•Revela desconfianza en autoridades primera jornada de muestras de ADN en Veracruz
•Por primera vez, la Fiscalía General del Estado se involucra en una toma de muestras genéticas con colectivos de familiares en búsqueda
•Insensibilidad y malos tratos persisten en fiscalías pese a cambio de administración
“Cuando se arman de valor para presentar una denuncia, se topan con pared”: madre de desaparecido
Itzel Loranca/blog.expediente.mx/para El Piñero de la Cuenca
Veracruz, México; 13 de mayo de 2017.- Apenas unas horas antes, Basilia Bonastre Contreras daba vueltas por todo José Cardel, buscando a su hijo Arturo Figueroa Bonastre.
Cayó la noche del 30 de noviembre de 2012. Le siguió la madrugada. Y Basilia, seguía dando vueltas, ahora intentando conseguir 43 fotografías del rostro de su hijo.
“¿Te imaginas a las dos de la mañana buscar quién te saque fotografías a colores?”, recuerda.
Tenían que ser exactamente 43 imágenes. Se lo habían exigido en el Ministerio Público de Cardel, municipio de La Antigua, al intentar poner la denuncia por desaparición. Sin embargo, cuando por fin consiguió satisfacer el pedido de la autoridad, la enviaron de vuelta a casa.
“Luego de que nos hacen correr, llegamos con los documentos y nos dicen que todavía no son las 72 horas, que nos esperáramos. Y tuvimos que regresar, hasta que se cumplieron las horas mencionadas”.
Han pasado cuatro años desde ese doloroso episodio, y Basilia vuelve a escuchar un relato muy similar en la voz de muchos otros padres y madres, durante la primera jornada de toma de muestras de ADN.
Con ocho sedes en todo el estado de Veracruz es la primera vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) participaron en la recolección de muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas.
Del ocho al 12 de mayo, por primera ocasión, en Cardel se llevó a cabo una colecta de muestras. Basilia, desde las nueve de la mañana, se ocupó en atender a quienes iban llegando, algunos con cierto temor.
La participación de muchas personas casi se ve inhibida por miedo a las amenazas de las que muchos son víctimas al buscar a sus seres queridos, y la desconfianza en las autoridades, que prevalece a causa de la insensibilidad y malos tratos.
“Sigue pasando lo mismo estoy hablando del 2012 a la fecha, ya cambiamos administración, y sigue pasando lo mismo, es una injusticia tras injusticia”, dice.
LA HISTORIA DE BASILIA
Una vecina le dijo que alguien le había dicho que a su hijo, estudiante de quinto semestre de Enfermería, se lo habían llevado. De oídas. Así era el rumor repetido por los vecinos, en cada puerta de cada casa que Basilia tocó.
Nadie asumía el papel de testigo. Años después sabría que era por terror. Miedo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que se llevaron a su hijo y a otros jóvenes.
“A esos operativos que hacían les llamaron “la barredora”, porque venían de colonias en colonias, y empezaban a llevarse a todos los que encontraban en la calle. Nos dijeron que iban patrullas por ahí y que se llevaron a los muchachos que se encontraban a su paso”.
Arturo y otro joven iban cruzando la calle cuando una patrulla de la Policía Estatal lo subió violentamente. Los dos, estudiantes de la Universidad Veracruzana.
Con el paso de las horas, Filiberto Alarcón Melgarejo, Max Enrique López Bartolomé, Charly Yosimar Rodríguez Torres, Miguel Ángel Sandoval Cervantes y Elfego Israel Rivera Álvarez, también desaparecieron.
El crimen, en la cabecera de La Antigua, municipio que agrupa 34 localidades. En varias de ellas, “la barredora” también operó impunemente, con agentes policiales bajo el mando del entonces comandante Marcos Conde Hernández.
Hasta el 11 de enero de 2016 Conde fue detenido, tras participar en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca. Sin embargo, sobre él pesaban más señalamientos por desaparición forzada.
Como es el caso ocurrido el último día de noviembre en 2012 en José Cardel.
“Hay testigos que dicen que fueron patrullas, que fueron policías, pero hasta la fecha no hay culpables”, declara Basilia, mencionando que pese a que la investigación por la desaparición de Arturo acumula señalamientos y pruebas, nada se ha hecho.
Aún más, la investigación es retrasada por el cambio de fiscales en la investigación.
