Esta es la triada detrás de “la verdad histórica” de Ayotzinapa. En 2014, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio ocupaban cargos clave en la PGR; de modo que en sus manos cayó la responsabilidad de las primeras indagatorias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Después, a cargo de la Unidad Especial del caso, fue nombrado José Aarón Pérez Carro.
Los tres integraron la alta burocracia, con un salario promedio de 177 mil 380 pesos al mes. Ninguno fue transparente ante los ciudadanos con la evolución de su fortuna en sus declaraciones patrimoniales y lejos de lograr algo de luz sobre los hechos, avalaron una versión que hoy, los padres de los estudiantes califican como “un mito” que los condujo por el tormento. En un vuelco de roles, estos tres investigadores serán llamados a cuentas.
Linaloe R. Flores
Ciudad de México (SinEmbargo).- Fueron los hombres que tuvieron en sus manos la responsabilidad de las primeras investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero; pero lejos de cumplir con el esclarecimiento de los hechos, generaron “la verdad histórica”, un relato que ahora, cuando la tragedia cumple cinco años, los padres de las víctimas califican como “un mito” que los condujo por el tormento.
Son el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el ex Director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio y el ex titular de la Unidad Especial para el caso, José Aarón Pérez Carro. Los tres le costaron a los mexicanos 14 millones 856 mil 606 pesos por una labor que duró poco más de un año y cuya marca fue la fabricación de hechos, una versión desmentida con facilidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esa es la cifra que el Gobierno de Enrique Peña Nieto les pagó mientras ocuparon sus puestos que eran clave para atraer las primeras indagatorias de la desaparición de los 43 normalistas rurales en una carretera de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. De ellos, Murillo Karam y Zerón de Lucio fueron parte original del equipo encargado de lograr justicia en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que Pérez Carro fue nombrado ex professo para los trabajos.
OPACIDAD DE LOS EX FUNCIONARIOS
Esta triada de ex funcionarios gozó de seguros médicos que cubrían hasta 295 días de salario mínimo, primas vacacionales con más de diez días de sueldo, primas de antigüedad, pagas por defunción, ayudas para despensa de casi mil pesos, así como de seguros de separación individualizados mientras los deudos de los 43 organizaban con recursos propios su protesta, una de las más grandes en la Historia reciente.
Ninguno de los tres hombres del caso Iguala dejó ante los ciudadanos su declaración patrimonial abierta; es decir, hoy no puede consultarse qué hicieron con su dinero y cómo evolucionó su fortuna después de haber pasado por el Gobierno mexicano. Hacer o no la declaración pública es, conforme a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una decisión ética de cada funcionario.
Pero en los datos abiertos de la ex Procuraduría General de la República ha quedado registrado un hecho: cada uno ganaba en promedio, 177 mil 380 pesos al mes; es decir, los tres integraron la alta burocracia, esa casta dorada que hasta el Gobierno de Enrique Peña Nieto integró una élite muy lejana de la clase trabajadora que vivía con menos de ocho mil pesos mensuales.
En un vuelco de roles, estos tres investigadores del caso Ayotzinapa serán llamados a cuentas por manipular evidencia y obstaculizar las investigaciones sobre lo que ocurrió la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en una carretera de Iguala, Guerrero. La Fiscalía General de la República presentará los recursos legales para responsabilizarlos por incumplir en las averiguaciones, en particular, al ex Procurador, Jesús Murillo Karam.
Después de que un juez en Tamaulipas ordenó la liberación de 24 ex policías municipales el pasado 15 de septiembre, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que en los próximos días podrían determinarse otras 20 liberaciones, entre ellas para Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; César Nava González, Jefe de la Policía de Cocula; Ramiro Ocampo Pineda “El Chango”, jefe de halcones e incluso, el ex Presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Hasta hoy, 77 personas de 142 detenidas por el caso, han sido liberadas.
ELLOS Y LA VERDAD HISTÓRICA
El 27 de enero, Jesús Murillo Karam, investido como Procurador General de la República, ofreció una conferencia en la que presentó las conclusiones de la investigación sobre la desaparición de los 43.
Sostuvo que habían sido asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos debido a que los confundió con otro grupo criminal, Los Rojos. Después, habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, al lado de Iguala.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”, reafirmó.
Además, la PGR -bajo el mando de Murillo Karam- informó que encontró una bolsa con restos humanos de la que se extrajo un pedazo de hueso que ayudó a identificar a uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio.
Transcurrieron los meses y el 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH confrontó esa narrativa. En esencia, en un informe dejó plasmado que no hubo incineración de cadáveres. “Para quemar los cuerpos de los normalistas se hubiera requerido quemar 30 mil 100 kilos de madera y 13 mil 300 kilos de neumáticos durante 60 horas. No hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, se indicó en el estudio de los expertos.
Otro argumento del grupo fue un video en el que aparece Zerón de Lucio en una visita sigilosa al río San Juan, el 28 de octubre de 2014, justo un día antes del hallazgo de la bolsa de la que se extrajeron los huesos de Mora Venancio.
En esa imagen, tomada por el periodista José Manuel Jiménez y que aparece en el documental Mirar morir: el Ejército en la noche de Iguala (2015), se le ve con un testigo y presunto integrante de Guerreros Unidos, Agustín García Reyes, “El Chereje”, quien cuatro años después fue liberado por violaciones al debido proceso.
