Francisco Vásquez
Oaxaca, México.- A siete meses de que un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se desplomara en el municipio de Santiago Jamiltepec, causando la muerte de 14 personas, entre ellos menores de edad, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha concluido las investigaciones para deslindar responsabilidades penales por las muertes.
Los hechos se dieron el pasado 16 de febrero por la noche, cuando el helicóptero Black Hawk con matrícula 1071 de la Fuerza Aérea Mexicana, donde viajaba Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, perdiera el control al aterrizar y cayera sobre varios vehículos que estaban estacionados en un campo de la colonia Aviación del referido municipio.
Dentro de los vehículos habían familias que se resguardaban tras el sismo de 7.2 grados que sacudió gran parte de la entidad, en especial en la región Costa, dejando el desplome de la areonave un saldo de 14 personas fallecidas: seis mujeres, cinco hombres y tres niños; además 15 personas resultaron lesionadas: cinco mujeres, cuatro hombres y seis niños, los funcionarios salieron ilesos.
El 27 de febrero el titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, señaló que sería la PGR quien determinaría las causas del accidente del helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, por lo tanto corresponde a este órgano la investigación y determinación del ejercicio de la acción penal contra los probables responsables de las muertes.
El fiscal argumentó que se trata de un asunto de orden federal, por lo que la Fiscalía en su momento sólo actuó en auxilio del Ministerio Público federal, realizando todas las diligencias iniciales, como labor de búsqueda, la identificación de los 13 fallecidos, dispensa de necropsias y entrega de los cuerpos a los familiares.
En esa fecha detalló que una vez recabados todos los indicios en el lugar de los hechos fueron entregados a la PGR para que contara con los elementos suficientes para abrir su carpeta de investigación y estar en condiciones de realizar el estudio de los delitos que pudieran llegar a configurarse.
Por lo que desde esa fecha la Fiscalía de Oaxaca se deslindó de la procuración de justicia, dejando todo en manos de la PGR, quien hasta el momento no ha presentado avances en la búsqueda de justicia para los deudos de las víctimas fatales.
El 7 de marzo, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Basaldú Gutiérrez, presentó un punto de acuerdo ente el pleno del Congreso de Oaxaca para exhortar a las autoridades federales y estatales correspondientes a realizar una investigación profunda sobre el accidente aéreo registrado.
El legislador indicó que el hecho innegable es que antes de la llegada de los funcionarios, la región de la Costa no había tenido víctimas a pesar del terremoto que se suscitó, pero que al aterrizar el helicóptero del gobierno en el municipio de Jamiltepec el resultado fue de 14 muertos, entre ellos familias con mujeres y niños que habían dejado sus casas ante el temor de las réplicas.
Basaldú Gutiérrez sostuvo que quienes decidieron ir vía aérea desde Puerto Escondido a Jamiltepec en la noche lo hicieron sin ninguna justificación urgente, pues no trasladaban ni ayuda, ni material de emergencia, sino funcionarios acompañados de medios de comunicación, porque sólo iban a tomarse fotos.
“Con ansias de protagonismo, los funcionarios actuaron de manera irresponsable, imprudente, improvisada y, en términos legales, por supuesto que no se trata de un simple accidente, sino que los funcionarios son responsables de haber participado en un homicidio culposo”, refirió.
En este sentido, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó se hicieran efectivos los más altos estándares de reparación integral del daño entre los cuales propuso una atención integral a la salud para las víctimas y familiares directos, de forma preferencial y gratuita a través de los servicios que presta el Estado, incluyendo atención médica y psiquiátrica.
Además, que el Estado se hiciera responsable de todos los gastos cuando se requieran traslados a otros lugares, si las víctimas cambian de residencia el Estado igualmente tiene la obligación de seguir brindando la atención médica correspondiente, también pidió la entrega de becas, las cuales pueden ser mediante la creación de un fideicomiso a favor de los niños que quedaron huérfanos para que no les falte nada y sigan estudiando hasta que culminen la universidad.
Por otra parte, el pasado 9 de julio, tres de las niñas que sufrieron graves lesiones en el accidente aéreo, solicitaron ayuda al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y al gobernador de Oaxaca por la lamentable situación en que se encuentran, esto a través de un video difundido en redes sociales.
Las tres hermanas explican el sufrimiento que han tenido que pasar a partir del accidente que marcó para siempre sus vidas, una de ellas es Monserrat González Hernández de 12 años, quien muestra la amputación de su pierna derecha y de su pie izquierdo que sufrió graves secuelas del accidente.
Las afectadas evidenciaron el olvido del gobierno federal y estatal, a quienes les piden responder como se debe y los responsabilizan de haber roto sus ilusiones de vida, aunado a que su familia es de bajos recursos por lo que no tienen para el tratamiento que puede durar inclusive hasta años.
La petición fue clara, solicitaron al gobierno estatal y federal que les otorguen un seguro de vida, becas para sus estudios, transporte para su traslado, pues por su condición física se ven imposibilitadas para moverse como cualquier niño de su edad.
Cabe mencionar que luego del accidente aéreo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, se reunió en Jamiltepec con los familiares de los 14 muertos y 15 heridos que dejó el percance, donde aceptó su responsabilidad y ofreció todo el apoyo de la Secretaría a los afectados, afirmando que cada mes visitaría la comunidad para refrendar su compromiso de ayuda.
Lo cierto es que a la fecha, la PGR no ha transparentado la investigación del accidente aéreo, en el sentido de dar a conocer las causas del accidente, ni ha fincado responsabilidades, pues la investigación no ha llegado hasta las últimas consecuencias en busca de castigar a los culpables de las muertes.
Por su parte, el gobierno de Oaxaca sólo ha cubierto gastos médicos de unos cuantos afectados y construyeron dos casas a jóvenes que quedaron huérfanos, también han difundido que han dado otros apoyos, pero no detallan cuáles o de qué forma han sido entregados.