Ocurrió desde que el expediente estaba en el ministerio público de Cardel. Para cuando a petición de Basilia, fue recibido en la sede de la Fiscalía en Xalapa, el caso había pasado por las manos de siete fiscales.
“Es volver a empezar otra vez. A que el fiscal se empape de todo lo que hay para él poder seguir investigando, si él no se empapa de todo lo que hay pues no tiene argumentos para hacer una búsqueda. Se tiene que echar de 8 a 10 tomos, los que tiene que leer para entender cómo va el caso”.
A Basilia no le alcanzan los dedos de ambas manos para contar cuántos fiscales han llevado la investigación de Arturo en los últimos cuatro años. Son 11, y los que se añadan. “El último fue hace un mes, que me lo volvieron a cambiar”, menciona.
OMITEN DOS PROTOCOLOS EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS
“Por más comentarios de la falta de aplicación del protocolo, que deben agilizar el trato hacia las víctimas para que puedan presentar alguna denuncia sin ninguna complicación, es igual, sigue siendo lo mismo. No cambia, no cambia”, dice Basilia.
En el estado de Veracruz, la FGE cuenta con dos protocolos con lineamientos que indican a los servidores públicos cómo actuar ante la desaparición de una persona.
La entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) publicó el 19 de julio de 2011, los “Lineamientos para la atención inmediata de personas desaparecidas”; el siete de abril de 2017, la Fiscalía emitió el “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada”.
El primero, ideado por las autoridades estatales. El segundo, emanado del gobierno federal.
No importando el origen, a la luz de las historias que Basilia escuchó durante cinco días en el salón de usos múltiples del palacio municipal de Cardel, los dos protocolos parecen letra muerta.
Los documentos invocan sanciones para el funcionario que “no reciba de manera inmediata la denuncia presentada”, “solicite requisitos no exigidos por la Ley al denunciante”, o “no mantenga informado sin causa justificada al denunciante”.
Tras la jornada, Basilia supo que a las familias ahora les piden 50 fotografías a color, no les toman la denuncia al momento y les piden dinero para entregar documentos.
“Aparte al salir, aunque no hayas realizado denuncia, aunque nadie te haya atendido, te dicen que si les dejas para el refresco”, señaló.
De las personas que acudieron a dejar su muestra de ADN en Cardel, según Basilia, solo el 50 por ciento tiene una denuncia ante las autoridades.
“Cuando ellos se arman de valor para ir a presentar una denuncia, se topan con pared y ¿qué es lo que tienen que hacer? Desistir de lo que tenían pensado hacer, que es poner denuncia para poder buscar a sus hijos”, menciona.
PRIMERA INTERVENCIÓN DE FGE EN TOMA DE MUESTRAS DE ADN
La toma de muestras de ADN no fue nueva para colectivos como Solecito de Veracruz, que tan solo en 2016 en coordinación con la Policía Científica de la Policía Federal, convocó cinco tomas de ADN en la ciudad de Veracruz.
Durante esta primera jornada, con el apoyo de la FGE y la CEDH, en Cardel, los primeros cuatro días arribaron cerca de 70 personas.
En la ciudad de Veracruz, a la sede de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, del ocho al 11 de mayo llegaron 90 personas aproximadamente. En Xalapa, la estimación de lunes a miércoles fue de 60 personas.
Los datos son proporcionados por integrantes de los diversos colectivos de la región centro del estado, en donde hasta noviembre de 2016, la FGE contabilizaba dos mil 345 personas desaparecidas.
A decir de la señora Elizabeth Montalvo Fomperosa, integrante de Solecito, como resultado de esta jornada la Policía Científica elaborará perfiles genéticos que podrán integrarse a las investigaciones en la entidad.
“Las que tienen denuncia tienen que solicitarle a su fiscal una ampliación de declaración y solicitar su perfil genético al fiscal, para que ya el fiscal tenga el perfil genético de cada una de las personas o familiares que han venido”.
La indicación se la hicieron por teléfono desde la Fiscalía a la madre de Julio César Martínez Montalvo, desaparecido el 24 de julio de 2015. La misma llamada telefónica, desde la dependencia, fue recibida por otras personas con un caso de desaparición en la FGE.
Sin embargo, Elizabeth al recibir a varias de ellas, observa un rostro de desánimo, ante la falta de resultados tras años de ver su caso en manos de las autoridades.
“Les dices ve y amplía tu declaración, te dicen que sí, pero tú ves la gran duda” cuenta.