MURILLO KARAM: EL ASIDERO DE PEÑA NIETO
Salario bruto mensual: 205 mil 122 pesos
Responsabilidad en el caso: era el encargado máximo de la PGR
Relación con Enrique Peña Nieto: fue el artífice de su imagen en la campaña de
2005 al Gobierno del Estado de México y en 2012, a la Presidencia de la
República
Recuerdo: #Yamecansé
Jesús Murillo Karam nació en Real del Monte Hidalgo el 2 de marzo de 1947. Es Abogado por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Inmigrante en México, su familia de ascendencia libanesa vivió apremios económicos en los cincuenta y sesenta del siglo pasado. María Karam, su madre, los sacó adelante a él y a sus siete hermanos. En 1970 se afilió al Partido Revolucionario Institucional y con los años, se convirtió en uno de los hombres más fuertes y emblemáticos de ese partido que estuvo 71 años sin interrupción en el poder presidencial.
En 1970 se afilió al Partido Revolucionario Institucional y con los años, se convirtió en uno de los hombres más fuertes y emblemáticos de ese partido. Foto: Cuartoscuro.
En 1993, Jesús Murillo Karam se convirtió en Gobernador del estado de Hidalgo. En 2005, la encuestas advirtieron que el partido se dirigía a la derrota en el Estado de México dada su división y un competidor muy fuerte, el Partido Acción Nacional. Desde entonces, surgió un vínculo con el ex Presidente Enrique Peña Nieto.
El político mexiquense buscaba la gubernatura del Estado de México y buscó la asesoría del priista más experimentado. Murillo Karam se convirtió en el coordinador del plan de campaña y no sólo logró que ganara dos a uno la Gubernatura mexiquense; seis años después, también fue pieza clave para ganar la Presidencia de la República.
En diciembre de 2012, investido como Jefe del Ejecutivo, Peña Nieto lo nombró Procurador General de la República. Juntos dieron un primer golpe policiaco: la detención en febrero de 2013 de la ex dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales por delitos relacionados con el lavado de dinero.
Esa acción rodeó de brillantez al funcionario; pero un año después, ocurrió la tragedia de Ayotzinapa y no sólo la PGR, todo el Gobierno peñanietista se descarriló. Después de la desaparición de los 43, la aprobación a la gestión gubernamental rozó apenas los 10 puntos porcentuales. Murillo Karam ofreció varias ruedas de prensa para informar avances y en una de ellas, cuando presentó “la verdad histórica” saltó la frase “ya me cansé” y se retiró sin contestar una más.
En 2015, fue removido del cargo y se le encomendó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), una de las dependencias más agotadas de la Administración Pública Federal y sin que hasta ese momento hubiera una política agrarista clara por parte del ex Presidente Peña Nieto. Estuvo ahí sólo de febrero a agosto de 2015.
TOMÁS ZERÓN: AMANTE DEL BAJO PERFIL
Salario bruto mensual en la AIC: 194 mil 708 pesos
Responsabilidad en el caso: señalado de “sembrar” evidencias en el río San Juan
de Cocula
Relación con Enrique Peña Nieto: fue uno de los funcionarios más estables en el
Gobierno
Recuerdo: adquirió el mote de Tomás Sembrón
Hay un dato que Tomás Zerón de Lucio se cuidó de no publicar en los documentos oficiales mientras estuvo en el Gobierno federal: su fecha y origen de nacimiento. También se cuidó de no abrir ninguna cuenta de Twitter ni de Facebook.
Hasta antes de los hechos de Ayotzinapa fue un funcionario de bajo perfil, sin muchos reflectores. Zerón de Lucio obtuvo la Licenciatura en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional en 1995 y a partir de entonces trabajó en la Iniciativa Privada en áreas de finanzas.
A la Administración Pública Federal ingresó en 2007, como coordinador de Control Policial de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). En esa posición estuvo sólo cinco meses. Fue destituido después de que 50 sicarios de un grupo criminal se enfrentaron a balazos con policías de los tres niveles de gobierno en Cananea, Sonora, lo que derivó en un saldo de 22 muertos.
Peña Nieto lo nombró en 2013, Director de la AIC y bajo su cargo quedó la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro de Inteligencia para el Combate a la Delincuencia. Así, se convirtió en pieza clave de la investigación del paradero de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
JOSÉ PÉREZ: PARTICIPÓ EN “LA VERDAD HISTÓRICA”
Salario bruto mensual: 132 mil 312 pesos con 96 centavos
Responsabilidad en el caso: supuesta obstaculización del GIEI
Relación con Enrique Peña Nieto: avalaría “la verdad histórica” mientras estuvo
a cargo de la Unidad Especial
Recuerdo: su perfil fue bastante bajo ante los medios
Hoy es Secretario de Gobierno del Gobierno de Tlaxcala de Marco Antonio Mena Rodríguez y ha dicho que está dispuesto a comparecer por sus acciones frente al caso de Ayotzinapa; pero no a renunciar.
Como Zerón de Lucio, su perfil fue bajo antes de los eventos trágicos y en ningún documento de datos abiertos publica su fecha y origen de nacimiento. Egresó de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
En 1998, inició su carrera como agente del Ministerio Público de la Federación como fiscal ejecutivo asistente, fiscal adjunto y fiscal ejecutivo titular. En la PGR, fue Director general Adjunto de Procesos y Amparo; Director general de Procesos y Amparo y Secretario técnico al Subprocurador de Derechos Humanos.
Después, en noviembre de 2015, cuando había pasado poco más de un año de la desaparición de los 43, fue nombrado por la entonces Procuradora General de la República, Arely Gómez como Director de la Unidad de Investigación del caso y presentado a los padres de los estudiantes desaparecidos. Colaboraría en las investigaciones en conjunto con el GIEI; pero según el Informe “Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas” en enero, “distintas situaciones obstaculizaron el trabajo”.
En junio de 2016, la entonces Procuradora Arely Gómez lo removió del cargo y nombró a Alfredo Higuera Bernal como el nuevo titular de la Unidad de Investigación del Caso Iguala.
