Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El charrismo sindical en México aún no es cosa del pasado. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que su administración ya dio vuelta de página; que su gobierno no auspicia ni auspiciará sindicatos a modo y a líderes sindicales que sirvan de botín político. Pero la realidad es otra. México aún carga con caciques vitalicios que han permanecido más de 40 años al mando de una organización sindical, entre acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La semana pasada los sindicatos en México escribieron un nuevo capítulo en su historia. Después de 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Antonio Romero Deschamps renunció a la dirigencia nacional. Lo hizo en medio de dos investigaciones en su contra por presunta corrupción que incluso derivaron en el congelamiento de dos de sus cuentas bancarias, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En respuesta a la salida de Romero Deschamps del Sindicato de Pemex, líderes sindicales de diversas centrales obreras -Francisco Hernández Juárez (UNT), Isaías González Cuevas (CROC) y Rodolfo González Guzmán (CROM)- aseguraron que no hay una “embestida” del Gobierno federal en contra de los líderes sindicales, como sucedió en 1989 con Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y Carlos Jonguitud Barrios, o con Elba Esther Gordillo Morales en 2013.
“Aquí no tenemos ningún temor […] que hay[a] una embestida o persecución” en contra del sindicalismo. Para los líderes de las centrales obreras, aunque la renuncia de Romero Deschamps “corresponde a una decisión de los trabajadores”, se trató de una situación impulsada por la “posición del gobierno sobre los asuntos sindicales” en lugar de un golpe de timón por cuestiones políticas, como sucedió en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Hernández (UNT), González (CROC) y González (CROM), los líderes sindicales tienen nada que temer. “En la medida en que avance el proceso de democratización y modernización cada vez habrá más dirigentes legítimamente electos por los trabajadores” en México, aseguraron el 16 de octubre en conferencia de prensa.
Aunque el gobierno ya no incida en los asuntos sindicales para mantener una estructura de poder, aún hace falta que el Estado Mexicano refuerce el papel de los sindicatos como elementos de equilibrio entre las fuerzas productivas del país, para consolidar el papel de los sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores. Esto implica generar los mecanismos para organizar a los trabajadores en defensa de sus derechos laborales.
Mientras que la democracia no sea una realidad al interior de las organizaciones sindicales, México seguirá transitando en un “contexto particularmente difícil para el movimiento sindical independiente como lo es el actual”, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
El charrismo es común en México. Las cifras oficiales de las organizaciones sindicales y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indican que 15 de los sindicatos más grandes del país (por número de afiliados a nivel nacional) han sido liderados por caciques que han permanecido en el poder durante 22 años en promedio.
Una revisión de la Unidad de Datos de SinEmbargo también arrojó que al menos 13 secretarios generales de los 22 sindicatos más grandes a nivel nacional tienen vínculos con algún partido político: 10 al PRI, dos al PRD y uno a Morena. Asimismo hay 13 secretarios generales que han sido acusados de ejercer “charrismo sindical”, además de ocho que fueron señalados o investigados por incurrir en actos de corrupción.
LOS AMOS DEL PODER
Carlos Antonio Romero Deschamps estuvo 26 años al frente del Sindicato de Pemex. El tres veces Diputado federal y dos veces Senador de la República del PRI no es el único líder sindical perpetuado en el poder. Tampoco es el que más ha durando y no es el único acusado de charrismo y/o corrupción.
Los dirigentes de los sindicatos de Telefonistas de la República Mexicana y de Trabajadores de la Industria Química de México, Francisco Hernández Juárez y Gilberto Muñoz Mosqueda duplican el récord de Romero Deschamps. Cada uno de ellos lleva 43 años al frente de sus respectivas organizaciones sindicales, de acuerdo con la información oficial.
El telefonista Hernández Juárez seguirá al mando hasta el año 2020. Durante sus años como líder sindical también fungió como Diputado federal (2009-2012) del PRD. Muy parecida es la historia de Muñoz Mosqueda, quien fue dos veces Diputado y una vez Senador entre 1979 y 1991 por parte del partido tricolor. Sin embargo, el mandato de este trabajador de la industria química concluyó de manera abrupta luego de su asesinato en mayo de 2019.
