomen posesión del cargo. “Una vez que toman posesión, así se haya acreditado cualquier irregularidad, si ésta no se declaró antes de la toma de posesión, pues no va a tener ningún tipo de efecto”.
El área técnica de Fiscalización, estableció, “tiene una oportunidad muy grande de poder ver cuál es la manera en que organiza su trabajo para que en realidad pueda detectar aquellas quejas, aquellos procedimientos que tienen que ver con candidaturas ganadoras y hacer un esfuerzo muy grande para que se resuelvan esas quejas antes de que tomen posesión del cargo las personas electas”.
