Ciudad de México (apro).- El negocio de la especulación inmobiliaria en la Ciudad de México ha sido uno de los más redituables desde hace poco más de una década cuando se decidió que la capital debería crecer de manera vertical y no horizontal. A partir de ahí comenzaron a construirse edificios en zonas de alto riesgo sin importar el peligro que representaba para quienes lo habitaban.
La organización ciudadana Suma Urbana denunció hace un par de años que hay alrededor de cuatro mil edificios ilegales construidos en distintos puntos de la Ciudad de México con los beneficios de la norma 26, que favorece a las viviendas de interés social y que generó 200 mil millones de pesos para los desarrolladores de vivienda.
En casi toda la ciudad hemos visto que como hongos han surgido edificios de múltiples viviendas en terrenos donde antes había una sola casa, a precios millonarios. La mayor parte de ellos adquiridos con créditos bancarios y hasta del Infonavit.
En colonias populares como Roma, Santa María La Ribera, San Pedro de Los Pinos, Escandón, Doctores, San Rafael y Portales comenzó a expresarse el fenómeno de la gentrificación con el aumento de los precios de venta y renta de vivienda antes popular, así como el encarecimiento de servicios y hasta de alimentos, generando la expulsión de familias que no podían seguir viviendo en una zona encarecida.
Con tal de dar la impresión de un apogeo económico, el gobierno de Miguel Ángel Mancera dio pie al desarrollo inmobiliario en zonas de alto riesgo. La agrupación civil Obra Chueca elaboró un mapa donde se observa que la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios irregulares están precisamente en las delegaciones donde los sismos de 1985 y el reciente tuvieron mayor impacto: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco y Centro.
A pesar de esto y de la demanda de ciudadanos, el gobierno de la Ciudad de México se ha negado a entregar el Atlas de Riesgo de la capital del país. Aseguran que dicha información esta “reservada” para quienes tienen “un interés jurídico”.
Es claro que, de conocerse esta información de interés público, el negocio inmobiliario se desplomaría pues tendríamos el dato claro y preciso de cuántas construcciones están edificadas en las zonas de mayor vulnerabilidad y de peligro sísmico.
Y con ello, sabríamos la corrupción en la que han incurrido un buen número de funcionarios que han otorgado permisos para la construcción de enormes complejos como Chapultepec Uno, ubicado en avenida Reforma y que terminará de construirse en noviembre de 2018. Dicho proyecto contempla la edificación de un hotel, oficinas, departamentos habitacionales con una inversión total de 270 millones de dólares.
Es evidente que para Mancera el precio del metro cuadrado es más importante que el precio de una vida. Las leyes de la especulación inmobiliaria son las que están dictando la prioridad de dar permisos de construcción en zonas comprobadas de alto riesgo haciendo a un lado lo principal: la seguridad.
Por cierto… Si alguien se quiere cambiar a lo que antes eran vecindades de las colonias Anáhuac o Granada de la delegación Miguel Hidalgo, que ahora se conoce como “Nuevo Polanco” o “Polanquito”, tendrá que desembolsar algunos miles de dólares porque no se aceptan pesos mexicanos.
Con información de proceso.com.mx/ José Gil Olmos