El día 11 de ese mes, Muñoz fue atacado a balazos en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato. El hombre de 83 años de edad murió durante su traslado al hospital. Además de su influencia en el gremio de la química y de la petroquímica, el otrora líder sindical era considerado como uno de los hombres más influyentes en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), una central obrera emanada del viejo Revolucionario Institucional durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940).
Además de Hernández y Muñoz hay dos secretarios generales que han durado más que Romero Deschamps. Ellos son los priistas Armando Neyra Chávez y Víctor Félix Flores Morales de los sindicatos de Trabajadores de la Industria Embotelladora y de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.
Neyra Chávez fue cinco veces Diputado federal y Senador de la República en una ocasión, entre 1979 y 2015. Este líder sindical lleva 32 años en el poder y su último periodo de mandato concluirá en el año 2022. Flores Morales lleva en cambio 26 años al frente del Sindicato Ferrocarrilero. El tres veces Diputado federal y una vez Senador (entre 1997 y 2012) liderará dicho sindicato hasta el año 2024.
Entre los 15 secretarios con más años en el cargo también están otros tres ex legisladores federales: el ex Diputado perredista Agustín Rodríguez Fuentes, con 25 años al frente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México; el ex Diputado priista Patricio Flores Sandoval, con 19 años de mandato en el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio; y el aún Senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, con 17 años al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
En agosto del año pasado, Napoleón Gómez Urrutia se registró como Senador electo de Morena, luego de 12 años en el exilio e investigado por corrupción. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
Otros secretarios acusados de ejercer el charrismo sindical son los priistas Manuel Fermín Acevedo González (21 años), Juan Villafuerte Morales (17 años), Víctor Fuentes del Villar (14 años) y Martín Esparza Flores (14 años) de los sindicatos de Correos de México, de Jornaleros y Obreros Industriales, de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y Mexicano de Electricistas.
En la lista de los secretarios más duraderos de los 22 sindicatos más grandes a nivel nacional, también figuran Hugo Guillermo Díaz Covarrubias (18 años), Bertha Guadalupe del Sagrado Corazón Rodríguez Sámano (11 años) y Gerardo Cortés García (11 años) del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sindicato Nacional de Trabajadores Harineros.
HUELLAS DE CORRUPCIÓN
Carlos Antonio Romero Deschamps renunció a la dirigencia nacional del Sindicato de Pemex para atender las dos investigaciones en su contra por presunta corrupción.
De acuerdo con el trabajador disidente del STPRM, José Luis González Meza, “Romero Deschamps tiene al menos 500 millones de dólares” provenientes del robo de cuotas sindicales y del huachicoleo de combustibles de Petróleos Mexicanos. Durante sus 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Romero Deschamps enfrentó múltiples acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Uno de los casos más controvertidos fue el del llamado “Pemexgate”. Durante el sexenio (200-2006) del ex Presidente Vicente Fox Quesada, Romero fue acusado de armar un desvío de 1.1 mil millones de pesos del STPRM, para financiar la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa en el año 2000.
El otrora líder sindical y su familia hoy son investigados por presunta corrupción. Mansiones, yates y autos de lujo fueron parte de los objetos que levantaron sospecha e indagatorias por parte de las autoridades del Gobierno federal.
Al igual que Romero Deschamps, al menos otros ocho secretarios generales han sido acusados de incurrir en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
En 1996, Ferrocarriles Nacionales de México empezó su proceso de privatización y miles de trabajadores fueron liquidados a través de un fideicomiso. Ese año, Víctor Félix Flores Morales, dirigente del sindicato, dejó su casa de 50 metros cuadrados y adquirió un edificio completo de departamentos, de acuerdo con una investigación de SinEmbargo.
Años más tarde, en mayo de 2018, Flores Morales volvió a ser acusado de corrupción.
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros lo denunciaron por retenerles el pago de bonos desde 2014. Ese mismo año, los trabajadores le solicitaron a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) dar curso a las denuncias presentadas en contra de Flores Morales por agresiones físicas, hostigamiento y represión.
Manuel Fermín Acevedo González también ha sido acusado de corrupción.
El líder sindical de Correos de México es señalado de confabular con patrones, priistas y familiares para mantener su poder en el SNTSepomex. Asimismo, trabajadores de la Coalición Postal por una Democracia Sindical dijeron a SinEmbargo que Acevedo González evita las disidencias con desinformación y miedo, además de utilizar las cuotas sindicales para pagar casas en Acapulco y vivir con lujos que no corresponden a su salario como subjefe de operación postal, que según el registro de “Nómina Transparente de la Administración Pública Federal” de la Secretaría de la Función Pública, es de 7 mil 522.07 pesos mensuales brutos.
El Senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia tampoco está exento de acusaciones. El líder de los trabajadores mineros y metalúrgicos carga con la muerte de 65 trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de la mina de carbón de Pasta de Conchos (Coahuila) en 2006.
Días después del accidente, el gobierno del ex Presidente Fox inició una investigación en contra de Gómez Urrutia por el presunto desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso minero, que concluyó con una orden de aprehensión en su contra. Hasta agosto del año pasado, el líder sindical se mantuvo exiliado en Vancouver, Canadá.
Además está Víctor Fuentes del Villar.
El 4 de enero de este año, fue reelegido como el líder del SUTERM. Durante años, los trabajadores electricistas lo han acusado de usurpación del puesto de secretario general y de tener un patrimonio que no coincide con su ingreso.
La información oficial indica que Fuentes cobra poco más de 20 mil pesos como electricista (clave 69186 ante el POT) y que controla un presupuesto de más 63 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con documentos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A eso se suman las cuotas sindicales: la CFE entrega al SUTERM el 2 por ciento del salario de cada uno.
En septiembre de 2015, Fuentes fue señalado de tener cinco propiedades -entre ellas una en Reforma 222- con un valor superior a 30.6 millones de pesos.
Otro de los líderes sindicales acusados de enriquecimiento ilícito es Martín Esparza Flores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Según integrantes del colectivo disidente “Para Todos Todo”, detrás de las elecciones “amañadas” de junio pasado para renovar 13 cargos del Comité Central del SME, está el interés de Esparza de mantener “el negocio millonario” de la Generadora Fénix, una empresa del mercado eléctrico mayorista que se formó en octubre de 2015 entre el SME-Cooperativa LF (49 por ciento) y la firma portuguesa Mota-Engil (51 por ciento), tras la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza hace diez años.
Los dos secretarios generales restantes son el ex Diputado federal priista Alejandro Rangel Segovia y Arturo Olivares Cerda de los sindicatos de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz y Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
En 2014, Rangel Segovia fue señalado de pretender pavimentar un camino de cinco kilómetros de longitud con recursos del erario público, para crear un acceso a un castillo estilo medieval de su propiedad, que le servía de casa de descanso ubicada en la comunidad Lomas del Marqués en Irapuato (Guanajuato).
De acuerdo con las declaraciones de Itzel Balderas Hernández, entonces directora de Planeación y Desarrollo Gubernamental del Ayuntamiento de Irapuato, Rangel se puso de acuerdo con la entonces Diputada federal tricolor María Esther Garza Moreno, para solicitar 5 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación, para llevar al cabo las obras de infraestructura. Sin embargo, Rangel y Garza habrían intentado etiquetar el gasto como parte de una obra pública en la comunidad de Las Peñitas, ubicada cerca del castillo del priista.
En el caso de Olivares Cerda también hay señalamientos.
En febrero de 2019, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social acusaron al líder sindical de propiciar la corrupción y despedir a todo aquel elemento que lo denunciara ante las autoridades. Uno de los enfermeros que lo acusó por esas fechas, identificado como Rafael Soto Cruz, señaló que fue cesado tras denunciar el robo de 70 millones de pesos. El trabajador -y otros de sus compañeros- señaló a Olivares Cerda como un líder “charro” y “falso”, además de catalogarlo como “terrorista sindical”.
